Gasolina, alcohol e improvisación

No existe evidencia para sustentar la idea de que las concentraciones menores a 0,3 g de alcohol por litro de sangre convierten al afectado en un peligro al volante. Una persona con insomnio podría resultar más peligrosa.

El primer sancionado bajo la nueva ley para conductores ebrios tendrá que pagar una multa de $28 millones, además de enfrentar la posible anulación de su licencia de conducción por 25 años. Ningún país de la Unión Europea contempla una sanción tan severa, cuatro veces mayor a la impuesta en Alemania y más de veinte veces la estipulada en la legislación española por infracciones similares. Pero, como advirtió el general Palomino en tono de sermón, “la sociedad tendrá que dar muestras de ser capaz”.

Entre las novedades, la nueva ley incluye facultades para castigar el “grado cero de alcoholemia”, es decir, para penalizar con multas millonarias a quienes sean sorprendidos conduciendo un vehículo después de haber bebido una copa de vino o una cerveza.

No conozco evidencia creíble para sustentar la idea de que concentraciones menores a 0,3 gramos de alcohol por litro de sangre conviertan al afectado en un peligro al volante. Hasta donde he podido averiguar, se requieren pruebas en extremo sutiles para detectar cambios cognitivos atribuibles a niveles tan bajos de alcohol. Por algo este grado de intoxicación se denomina “nivel cero de alcoholemia”. Es bastante probable que un conductor bajo los efectos de algún antihistamínico o que haya pasado una noche de insomnio constituya una amenaza mayor que alguien conduciendo con una o dos cervezas en la cabeza.

Según la fórmula de Widmark, la concentración de alcohol en la sangre está determinada por la cantidad absorbida (más o menos 15% de lo ingerido) dividida por 0,08 veces la masa corporal del individuo. A manera de ejemplo, después de ingerir dos latas de cervezas (660 ml), un hombre adulto de 80 kg de peso tendrá una concentración máxima de 0,7 gramos de alcohol por litro de sangre, lo cual no le acarrearía problemas legales en Estados Unidos, Inglaterra o Canadá. Dos horas después de la ingesta su nivel de alcohol estaría alrededor de 0,5 gramos (dependiendo de su capacidad metabólica) y el hombre podría conducir su auto sin inconvenientes, al menos en la mayoría de los países europeos. Sin embargo, en Colombia se le declararía embriagado en primer grado y se vería obligado a enfrentar una multa de varios millones, treinta horas de trabajo comunitario, además de la revocación de su licencia por un año y la inmovilización de su vehículo.

Leyes en extremo drásticas no pueden aprobarse por populismo, sin estudios previos. Al echar un vistazo a las legislaciones en el resto del mundo salta a la vista la falta de consenso para determinar cuál debería ser el límite de alcoholemia permitido. De ahí la disparidad en la ley; de ahí que las sanciones estén con frecuencia motivadas por moralismos o por dogmas religiosos, como en el mundo islámico, o sean producto de la improvisación ramplona, como ocurre en Colombia.

Las imágenes amarillistas de carros apachurrados o muertos tendidos en la vía contribuyen, sin duda, a que se promulguen normas en extremo punitivas, aunque no correctivas. Pero al mirar las estadísticas, las víctimas del coctel de trago y gasolina representan apenas un tercio del total de muertes debidas a otros factores, primordialmente al exceso de velocidad. No obstante, los castigos para esos salvajes sin reparos a la hora de pisar a fondo el acelerador son irrisorios en comparación con las sanciones para conductores alicorados. Uno esperaría que esos mismos congresistas embriagados de civismo estuviesen bien informados antes de atreverse a encañonar al ciudadano ordinario en situaciones que no conformarían delito alguno en los países más civilizados.

Se alega, no obstante, que al castigar el nivel cero de alcoholemia se cumple con una función disuasiva. Con la misma lógica podría desestimularse el porte de armas castigando con multas millonarias a cualquier transeúnte que lleve un objeto cortopunzante entre sus pertenencias, incluyendo sacapuntas y cortaúñas. Pero si de amedrentar se trata, quizá lo mejor sea adoptar de una vez por todas la ley islámica que castiga con pena de muerte a quienes cometen el execrable crimen de beber alcohol. Aunque una pena de $28 millones sumada a la suspensión vitalicia de la licencia es, de hecho, una sentencia más inclemente que la flagelación, castigo reservado en Irán a los bebedores primerizos.

Hace unos días los diarios informaron cómo el peso completo de la nueva ley recayó sobre un ciudadano que se rehusó a soplar por el tubo del alcoholímetro. Si la noticia es fidedigna, negarse a hacerlo acarrearía ipso facto la multa máxima de $28 millones más la suspensión de por vida de la licencia, especie de cadena perpetua para conductores. La ley no resulta clara, pero si así fuera sería en extremo peligrosa, pues no veo qué clase de defensa podría tener un ciudadano ordinario enfrentado a una patrulla de guardias corruptos o forzado a soplar en un alcoholímetro mal calibrado.

¿Y qué ocurrirá con quien incumpla la orden de parar en un retén de control? Si somos consecuentes, la pena debería ser la máxima. ¿Pagarán multas de $28 millones quienes se salten un retén, sin importar el motivo, indiferentemente de que se haya debido a la escasa visibilidad o al simple error? De otro lado, pensemos en un conductor pobre que se ve enfrentado a pagar una multa igual a la mitad del valor de su auto más la revocación por doce meses de su licencia (sanción a todas luces discriminatoria, pues en el caso de un taxista podría equivaler a dejar de recibir ingresos durante un año). En su caso, el soborno se convierte en mecanismo de supervivencia, y no dudará en tratar de convencer al guarda de turno de que existen “trescientas mil maneras más sencillas de resolver el inconveniente”, como suelen decir los más audaces para salirse de estos embrollos. Y no serán pocos los agentes de tránsito dispuestos a renunciar a ofertas equivalentes en una sola noche a dos o tres veces el total de sus ingresos mensuales. Es un hecho incontestable que leyes extremas se traducen en corrupción desmedida y en la trasgresión violenta de las mismas. En Norteamérica el endurecimiento de las penas contra el narcotráfico sólo logró saturar las cárceles y desbordar la violencia callejera, mientras la venta de drogas aumentaba sin control.

Debo reiterar que considero obligatorio castigar sin reparos a quienes conduzcan borrachos. Pero ello no puede traducirse en leyes histéricas e irreflexivas, en normas improvisadas a última hora, peligrosas y desproporcionadas, incapaces de discriminar entre homicidas al volante y ciudadanos que por lo general no representan peligro alguno.

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