Las guerras de internet

Vinton Cerf, padre de internet y uno de los vicepresidentes de Google, analiza con otros expertos si Sopa y Pipa son el camino para solucionar la piratería y cómo pueden afectar derechos humanos.

El 14 de diciembre del año pasado Vinton Cerf, reconocido como uno de los padres de internet y uno de los vicepresidentes de Google, envió una carta al Congreso de los Estados Unidos con motivo de la discusión de la ley Sopa, en la que se leía: “Continúo teniendo dudas acerca de la eficacia de esta legislación”. Cerf procedía a explicar cómo la iniciativa socavaría la seguridad de la red, un proceso de 15 años de ingeniería que se iría al traste de entrar en vigencia la iniciativa.

Pero con Sopa no sólo estaba en juego la estructura misma de la red (ya de por sí un asunto preocupante), sino el ejercicio de derechos fundamentales como la libertad de expresión y la privacidad. Lo que abogados y analistas argumentaban era que, vía supuestas infracciones a la propiedad intelectual, la ley, junto con su proyecto hermano, Pipa, serviría para callar el discurso disidente, la molesta voz de la diferencia. Peor aún, según el mismo Cerf, lo propuesto por el Congreso norteamericano no acabaría con la piratería. ¿Cómo resolver el dilema?

“Mi esperanza es que usuarios, legisladores y empresas tengan la voluntad suficiente de aproximarse a la problemática con un enfoque constructivo que proteja los intereses legítimos de la industria, no impacte la privacidad y la libertad y no interfiera con la seguridad y la infraestructura de la red”, le dijo Cerf a El Espectador.

El científico de 68 años, una de las grandes mentes de nuestros días, da justo en el clavo porque, como lo dice Pedro Less, consejero encargado de política pública y asuntos gubernamentales de Google para América Latina, una cosa es piratería y otra es regular el acceso a un medio que a su vez es un gran catalizador de otros derechos; el camino hacia otros lugares que tienen que ver no sólo con el lucro privado, sino con la educación e incluso la posibilidad de la revolución.

En un principio estaban las ideas. Luego vinieron el comercio y las industrias, que trajeron consigo la noción del entretenimiento y la información en la forma de un cuerpo físico: papel, LP, casete, disco compacto, disco láser, DVD, Blu-Ray y así...

En algún lugar del camino los soportes se evaporaron, dejaron de ser relevantes, con el nacimiento de un nuevo vehículo para la información, ubicuo, etéreo, literalmente un organismo de luz compuesto por fibra óptica y una enorme cadena de unos y ceros tan larga como para abarcar las ideas, la vida y todo lo demás. El negocio, la forma clásica de hacer millones de dólares, cambió y entonces sobrevino el conflicto: las guerras de la piratería, como las denomina Raegan MacDonald, analista de la organización Access, centrada en defender la libertad de expresión.

¿Qué es la piratería? En resumidas cuentas es un asunto eminentemente económico, no uno moral en el que hay dos bandos: por un lado, gente de bien y, por el otro, piratas, comúnmente representados en la propaganda oficial como personas sin escrúpulos, ligeramente desaliñadas, que trabajan desde un sótano oscuro y húmedo, en una locación desconocida.

La piratería es un problema de disponibilidad, un tema de servicio al cliente si se quiere. “Estamos en medio de una larga negociación entre los usuarios de internet y los creadores de contenido acerca de cuándo y cómo el contenido va a estar disponible”, le dijo a este diario Michael Carroll, profesor de derecho y director del programa de “Leyes de la información y propiedad intelectual” de la American University.

La paradoja de la piratería podría resumirse en un ejemplo propuesto por Gabe Newell, presidente del emporio de videojuegos Steam/Valve: “Si un pirata ofrece un producto en donde sea, a cualquier hora, que puede ser comprado desde la comodidad de su computador, mientras que el proveedor legal dice que éste sólo llegará a su país después de tres meses del estreno en Estados Unidos, tendrá limitaciones de uso dependiendo de la región del planeta en donde viva el usuario y sólo podrá ser comprado en una tienda con columnas y ladrillos, entonces el servicio del pirata es más valioso”.

Lo dicho por Newell podría no ser un exabrupto al examinar las cifras del último informe de la Federación Internacional de la Industria Fonográfica (IFPI, por sus siglas en inglés): el período 2010-2011 es la primera vez en siete años en que las ventas de la industria musical crecieron. Esto tiene que ver, principalmente, con las transacciones digitales.

De acuerdo con la Federación, las descargas legales se incrementaron en 17% durante 2011, lo que llevó a una cifra récord de 3.600 millones de archivos adquiridos, entre canciones sencillas y álbumes completos. Globalmente, las ventas digitales representan el 32% de los ingresos de la industria (el año anterior esta participación era de 29%) y, en mercados como el Reino Unido y Corea del Sur, esta cifra es del 50%. La cosa incluso mejora al hablar de suscriptores digitales (los clientes que compran una y otra vez), pues este número se ubicó en más de 13 millones en 2011, un incremento de 65% respecto a 2010.

Más cifras. Según un estudio de la firma británica de inteligencia de mercados Envisional, los contenidos piratas representan el 24% del ancho de banda de la red en el mundo; la mayor parte de éstos se mueve a través de torrent, una de las formas de transferencia de archivos que hay en la red. En Estados Unidos, el uso de torrent ilegales abarca el 20% del ancho de banda, mientras que el uso de Netflix, el servicio legal de transmisión de películas en línea, se lleva el 29% por este concepto.

Lo que estos números pueden demostrar es que las audiencias siguen existiendo y el interés por el contenido también. Lo que se evaporó fueron los soportes, mas no la industria ni los usuarios.

“Creo que será necesario que los creadores de contenido que quieran prohibir la infracción de los derechos de autor creen nuevos modelos de negocios con incentivos que lleven a los usuarios a elegir métodos legales para acceder y disfrutar de este material”: Cerf, de nuevo, da en el clavo.

MacDonald lo complementa diciendo: “Lo que muestran los datos es que la infracción de los derechos de autor en línea se da en buena parte por la falta de disponibilidad del contenido (o por su alto precio). Criminalizar a grandes porciones de la población, de hecho, hace poco para combatir este fenómeno, que resulta mejor manejado mediante la invención de novedosos enfoques que hagan que el material que la gente busca en la red sea más accesible”.

Sólo en la industria musical, de acuerdo con cifras que cita la asociación que agrupa a las disqueras en Estados Unidos (RIAA, por sus siglas en inglés), las pérdidas por cuenta de la piratería suman US$12.500 millones cada año. Según Steven Tepp, consejero en jefe de Propiedad Intelectual del Centro Global para la Propiedad Intelectual, entidad adscrita a la Cámara de Comercio de Estados Unidos, los sitios que ofrecen contenido ilegal reciben 53 mil millones de visitas cada año. “Para proteger empleos, y a los mismos usuarios, de los criminales necesitamos una herramienta que sea efectiva y comercialmente razonable”, le aseguró a El Espectador.

Esta es una necesidad con la cual Cerf se identifica: “Es necesario tener un marco legal para manejar el advenimiento del contenido digital, tan fácilmente copiable y redistribuible”. El problema viene con qué tipo de herramienta. Aplastar un panal de abejas con una aplanadora no es sólo excesivo, sino innecesario.

La reciente firma de Acta por parte de la Unión Europea permite entrever que la guerra entre los usuarios y los creadores de contenido continuará. ¿Cómo habrá de acabar? Algunos prevén el triunfo de los consumidores por encima de las industrias, como Carroll. Cerf, quien como padre de un medio que transformó la humanidad sabe que estas cosas toman tiempo y responde con serenidad: “Creo que la discusión está apenas comenzando”.

Vía libre a Acta, la ley antipiratería europea

Mientras el mundo centraba su atención en la ley antipiratería, conocida como Sopa, que finalmente fue congelada de manera indefinida por el Congreso de Estados Unidos, los Estados miembros de la Unión Europea firmaban el Acuerdo Comercial Antipiratería (Acta, por sus siglas en inglés), que busca la protección de los derechos de autor y normas de propiedad intelectual en internet.

En esta parte del mundo Acta pasó casi inadvertida. Al igual que las multitudinarias protestas de grupos que argumentaban que este acuerdo es un ataque directo a la libertad de expresión. En Polonia, incluso, algunos de los miembros del Parlamento se uniformaron con máscara de Anonymous durante una sesión, en oposición a éste.

Sólo falta que el Parlamento Europeo se pronuncie al respecto en el verano (a partir de julio) para que Acta empiece a ser efectiva.

¿Por qué hablar de Sopa es importante para usted?

Katitza Rodríguez es la directora de derechos internacionales de EFF (Fundación Frontera Electrónica), una de las organizaciones estadounidenses con mayor influencia en el tema de privacidad en línea. Ella respondió por qué es importante saber lo que significa Sopa:

“Sopa va a silenciar el discurso legítimo, permitiendo que la industria del entretenimiento cierre páginas webs supuestamente acusadas de infracción a la propiedad intelectual, pero sin ningún tipo de debido proceso. Es decir, permitirá la remoción de grandes cantidades de sitios web que no violan contenido. Además dará a las corporaciones y otras entidades privadas nuevos poderes para censurar sitios web extranjeros con órdenes judiciales que cortarían a los procesadores de pago en línea y a los anunciantes.

Esta ley amenaza con sofocar la revolución generada por los usuarios de contenidos, redes sociales o servicios basados en la nube, poniéndolos en riesgo, especialmente por las disposiciones para el procesamiento de pagos”.