Mujeres en jaque

Aunque la cifra de feminicidios disminuyó de 2011 a 2012 en un 19%, el panorama de violencia contra la mujer en el país sigue siendo alarmante. Organizaciones civiles reclaman apoyo del Estado.

Pilar Cuartas Rodríguez
13 de marzo de 2013 - 10:04 p. m.
Según cifras del Instituto de Medicina Legal el año pasado se registraron 1.146 homicidios de mujeres. / 123rf
Según cifras del Instituto de Medicina Legal el año pasado se registraron 1.146 homicidios de mujeres. / 123rf

El año pasado, mientras Rosa Elvira Cely se convertía en el rostro visible de la tragedia de las mujeres violentadas en Colombia, Andrea Torres* era golpeada en Popayán por su pareja, miembro de la Fuerza Pública, quien la amenazó cuando ella quiso separarse. La mujer temerosa buscó protección en siete entidades oficiales, pero ninguna le prestó atención. Cinco días después fue asesinada, según denunció la Casa de la Mujer de Bogotá.

Estos crímenes hacen parte de los 1.146 homicidios de mujeres que se registraron en 2012 en el país, según Medicina Legal. Es decir, en promedio, en Colombia son asesinadas cuatro mujeres diariamente. Aunque la cifra disminuyó 19% en comparación con las estadísticas de 2011, cuando se registraron 1.414 casos, esta reducción no refleja un avance en el país, según organizaciones de derechos humanos como Ruta Pacífica de las Mujeres.

Actualmente, Colombia es el cuarto país en América Latina con mayores tasas de homicidios de mujeres, junto a El Salvador, Guatemala, Honduras y Bolivia, según el informe de la organización Small Arms Survey. Los departamentos en los que mataron a más mujeres el año pasado fueron Valle del Cauca, con 215 casos; Antioquia, con 159, y Meta, con 61. Bogotá, por su parte, es la ciudad con el registro más alto de casos, con 143 asesinatos, seguida de Cali, con 96, y Medellín, con 89.

Debido a la cantidad de crímenes contra esta población, la Alcaldía de Bogotá fue pionera en el país en la creación de la Secretaría de la Mujer, ejemplo que sólo siguieron unas pocas administraciones. Esta dependencia tiene como reto acompañar a las mujeres víctimas de la violencia para que puedan acceder a la justicia. Adicionalmente, puso en marcha siete refugios para mujeres violentadas.

Sin embargo, pese a esta iniciativa en la capital, en el resto del país parece que los esfuerzos por proteger a las mujeres siguen siendo insuficientes. A la fecha, sólo Medellín cuenta con casas de refugio para mujeres violentadas, sitios que, según la ley 1257 de 2008, protegen la vida, dignidad e integridad de la víctima y sus hijos. Además, sólo en Cali y Cartagena existen casas de paso para víctimas de violencia familiar o sexual.

Otra de las razones por las que el actuar del Estado parece deficiente en la protección de las mujeres es el acceso a la justicia, según Olga Sánchez, directora de la Casa de la Mujer, quien afirma que “el Estado no protege de inmediato a una mujer vulnerable, porque hay una ruta institucional larga”.

Ángela Robledo, representante a la Cámara y autora de un proyecto de ley que pretende incrementar las condenas por abuso sexual, hizo un llamado a la Fiscalía y al Consejo Superior de la Judicatura para que investiguen a funcionarios “que no tienen la empatía, el conocimiento, ni la sensibilidad moral para atender estas denuncias”. Robledo agrega que la palabra para describir la justicia de género en Colombia es “impunidad”.

Respecto a quiénes son los agresores de mujeres, Olga Sánchez asegura que la Fuerza Pública está en los primeros lugares, después de personas conocidas o familiares. Para la defensora de derechos humanos, esto “se debe a que el uso de armas hace creer que se tiene poder para amedrentar al otro”, concepto que coincide con un informe de ONU Mujeres que señala que el 19,4% de los abusos sexuales los cometen uniformados.

La directora de la Casa de la Mujer agrega que en el país se han incrementado los asesinatos de mujeres en los que el victimario dice amarla. “Esto es un problema cultural, porque algunos justifican que, en una relación pasional entre víctima y agresor, el hombre pueda matar por celos”. Añade que, al igual que esta justificaciones sociales, hay otras similares alrededor de una agresión, como que “se puso la ropa que no era”, “salió con el hombre equivocado”, “no quiso tener relaciones sexuales”, entre otras. “Por eso, cuando una mujer se revela contra lo socialmente construido, es violentada”.

Respecto a estos casos, Marina Gallego, coordinadora de Ruta Pacífica de las Mujeres, asegura que “cuando las mujeres van a denunciar a las Comisarías de Familia el maltrato de sus parejas, el operador judicial cree que a la semana se van a reconciliar con sus maridos y que la denuncia no tiene sentido”.

Mientras que las lideresas de organizaciones de derechos humanos critican el papel del Estado a la hora de proteger a las mujeres, la Alta Consejería para la Mujer responde que se han implementado mecanismos para apoyarlas. Actualmente, hay Secretaría de la Mujer en Antioquia, Córdoba, Meta, Norte de Santander, Valle del Cauca y Cundinamarca. En los departamentos restantes, si bien no está creada, hay oficinas encargadas del tema.

Lo cierto es que a pesar de las protestas en rechazo a las agresiones contra las mujeres, de la disminución de los homicidios y la radicación de dos proyectos de ley, las lideresas de las organizaciones afirman que en casos de violencia contra la mujer reina la impunidad. Tal es el caso de Angélica Bello, lideresa de la Fundación Nacional Defensora de los Derechos Humanos de la Mujer, quien murió hace unas semanas sin conocer una sentencia contra los responsables de haberla violado años antes.

Según Pilar Rueda, defensora delegada para los derechos de la niñez, la juventud y la mujer, la Defensoría ha recibido de diferentes regiones 57 casos de víctimas de abuso sexuales que solicitan apoyo. Para fortalecer las medidas de protección de las mujeres se están tramitando dos proyectos de ley en el Congreso, uno para incrementar penas por abuso sexual y otro para tipificar el feminicidio (causarle la muerte a una mujer por su condición de ser mujer) e imponer condenas de 33 hasta 50 años de cárcel.

Mientras avanzan las iniciativas legislativas para disminuir el número de mujeres violentadas, así como Andrea Torres hay miles de mujeres que viven la tragedia de la violencia sin ser reconocidas.

* Nombre cambiado

Por Pilar Cuartas Rodríguez

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