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La posición del gobierno Santos sobre la prohibición de proyectos mineros en los páramos del país, fue la principal motivación de un grupo de senadores huilenses para confrontar en el Congreso al Ministerio de Ambiente y a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) sobre la presencia —desde hace 14 años— de la multinacional petrolera Emerald Energy en áreas del Parque Natural Regional Cerro Páramo Miraflores, ubicado en los municipios de Garzón, Gigante y Algeciras (Huila) y El Paujil y la Montañita (Caquetá).
Los senadores liderados por Hernán Andrade, del Partido Conservador, denunciaron que las comunidades afectadas fueron excluidas de las tres negociaciones de las licencias ambientales otorgadas en 1998, 2002 y 2011, las cuales le dieron vía libre a la extracción de crudo en 200 hectáreas. “No se nos consultó, se nos notificó”, dijo el líder comunitario y exconcejal de Garzón, Armando Acuña.
Andrade cuestionó la falta de información proporcionada por Emerald, que desde 2008 le pertenece a la multinacional china Sinochem Group, sobre sus operaciones en Colombia, y presentó fotografías que muestran el deterioro ambiental en ocho veredas de Gigante y Garzón, desde que en 1998 se comenzó a explotar el bloque Matambo, que hoy registra una producción diaria de 2.500 barriles de petróleo.
“Estamos hablando de zonas de las que depende el agua vital para muchas comunidades. En el Parque Páramo de Miraflores nacen las quebradas Honda, Media Honda, Rioloro y Majo, entre otras, y el proyecto exploratorio se localiza en el área de influencia de estas cuencas”, dijo el senador. Se estima que la extracción de petróleo en la zona estaría poniendo en riesgo el acceso al agua potable para más de 120.000 personas.
Además, los senadores pusieron sobre la mesa las intenciones de la empresa de extender su área de explotación a 4.258 hectáreas.
El ministro de Ambiente, Frank Pearl, aclaró que las licencias se otorgaron bajo regulaciones ambientales diferentes a las que hoy tienen vigencia y que se encuentran avaladas por un estudio técnico de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM), el cual precisa que no pueden hacerse explotaciones sobre los 1.900 metros sobre el nivel del mar (los pozos de la Emerald Energy se encuentran entre los 1.650 y los 1.800 metros). No obstante, pobladores como Armando Acuña han dicho que existen evidencias físicas de que la multinacional adelantó exploración sísmica a 2.600 metros.
Lo cierto es que desde que en 2002 el páramo fue declarado Parque Natural Regional, fue necesario delimitar detalladamente las zonas para saber hasta dónde irían las protecciones ambientales. En este punto se centra el debate. Mientras el ministerio se ampara en el tope de los 1.900 metros entregado por la CAM, los líderes comunales y los congresistas pidieron una nueva delimitación pues las zonas de amortiguación del páramo no están definidas. Para resolver la falta de claridad frente al tema, el ministro ordenó que, a través de la ANLA, se revisen los límites hasta ahora impuestos y se delimiten las zonas de amortiguación.
El gerente legal y de asuntos corporativos de Emerald, Juan Manuel Cuéllar, ha asegurado que ninguna de sus extracciones se realiza en áreas de páramo, y que lo que hay en la zona es un grupo de terratenientes que han desinformado a los campesinos y que tienen intereses particulares a los que no ha accedido la compañía. Sin embargo, las poblaciones no dejan de protestar. El inconformismo frente a la presencia de la multinacional en el Huila ha llevado a los campesinos a protagonizar desde hace más de un año varias manifestaciones para rechazar la contaminación de sus aguas y la destrucción de sus carreteras.
Pero los innegables incumplimientos ambientales de la empresa ya tuvieron efecto en las decisiones estatales. Frente al Congreso, el ministro de Ambiente anunció que la Emerald Energy tendrá que cumplir con una resolución, expedida el 16 de agosto, que la obliga a suspender sus operaciones en los pozos del bloque Matambo, en Gigante, pues se ha comprobado que las actividades de cargue y descargue de crudo están esparciendo residuos contaminantes sobre las vías de acceso de la región.
Hace dos meses el ministerio le impuso otra sanción a la empresa al verificar que había construido sin autorización una línea de flujo de crudo, con una extensión de 10 kilómetros de longitud, entre el Campo Gigante y el cargadero Río Loro, incumpliendo el plan de manejo ambiental. “Aquí hay que ver el talante de la compañía; esta empresa no ha aprendido. A raíz de estos incumplimientos hemos visto que aquí no hay una empresa con la comprensión y la convicción de cumplir con las obligaciones ambientales”, dijo el ministro Pearl.
Las operaciones de la petrolera en ese campo estarán suspendidas hasta que presente ante las autoridades ambientales un estudio que demuestre la viabilidad ambiental del proyecto, y un plan de acción que indique las medidas de prevención que tomará para evitar más derrames. Además, la CAM le ordenó adoptar un plan para mitigar y prevenir los impactos ambientales ocasionados sobre recursos como el agua, el suelo y la flora en el área de influencia.
En el debate sobre la presencia de la multinacional en el Páramo de Miraflores deberá incluirse el proyecto de ley que estaría preparando el Ministerio de Minas y Energía, para cambiar el actual Código Minero y que propone respetar las concesiones con títulos mineros y licencias ambientales ya asignadas en áreas protegidas hasta que se venzan los períodos otorgados. Textualmente, el proyecto expone que “se respetarán tales actividades hasta su vencimiento, pero estos títulos no tendrán opción de prórroga, ni cambio de modalidad”. De esta manera, Emerald Energy podrá seguir extrayendo petróleo en áreas del parque hasta que su período de concesión termine.