Los prototipos en 3D de las 12 ecocabañas que la empresa Reserva Los Ciruelos S.A.S. pretende construir en el Parque Tayrona podrían quedarse en solo planos, pues están proyectados sobre una área de bosque seco tropical que según Parques Nacionales y el Ministerio de Ambiente es intocable.
Al conocer que hace dos semanas la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) le levantó a la empresa una medida preventiva que había mantenido detenidas las obras desde noviembre de 2011 (cuando se comprobó que la constructora comenzó a excavar pozos para extracción de aguas subterráneas en áreas no autorizadas), la directora de Parques Nacionales, Julia Miranda, rechazó la decisión y aseguró que no permitirá que la empresa tale el bosque seco, un frágil ecosistema que está a punto de extinguirse, donde habitan perdices, palomas y otras aves endémicas y mamíferos —como marsupiales y murciélagos— que el Parque debe conservar.
Miranda fue enfática en acusar a la directora de la ANLA, Luz Helena Sarmiento, de hacer caso omiso a las advertencias que desde abril del año pasado Parques Nacionales le ha hecho, detallando la necesaria preservación del ecosistema, y expresó su desconcierto sobre el “pasivo” papel de la autoridad para tomar decisiones al respecto.
Incluso, dice Miranda, desde hace seis meses la ANLA tiene un estudio desarrollado por el Instituto Alexander Von Humboldt en el que los expertos caracterizan ese bosque seco y el cual concluye datos reveladores: de las 1’758.758 hectáreas (ha) de ese ecosistema con las que el país originalmente contaba, tan solo quedan 28.810. De ese bosque un 6% está protegido por Parques Nacionales y de ese porcentaje un 16,6% está en el Tayrona. “Ningún proyecto ecoturístico puede arriesgar la conservación de este territorio y este sin duda lo afectaría”, dice la directora de Parques.
Juan Rafael Hurtado, representante legal de Los Ciruelos, fue enfático en defender el proyecto y argumentó que es una apuesta sostenible de mínima afectación, “que responde a todas las disposiciones y procedimientos ambientales contemplados en la ley que, además, en su momento fue avalado por la misma directora de Parques Nacionales, quien afirmó que había compatibilidad entre Los Ciruelos y el Plan de Manejo del Parque Tayrona”.
El Espectador intentó obtener las explicaciones de la directora de la ANLA sobre este tema, pero la institución se negó a entregar declaraciones. El que sí se pronunció fue el ministro de Ambiente, Juan Gabriel Uribe, quien con pocas palabras puso a tambalear la licencia ambiental de Los Ciruelos.
Con la sentencia de la Corte Constitucional C-746/12 en la mano, el ministro dijo que la ANLA, como ente autónomo, podría tomar nuevas decisiones amparándose en un concepto del alto tribunal, el cual establece que se le podría retirar la licencia ambiental a un proyecto si se comprueba que afecta los ecosistemas sobre los que está planeado. Teniendo esto claro, el ministro Uribe le pidió a la directora de Parques que emita un concepto jurídico vinculante, dirigido a la autoridad de licencias, en el que anexe todas las evidencias sobre la afectación para que ésta estudie una posible revocatoria.
Otro punto que llama la atención es que la empresa Reserva Los Ciruelos no realizara consulta previa a las comunidades indígenas que viven en el parque, porque en 2009 el Ministerio del Interior no lo exigió argumentando que “no habitaban nativos dentro del área a intervenir”, según se lee en la resolución 0631, mediante la cual se le otorgó la licencia ambiental al proyecto.
Este concepto, que fue acatado por la ANLA y por la empresa, es criticado por expertos como Gloria Amparo Rodríguez, directora de la especialización en Derecho Ambiental de la Universidad del Rosario, quien ha estudiado otros casos dentro de la Sierra Nevada —como los carboníferos—, a los que sí se les ha exigido consulta por estar ubicados dentro de un territorio reconocido por el Estado como ancestral y que además comprende el área total del Parque Tayrona.
“Siempre que se vayan a realizar proyectos que de alguna manera afecten a los indígenas, debe hacerse consulta previa. En el caso de Los Ciruelos sí tenía que haberse realizado. Ese es territorio ancestral de los pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta. Este es otro caso donde se invisibiliza a los pueblos, donde el Ministerio de Interior niega que existan. Eso es inconcebible”, dijo.
El viceministro del Interior, Aníbal Fernández, le dijo a este diario que ese despacho está revisando los conceptos previos que entregó para tomar nuevas decisiones. Y mientras tanto, la ANLA sigue guardando silencio.