“Vamos a ser inviables o a reducirnos”: rector de la U. de Antioquia

Mauricio Alviar

Foto: OSCAR PEREZ

Mauricio Alviar, rector de la Universidad de Antioquia y representante del Sistema Universitario Estatal, compuesto por 32 instituciones públicas, primero se fue “a vivir” dos semanas al Congreso de la República para tratar de convencer a senadores y representantes a la Cámara de la urgente necesidad de hacer algunos ajustes para tapar un enorme hueco en el presupuesto de educación superior. Ahora está tratando de explicarles a los colombianos, a través de los medios de comunicación, que llegó la hora de tomar decisiones para evitar los peores escenarios: “Ser inviables o reducir el tamaño de las universidades públicas”.

Alviar intenta explicarlo de manera didáctica. La Ley 30 de 1992 (la gran Ley de Educación) resolvió muchos problemas del pasado, pero se quedó corta al pensar en el futuro. Según lo dispuesto en la ley, el presupuesto de las universidades públicas crece año tras año al mismo ritmo del Índice de Precios al Consumidor (IPC). El problema es que el gasto de las universidades ha venido creciendo cuatro puntos por encima de esa cifra.

La principal razón por la que la plata que el Gobierno Nacional y los gobiernos departamentales asignan a cada universidad pública ya no les alcanza, es que en 2002 se expidió el Decreto 1279, en el que se estableció el régimen salarial y prestacional de los docentes de las universidades estatales. De acuerdo con este mandato, cada profesor tiene derecho a incrementar su salario dependiendo de sus grados académicos y las publicaciones.

Por ejemplo, un profesor que obtenga un título de doctorado inmediatamente gana unos 120 puntos en la tabla salarial. Cada punto equivale aproximadamente a $12.000. Es decir, un incremento de $1’440.000. En cuanto a las publicaciones, si un investigador logra publicar un artículo en una de las revistas de máxima categoría a nivel mundial, gana 15 puntos en su base salarial. Unos $180.000, de ahí hasta que se jubile.

En universidades como la de Antioquia, para la época en que se emitió ese decreto tan sólo el 9 % de los profesores tenían doctorado. Hoy cerca del 42 % lo tienen. “Todo eso está bien, es deseable, pero tiene consecuencias financieras”, comenta Alviar. A esta exigencia hay que sumar el aumento de cobertura. En el caso de la U. de Antioquia, en los últimos 15 años prácticamente se duplicó el número de estudiantes mientras la nómina de profesores de planta ha permanecido congelada.

Un estudio llevado a cabo por la Universidad de Antioquia, financiado por el Ministerio de Educación, concluyó que entre 2003 y 2015 el hueco en el presupuesto, sumando todas las universidades públicas, fue de $800.000 millones. Esto es el 30 % del presupuesto anual de todo el sistema universitario.

Alviar y los rectores del Sistema Universitario Estatal tienen una propuesta. Ahora necesitan que se alinien los astros del Congreso, el Gobierno Nacional y los departamentales. Primero, piden una adición presupuestal, por una sola vez, de $800.000 millones que tape el hueco que se abrió en una década. Segundo, reformar el artículo 86 de la Ley 30, para que el incremento anual al presupuesto universitario sea el IPC más cuatro puntos porcentuales. Tercero, que se destine un punto del incremento previsto del IVA en la reforma tributaria a la educación superior.

A cambio de un ajuste en el presupuesto, Alviar y los rectores dicen que las universidades deben ser más eficientes en el manejo de los recursos. “No podemos quedarnos en lamentaciones. Hay que modernizar las universidades”, anota el rector de la U. de Antioquia. En cuanto a los incentivos actuales por publicaciones, Alviar cree que es un debate delicado y dice que se están estudiando diferentes modelos. Lo cierto es que mientras las universidades privadas pagan a los profesores que publican un incentivo por una sola vez (un artículo en una revista de primer nivel puede llegar a $3 millones), en las públicas los puntos se convierten en base del salario de por vida. A esto hay que sumarle que algunas universidades han hecho un mal manejo de los incentivos premiando publicaciones que no necesariamente eran de calidad.

Lo que está claro para Alviar es que como están las cosas, el funcionamiento de las universidades públicas que les ofrecen educación a unos 300 mil jóvenes está en riesgo. Es sólo cuestión de tiempo.