Vender drogas, ¿peor que violar?

Desde Ecuador, la comerciante de drogas Analia Silva narra cómo fue encarcelada por vender al menudeo. Por ser madre soltera y analfabeta, afirma no haber encontrado otra opción para mantener a sus hijos. Ahora tiene un antecedente penal que le dificulta mucho más conseguir empleo. En Colombia, Rocío Duque cuenta cómo la falta de oportunidades la llevó a reincidir en el contrabando de drogas y ahora se encuentra recluida en una cárcel de Bogotá. También está la historia de la uruguaya Alicia Castilla, encarcelada cuando tenía 66 años por haber cultivado marihuana para su consumo personal, y la argentina Marta Inéz Miravete, quien afirma haber sido engañada por un hombre que la invitó a viajar a Brasil para una oportunidad profesional y le plantó droga en su maleta.

Estos son algunos de los testimonios recogidos en el informe “La Adicción Punitiva: La desproporción de leyes de drogas en América Latina”, elaborado por el Centro Colombiano de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia) en asocio con el colectivo internacional de Estudios Drogas y Derecho (CEDD). Y una de las primeras conclusiones que lanza dicho estudio tiene que ver con la desproporción de penas contra el tráfico de estupefacientes: “En América Latina es más grave contrabandear cocaína a fin de que pueda ser vendida a alguien que quiere consumirla, que violar a una mujer o matar voluntariamente al vecino”.

La investigación, además de recoger testimonios de varias exconvictas en siete países de América Latina (México, Perú, Ecuador, Colombia, Brasil, Argentina y Bolivia), describe cómo el exceso de penalización del delito de drogas ha recaído en los eslabones más bajos de la cadena, dejando impunes a los altos y medianos mandos del narcotráfico. En el caso de Colombia, el colectivo encontró que el 98% de las personas privadas de la libertad por delitos de drogas entre 2007 y 2009 eran ofensores de menor grado, o por lo menos no se les pudo probar lo contrario.

Sobre las condenas carcelarias, el documento reseña la diferencia que existe entre las penas recibidas por drogas y las de homicidios y violaciones. En Bolivia, por ejemplo, la pena máxima por tráfico de drogas es de 25 años, mientras que por homicidio doloso es de 20; en Colombia, el tráfico de estupefacientes es condenado con 30 años de prisión, mientras que los violadores reciben 20.

“Estamos encarcelando a mulas, consumidores y micro-comerciantes: gente que entra al mercado de drogas por necesidad económica. El encarcelamiento a este nivel tiene consecuencias indeseadas muy severas para la sociedad, por ejemplo, sus hijos pueden acabar en las calles”, expuso Ricardo Soberón, director del Centro de Investigación Drogas y Derechos Humanos, durante la presentación del informe. “Las políticas generan un círculo vicioso, las personas salen de prisión con un antecedente penal y sin redes de apoyo, lo que dificulta su empleo y los empuja otra vez al mercado de las drogas”.

Para conocer el informe completo visite: http://www.wola.org/sites/default/files/downloadable/Drug_Policy/La_adic...