Ocho hombres desnudos, uno al lado del otro. Al frente dos policías les ordenan hacer cuclillas. Las imágenes, reveladas por el concejal Germán García Maya, fueron grabadas en la Unidad Permanente de Justicia (UPJ) de Puente Aranda y ponen de nuevo sobre la mesa la discusión sobre las presuntas violaciones a los derechos humanos y los abusos policiales de ese sitio de detención transitoria.
En diciembre del año pasado se conoció la denuncia que presentaron los familiares de Paula Torres, una joven transexual que murió luego de ser trasladada de esas instalaciones a un hospital de la ciudad. Según las autoridades, ella se suicidó, pero su padre no cree esa versión. Cuatro meses después, dos militantes del movimiento político Marcha Patriótica denunciaron haber sido arrestados arbitrariamente y conducidos a esa UPJ, donde, dicen, fueron torturados. Las autoridades dijeron no tener registro de las agresiones. Ambos casos siguen en investigación.
Lo concreto es que la UPJ de Puente Aranda está de nuevo en la palestra y, junto a esa Unidad, los cuestionamientos recaen sobre la Policía y la Personería, entidad que debe tener a funcionarios en esas instalaciones para que velen por la garantía de los detenidos.
Precisamente, Luis Eduardo Suárez, representante del Ministerio Público en la UPJ de Puente Aranda, había puesto en conocimiento de la Personería delegada para los Derechos Humanos parte del panorama que allí se vive. En una carta, de octubre del año pasado, describió la falta de ventilación, espacio e iluminación, los malos olores del lugar y hasta la disfuncionalidad de las baterías sanitarias.
Además, reportó que la deficiencia de los teléfonos públicos en esa UPJ, que sólo permiten llamadas a líneas de ETB, lo que dificulta el cumplimiento del derecho que tienen todos los detenidos de comunicarse con sus familias. Pero tal vez el problema mayor es que sus dispositivos tecnológicos no funcionan.
Las cámaras de seguridad no han entrado en servicio desde que se inauguró ese edificio, hace cerca de tres años. Eso ha dificultado las investigaciones, por ejemplo, sobre la muerte de Paula Torres y las denuncias de tortura de William Sánchez y Rigoberto Abello, militantes de Marcha Patriótica. Asimismo, el arco detector de metales también está averiado, lo que obliga a hacer requisas exhaustivas para impedir el ingreso de armas o drogas a la Unidad.
Pese a las carencias tecnológicas, llegar al punto de desnudar a un grupo de hombres para requisarlos no tiene justificación. Así lo cree William Suárez, defensor del Pueblo regional de Bogotá. “Es indigno lo que están haciendo, para hacer requisas manuales no es necesario desnudarlos ni ponerlos a hacer cuclillas”, agrega que además de poner a funcionar el detector de metales, se podrían habilitar perros para detectar estupefacientes y así evitar el degradante proceso.
Además, señala el funcionario, una ciudad de 8 millones de habitantes, donde se presentan a diario decenas de contravenciones, no puede contar con una sola UPJ, cuyo espacio está reducido, porque en la segunda planta de la edificación, después del paro judicial del año pasado, se adaptaron celdas para la URI de Puente Aranda, donde se conduce a personas sobre las que hay indicios de que cometieron un delito.
El general Hoover Penilla, director de la Policía de Bogotá, reconoció que “la infraestructura del recinto no es la óptima” y aseguró que el alcalde Enrique Peñalosa ya está al tanto de la situación y está “tomando cartas en el asunto”. Lo cierto es que ya son varias las denuncias que en los últimos cinco meses apuntan a violaciones de derechos humanos dentro de la UPJ de Puente Aranda y ni las investigaciones han arrojado resultados ni las condiciones de la Unidad han cambiado.
