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El desorden administrativo y una larga e intensa pelea entre un contratista y la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS) tienen en vilo el suministro de alimentos a más de 17.000 niños, jóvenes y ancianos que a diario acuden a los centros de atención del Distrito. El problema, que se ha postergado por tres meses, obligaría a la administración a activar un plan de contingencia, pues la empresa responsable ha anunciado que por falta de pago dejará de suministrar los alimentos en las siete localidades que componen el borde occidental de Bogotá.
En diálogo con El Espectador, el representante legal del Consorcio Alimentación Social 2013, Fernando Romero, aseguró que la Secretaría de Integración Social les debe $3.800 millones por los cupos de frutas, verduras, carnes, panes, granos y otra serie de alimentos que desde julio vienen entregando a 132 centros asistenciales entre jardines infantiles, casas vecinales, centros Crecer (para niños y jóvenes) y centros Amar (guarderías).
Hoy viernes comenzará el desabastecimiento en los centros asistenciales, de no tenerse un plan B. Jorge Durán, subsecretario de Integración Social, le dijo a este diario el viernes pasado que la Secretaría estaba al tanto de la situación y que el contrato firmado con el Consorcio Alimentación incluía una cláusula de emergencia firmada con Colsubsidio, que asumiría el suministro de alimentos en caso en que el contratista llegase a faltar a su deber contractual.
Lo preocupante es que ayer a mediodía Paola Andrea Fonseca, jefa de prensa de la caja de compensación familiar, le dijo a este diario que Colsubsidio “no tiene ni idea de que tiene que atender a 17 mil niños”, pero reconoció que sí existe la cláusula de emergencia a la que hace referencia Durán.
Ante estas incógnitas, y con el contratista anunciando que no va más, no se entiende cómo llegará la comida este viernes a los 17 mil bogotanos que dependen de este suministro.
Deudas vs. incumplimiento
La historia que tiene hoy enredada la entrega de suministros “crudos” (verduras, frutas, carnes y alimentos no perecederos como enlatados y arroz) a la población más vulnerable de la ciudad comenzó el pasado mes de julio, cuando la SDIS, en cabeza entonces de Teresa Muñoz, adjudicó dos contratos para el suministro de estos alimentos en toda la ciudad. La zona 1, que abarca las localidades del centro y el oriente, fue entregada a la empresa Cooperativa Multiactiva Surcolombiana de Inversiones, compañía perteneciente al grupo Torrado, curtida en el negocio de la entrega de alimentos en el Distrito y blanco de cuestionamientos por parte de Gustavo Petro, que en 2010 denunció que hacían parte de los contratistas privilegiados de la administración de Samuel Moreno.
La zona oriente o zona 2, en cambio, quedó en manos del Consorcio Alimentación Social 2013, un grupo de pequeños contratistas de Villavicencio y Cartagena, con alguna experiencia en el suministro de alimentos a pequeña escala pero, como lo denunció entonces el concejal Juan Carlos Flórez, sin recorrido para asumir una operación logística de las dimensiones que exigía Bogotá.
Desde entonces, mientras el curtido contratista de la zona 1 ha venido cumpliendo con el contrato, los recién llegados han incurrido en una serie de incumplimientos y hoy enfrentan un proceso sancionatorio dentro de la SDIS, que muy probablemente terminará con la imposición de una multa de $328 millones (el 2% del contrato).
¿Qué hay detrás de estos incumplimientos? Cada quien tiene su versión. En la Secretaría, fuentes conocedoras del proceso aseguran que el contratista no ha sido capaz de operar bajo el complejo esquema técnico del que se trata el contrato (el proceso implica el manejo de un software especializado, que calcula una serie de variables para garantizar el suministro nutricional adecuado para cada beneficiario). Además, en palabras de uno de los funcionarios, “en el Consorcio Alimentación ha existido un gran desorden administrativo”.
El Espectador conoció los oficios que la SDIS le ha provisto al contratista, en los que enumera incumplimientos como la entrega incompleta o tardía de los alimentos a algunos centros y la no reposición de los productos faltantes. “Estos faltantes justifican el no pago al contratista”, explica Durán.
Otra es la versión del contratista. Fernando Romero, representante legal del consorcio, le dijo a este diario que desde el comienzo han sido víctimas de los vaivenes administrativos de la SDIS. “Nos cambiaron el anexo técnico cuatro veces. Y el cambio, por mínimo que sea, alteró el desempeño de la operación. Además, y esto es lo más grave, la Secretaría nos obligó a instalar un software irregular que no cuadra técnicamente y que nuestros técnicos necesitaban seis meses para instalar”.
¿Por qué cumple el otro contratista? “Porque llevan 12 años implementando el programa”, responde Romero.
El contratista añadió que le ha enviado a la SDIS un total de 20 comunicaciones advirtiéndole que, de no recibirse los pagos, su operación tendría que detenerse. Asunto que parece haber llegado esta semana: hoy no entregarán los alimentos que, por contrato, debían llegar a los 132 centros asistenciales del occidente.
jmaldonado@elespectador.com
@donmaldo