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El Distrito abrió la convocatoria para que se presenten las empresas interesadas en adelantar los estudios que sustentarían la petición de sustracción de tierras de la reserva Thomas Van der Hammen. La convocatoria se realiza a través del PNUD, entidad asociada a Naciones Unidas. Esto, con el fin de que la CAR autorice el paso de 10 vías por esa zona que, hasta hoy, es suelo protegido. (Lea: Constructores: grandes dueños de la Van der Hammen)
Así, empieza a concretarse la intención de edificar en esa zona, que el alcalde Enrique Peñalosa ha manifestado desde antes de su posesión. La solicitud que se le haría a la autoridad ambiental está relacionada con el proyecto urbanístico más ambicioso de esta administración: la Ciudad Lagos de Torca. Una obra que colinda con la reserva y para la cual sería necesaria la ampliación y construcción de varias vías, entre esas, las que pasarían por la Van der Hammen.
Se trata de las Avenidas Longitudinal de Occidente (ALO), Suba-Cota, Ciudad De Cali, Boyacá, Laureano Gómez, Alberto Lleras Camargo, El Polo, Arrayanes, El Jardín y Guaymaral. Como lo contó El Espectador hace dos semanas, el Distrito le había solicitado a la CAR que le especificara los requerimientos para hacer la solicitud.
En el documento se hace referencia a la necesidad de “desarrollar de forma sostenible” el borde norte de la ciudad, como desahogo para su crecimiento urbanístico y para solventar los problemas de movilidad: “La movilidad en el borde norte de Bogotá tiene mucho problema por la falta de capacidad de carga de la infraestructura vial y la imposibilidad de la construcción de nuevas vías por la reserva Van der Hammen”.
Sin embargo, desde que se conoció la intención de sustraer terrenos de la reserva para esos proyectos viales, las voces de protesta de diversos sectores, desde ambientalistas hasta políticos, han girado en torno a los problemas de conectividad de los ecosistemas de esta zona, que se verían afectados con el trazado de las vías.
Lo concreto es que las propuestas para realizar los estudios serán recibidas hasta el próximo 5 de octubre, y luego de que se escoja a la empresa encargada de hacer el estudio, ésta tendrá cinco meses para llevarlos a cabo. En ese plazo entregará 4 informes en los que presentará evaluaciones financieras, técnicas y ambientales. Esto último, basándose en la resolución 1526 de 2012 que establece los requisitos y el procedimiento para la sustracción de áreas en las reservas para el desarrollo de actividades de utilidad pública o interés social.
En ese sentido, por ejemplo, dice el documento del PNUD, “se deberán relacionar los recursos naturales que demandará la actividad y que serán utilizados, aprovechados o afectados durante las diferentes etapas del mismo, incluyendo los que requieren o no permiso, concesión o autorización”.
Además, se tendrán que presentar las coordenadas exactas de las áreas que serían extraídas de las 1.400 hectáreas de la reserva, para construir allí las vías, y exponer las medidas de compensación ambiental de un área equivalente al terreno que sea sustraído del suelo protegido. Las empresas que se postulen a la realización de esos estudios tendrán que disponer de un equipo de trabajo de al menos 18 personas, entre ingenieros, biólogos, geólogos y trabajadores sociales.
Con esta convocatoria se empieza a ver acciones concretas por parte del Distrito, esta vez en asocio con el PNUD, para llevar a cabo las polémicas construcciones en la reserva. Los estudios son un primer paso, la decisión definitiva la tiene la CAR.