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El Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, invitó hoy a Altos de Cazucá, en el municipio de Soacha, a los más altos representantes de la comunidad internacional y a los medios de comunicación. Su propósito era visibilizar todas las afectaciones de los derechos humanos de las víctimas del conflicto armado que allí se concentran.
Frente a representantes de víctimas residentes en ese sector del municipio vecino de la capital, Terry Morel, representante de ACNUR (Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados) en Colombia, afirmó que es preocupante que el país no conozca las estadísticas de desplazamiento de 2012 y que, seguramente, esa cifra es superior a la de 2011 pues, durante el año anterior, su oficina registró un mayor número de desplazamientos masivos.
“Un comandante paramilitar quiso comprar la virginidad de mi hija de 11 años. Me resistí y tuve que venirme a Soacha. Acá, me enteré de que uno de mis hijos había sido víctima de los paramilitares. Nadie me ha resuelto nada. No tengo subsidios, no sé nada de mi esposo que se quedó trabajando en la finca”, dijo una mujer de 62 años, proveniente del nordeste antioqueño.
Otros, por ejemplo, sostenían que aun cuando llegaron en 2007, a la fecha, no han sido notificados de si para el Estado son o no víctimas. También, denunciaron el precario servicio que reciben del sistema de salud que, a muchos, no les ha registrado. Así como inconsistencias en el sistema de los organismos de vivienda que los tiene como propietarios, cuando han recibido subsidios que “no alcanzan ni para un lote”.
Se escucharon más de diez relatos en una jornada que pretendía debatir los alcances de la ley de víctimas y restitución de tierras. Para todas las personas que han visto vulnerados sus derechos, es un fracaso, pues no han sido objeto de reparación y lo que más les preocupa, aun no conocen la verdad sobre lo que ocurrió.
Al escuchar los relatos, el representante en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los DDHH, Todd Howland dijo que su oficina está muy preocupada pues “no todo lo puede ni lo debe hacer la Unidad de Víctimas (creada con la ley) sino que todo el Estado debe volcar su estructura hacia la paz y la atención de las víctimas”.
El director de Usaid, la agencia de cooperación del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Peter Natiello se confesó “sorprendido por todos estos relatos. Nosotros estamos ayudando a las instituciones colombianas para atender a las víctimas, pero no lo podemos hacer todo”.
Según cifras de la personería de Soacha, son cerca de 40 mil las víctimas que han llegado a ese municipio durante la última década, cerca del 5% de la población. También, según la misma entidad, se avecina una crisis humanitaria pues la alcaldía ni la gobernación de Cundinamarca han podido diseñar estrategias integrales para la atención de esta población que cada día recibe más personas.
“Tenemos 6 camas en urgencias para 80 mil habitantes. Tenemos una crisis de servicios básicos. Con un presupuesto precario, estamos soportando una guerra que no es nuestra sino de todo el país” dijo uno de sus voceros durante la reunión. Además, sostuvo que las personas son revictimizadas pues “las mafias de urbanizadores piratas los instalan en zonas de alto riesgo, la naturaleza los desplaza, o sino, ellos mismos, que buscan revender los predios”.