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Temiendo que su pelea esté perdida por la vía jurídica, y mientras la Corte Constitucional revisa la decisión del alcalde Gustavo Petro que terminó con el contrato de arrendamiento de la plaza La Santamaría a la Corporación Taurina, el movimiento animalista de la capital se prepara para cambiar de táctica en su búsqueda de que se prohíban las corridas de toros en Colombia.
El Espectador conoció el borrador de un documento y la imagen de una campaña publicitaria que convoca a los colombianos a depositar en las próximas elecciones (marzo de 2014) una “papeleta animalista” para solicitar al Estado la prohibición de la fiesta taurina.
La iniciativa, según reza el documento, está modelada a partir de la Séptima Papeleta, que en 1990 pidió la convocatoria de una asamblea constituyente, y del Mandato Ciudadano por la Paz, a través del cual diez millones de colombianos expresaron en 1997 la necesidad de un acuerdo de paz entre los actores armados.
“Una papeleta animalista en las elecciones al Congreso 2014 es hoy nuestra propuesta para trascender la discusión legalista y dirimir, en lo político, con el constituyente primario, si los colombianos queremos o no que sigan existiendo corridas de toros y espectáculos violentos con animales en nuestro país”, reza el documento que hoy discuten las organizaciones que hacen parte del movimiento.
Durante los últimos dos años, la pelea entre taurinos y antitaurinos en el país se ha agudizado, en especial en Bogotá, donde el alcalde Gustavo Petro les dio a los animalistas su pleno respaldo y terminó unilateralmente el contrato de arrendamiento de la plaza de toros que la Corporación Taurina tenía hasta 2015.
El Distrito ha defendido la medida asegurando que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó que dicho arrendamiento se hiciera a manera de concurso o licitación. Además, tanto el Alcalde como los animalistas se amparan en la sentencia C-666 de 2010 de la Corte Constitucional, que autorizó las corridas de toros en el país “siempre y cuando se entienda que estos (animales) deben, en todo caso, recibir protección especial contra el sufrimiento y el dolor durante el transcurso de esas actividades”.
Los taurinos, sin embargo, se han defendido jurídicamente. Aseguran que la Ley 916 de 2004 estableció que la fiesta brava es una expresión artística en Colombia y que en la sentencia C-889 de 2012 la Corte autorizó las corridas en establecimientos públicos. Y armados de estos y otros argumentos, entutelaron la decisión de la Alcaldía. Aunque la tutela fue rechazada en primera instancia, fue seleccionada en febrero por parte de la Corte Constitucional.
Miembros del movimiento animalista le dijeron a El Espectador que temen que la Corte falle a favor de los taurinos, dada la cercanía de algunos exmagistrados a las visiones más condescendientes con la fiesta brava, como Manuel Cepeda Vargas, apoderado en el pasado de la Corporación Antitaurina, y Rodrigo Escobar Gil, ponente de la mayoría de sentencias favorables para los taurinos.
Es precisamente la percepción de que las instancias jurídicas se han agotado la que tiene a los animalistas cocinando una iniciativa popular, inspirada en el ejemplo de los catalanes, en España. En julio de 2010, el Parlamento de Cataluña prohibió las corridas de toros luego de que más de 100.000 personas firmaran una iniciativa popular legislativa exigiendo la terminación de las corridas.
Sin embargo, a diferencia de Cataluña, los antitaurinos bogotanos saben que, con la excepción de un par de congresistas, como el senador Camilo Sánchez, no tienen mucho oxígeno en el Congreso. De ahí que prefieran ir directo a las urnas.
Según explica el exregistrador Juan Carlos Galindo, una iniciativa de este corte tendría que pasar por el Consejo Nacional Electoral para que lo autorice y ordene a la Registraduría asumir su conteo. Además, explica Galindo, una papeleta de este corte sólo tendría efectos políticos y no establecería “un hecho jurídico”.
Felipe Negret, presidente de la Corporación Taurina, asegura que la iniciativa le parece “muy pobre, pues quiere desconocer la Ley 916 de 2004 y cinco sentencias de la Corte Constitucional”. Y añade: “Quieren apelar al falso discurso prohibicionista, cuando deberían enfocar las iniciativas para cosas más útiles y trascendentales”.
En el movimiento animalista aún no hay consenso, y algunos sectores, los más cercanos al Palacio Liévano, consideran que no es oportuno incluir el tema en la agenda electoral nacional. De hecho, la campaña estaría lista para ser divulgada en agosto, pero podría retrasarse por cuenta de las discusiones que por estos días libran las diversas facciones antitaurinas de la capital.
jmaldonado@elespectador.com
@donmaldo