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Nuevas inquietudes surgieron alrededor del contrato de arrendamiento que suscribió la Alcaldía de Bogotá con el liquidador de la Fundación San Juan de Dios, para que la administración pudiera hacerse cargo de las instalaciones del antiguo centro asistencial. Por un lado, El Espectador conoció que ambas partes firmaron un otrosí, en el que el Distrito aplaza el pago de una parte del arriendo. Por el otro, una cláusula del documento generó dudas en el Concejo, debido a una aparente obligación que adquirió el Distrito para reubicar a los trabajadores que aún viven dentro del antiguo centro asistencial, algo que niegan ambas partes.
Pablo Leal, liquidador de la Fundación, le confirmó a este diario la firma del otrosí y explicó que hizo ya que la Empresa de Renovación Urbana (ERU), entidad que firmó el contrato como arrendataria y a nombre del Distrito, argumentó tener fue “problemas de caja”. Eso fue el 22 de enero de este año y allí quedó consignado que, tras la firma, la ERU pagaba lo correspondiente al primer mes ($750 millones) y un mes después pagaría lo equivalente al resto del año ($8.250 millones). Es decir, este año la Alcaldía se comprometió a pagar $9.000 millones por el arrendamiento del San Juan de Dios.
En el otrosí las partes acordaron que este año la ERU solo pagará $6.000 millones y los $3.000 millones restantes los cancelará en enero del año entrante. La inquietud que surge es por qué argumentar razones de caja si, como se indicó en el contrato inicial, la ERU contaba “con los recursos necesarios para esta negociación”.
El Espectador intentó contactar a Nicolás Corso, gerente encargado de la ERU, pero no respondió su celular. Su jefe de prensa informó que se encontraba atendiendo reuniones.
La cláusula
La otra inquietud se ventiló ayer en el Concejo. Primero hay que recordar que la compra del San Juan de Dios no ha podido concretarse debido a dudas sobre la propiedad del complejo de edificios. Aunque el liquidador le transfirió a la ERU el derecho de dominio de los edificios, el registrador encargado de legalizar ese trámite no se ha pronunciado porque no es claro de quién son los inmuebles. Por eso el Distrito, para adelantar algunas intervenciones, suscribió primero el contrato de arrendamiento con el liquidador.
Pues bien: en el contrato hay una cláusula objeto de interpretaciones distintas, en la que el Distrito aparentemente se compromete a reubicar a los trabajadores que habitan desde hace más de una década en las instalaciones. El texto indica que el arrendatario, es decir, la ERU, acepta la entrega de los edificios “con la ocupación de hecho de un grupo de empleados del Hospital (…) hasta tanto el Distrito tome las medidas necesarias para su reubicación y protección de sus derechos”.
El concejal liberal Miguel Uribe afirma: “Esa obligación no es del Distrito, sino de la Fundación San Juan de Dios o de los titulares iniciales. No decimos que esos trabajadores no tengan derechos, pero el Distrito corre un riesgo exagerado. Es irresponsable que lo asuma”.
En los edificios quedan 11 familias de aquellas que desde 2001, tras el cierre del Hospital, se fueron a vivir allí para reclamar liquidación y pensiones. Martha Lucía Zamora, secretaria general de la Alcaldía y quien se ha unido al proceso de acompañamiento de esos trabajadores, admite que la cláusula en mención no tiene la mejor redacción, pero que se trata de un propósito para actuar mancomunadamente con el liquidador. Indica que la pretensión del Distrito es apoyar la salida de esas personas tratando de que accedan a vivienda o arriendo, pero “todo está en cabeza del liquidador”.
Pablo Leal, encargado de la liquidación, respalda esta interpretación y agrega que el objetivo de esa cláusula fue hacerle ver al Distrito, como arrendatario, que no se pueden vulnerar los derechos de esas personas en caso de un desalojo. Por eso reconoció que si la redacción se presta para ambigüedades, tocará firmar un nuevo otrosí para aclararla.
Mientras el contrato de arrendamiento genera estos debates, sigue pendiente el pronunciamiento del registrador que debe definir si la venta puede concretarse. Como lo ha contado este diario, la firma Armando Morales Benítez y Abogados Asociados señala que el hospital San Juan de Dios es el dueño de los inmuebles desde 1924, no la Fundación San Juan de Dios, que es la que está en liquidación. De la decisión de este funcionario depende la recuperación que ha propuesto la Alcaldía.