Gracias a una tutela elaborada por la Personería de Bogotá, el juzgado Once Laboral del Circuito de Bogotá declaró la nulidad del trámite del cobro de impuesto de vehículo a un contribuyente por violación al debido proceso por parte de la Secretaría de Hacienda de la Gobernación de Cundinamarca.
El juez ordenó reiniciar toda la actuación administrativa al comprobar que la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca había omitido notificar el requerimiento especial por un supuesto pago irregular del impuesto de vehículo del señor José Loaiza Cala.
"La Gobernación violó el derecho de petición al no resolver de fondo tres solicitudes del contribuyente en las que pedía constancia del envío de esa comunicación por parte de la empresa de correo", señala el informe del ente de control.
El ciudadano había pagado su impuesto de vehículo en 2005 pero se dio cuenta de que había un error y sin necesidad de solicitud de ninguna autoridad presentó una declaración de corrección el 26 de agosto de 2005. Sin embargo, casi tres años después, el 21 de febrero de 2008 le llegó una Liquidación Oficial de Revisión de la Gobernación de Cundinamarca, una comunicación en la que le solicitan liquidar y pagar nuevamente el impuesto del automotor de la declaración corregida.
De acuerdo con la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca, el contribuyente no sólo había incurrido en inconsistencias en la declaración, sino que no había contestado un requerimiento especial enviado por esa entidad al ciudadano para que subsanara el problema. No obstante, el documento nunca fue enviado.
El contribuyente informó que nunca fue notificado del requerimiento especial y por lo tanto no tuvo oportunidad de responder y controvertir el acto administrativo. Haciendo caso omiso a esa violación al debido proceso y al derecho de defensa, la Secretaría de Hacienda ignoró la situación y condenó al ciudadano a pagar cerca de medio millón de pesos entre multas e intereses de mora.