Contraloría de Bogotá y Supersalud firman convenio para enfrentar crisis

HAY QUE REIVINDICAR A LOS PROFESIONALES, LOS AUXILIARES, TECNICOS Y TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DEL SECTOR DE LA SALUD DEL DISTRITO CAPITAL: Una necesidad y un imperativo moral Desde el momento mismo en que se puso en práctica la ley 100 de 1993, las profesiones de la salud, auxiliares, técnicos y administrativos fueron impactadas en su humanismo, los principios éticos han sido bombardeados por los patronos de turno y el principio de no hacer daño a menudo se ve vulnerado, el abordaje de las opciones diagnosticas y terapéuticas en los pacientes están supeditadas a la contención del gasto y no bajo la óptica de la racionalidad técnico científica, y los aspectos relacionados con lo contractual para los trabajadores del sector salud rayan en lo más grotesco de la deslaboralizacion y la violación del código sustantivo del trabajo que sumados a la flexibilización laboral nos ubica como los trabajadores en las peores condiciones laborales y profesionales. El desmoronamiento de nuestras profesiónes sucede a diario, el constreñimiento del acto médico es una realidad, nuestra practica medica asistencial viene cayendo en descredito al aceptar los lineamientos de mercado y observamos una posición pasiva a todo nivel ante tan grave afrenta. Este Modelo y Sistema han convertido al médico y a todos los profesionales en operarios de un mercado creado con ánimo de lucro impactando negativamente las más mínimas reivindicaciones laborales del trabajador de la salud sufriendo en carne propia la perversidad de este modelo. Toca ajustar lo ateniente al recurso humano para la salud en cuanto al tratamiento que económicamente debemos justamente percibir como producto de nuestra actividad laboral. Es menester tener en cuenta que si quien presta el servicio lo realiza en condiciones infraestructurales antitéticas, recibe un mal trato en educación médica continuada y salarialmente, el resultado de la atención va a tener deficiencias. Somos una población aproximada de unos 350 mil trabajadores de la salud entre profesionales, auxiliares, técnicos y administradores. Hay malestar por la mala remuneración e inseguridad en el ejercicio profesional, por condiciones laborales antitéticas y por la pérdida de la dignidad profesional (constreñimiento del acto médico). Requerimos: 1- Un sistema único de vinculación laboral, estratificación laboral, nivelación salarial, y además establecer unos incentivos para los trabajadores del sector. 2-Eliminar la vinculación laboral por intermedio de cooperativas o empresas intermediarias, exigimos que sea directamente con la empresa responsable de la prestación de los servicios de atención en salud. 3-Reivindicar el contrato de trabajo a fin de obtener garantías laborales de origen constitucional, legal y convencional y eliminar toda forma atípica de contratación. 4- Reivindicar la autonomía del médico en el acto médico en procura de brindar atención en salud digna, ética, en marco de los criterios técnico científicos. 5- Definir unos ponderables para aquellos trabajadores de la salud que laboren en zonas especiales por razones de orden público, de población dispersa y en condiciones de riesgo. 6-Concertar con los ministerios de Protección Social, de Educación y el ICFES lo concerniente a las necesidades de recurso humano para el sector. 7-Definir las responsabilidades frente aquellas condiciones infraestructurales y de aditamentos para la práctica profesional se preste en condiciones éticas. 8- Establecer las responsabilidades que en educación continuada a todos los trabajadores del sector8profesionales, auxiliares y técnicos) la cual debe ser asumida por el Minprotección Social, las Secretarías de Salud, EPS e IPS. 9-Concertar una actualización y unificación de la jurisprudencia sobre responsabilidad médica. 10-Respeto a la Misión Médica. Ningún profesional de la salud será obligado a actuar en contra de la ética médica ni será sometido por parte de ninguno de los actores armados ni de las fuerzas del Estado colombiano a situaciones que vayan en contra del Derecho Internacional Humanitario. Alberto Mendoza M.D. Presidente Colegio Nacional de Médicos Generales de Colombia

EL EXMINISTRO DIEGO PALACIO BETANCOURT TIENE CUOTA DE RESPONSABILIDAD EN EL ROBO DE LOS RECURSOS PARA LA SALUD Y ADEMAS ES UN MENTIROSO. El 16 de Diciembre de 2009, a través del Presidente del Colegio Nacional de Médicos Generales de Colombia, doctor Alberto Mendoza Aparicio, en el documento titulado “ES POSIBLE PARA LOS COLOMBIANOS UN SISTEMA DE SALUD POR FUERA DEL MODELO Y CONCEPCION NEOLIBERAL”, denunciaba el modus operandi de la mafia del Ministerio de Protección Social, del Consorcio Fidufosyga y las EPS frente a los recursos para la salud y nadie dijo nada. Así mismo, La Federación Médica Colombiana en cabeza del doctor Sergio Isaza como presidente, y el Observatorio Nacional de Medicamentos de la misma organización, con el liderazgo del doctor Oscar Andia emborronaban cuartillas denunciando los mecanismos fraudulentos utilizados por las Entidades Promotoras de Salud (EPS) para sustraer los recursos de todos los colombianos administrados por el Consorcio Fidufosyga, entidad esta última que auditaba y autorizaba los pagos por recobros a dichas instituciones, obviamente con el visto bueno del Ministro de Protección Social Diego Palacio Betancourt. Hoy las indulgencias se las Gana la Presidencia de la República, el Ministerio de Protección actual y otros organismos de control que en su momento no hicieron nada para evitar este “terrorismo de Estado”. Los Jueces y organismos de control del Estado no deben olvidar que el Consorcio Fidufosyga, alianza estratégica de los bancos que administran y auditan los billones de pesos de la salud hay que establecer su cuota de responsabilidad en los hechos denunciados y objeto de investigación. Las estrategias para substraer en forma fraudulenta los recursos para la salud por parte de las EPS, en forma directa, e indirecta a través de intermediarias cobradoras de cartera, ha sido conscientemente gestada por ACEMI como lo denuncia la Superintendencia de Sociedades y que tiene un listado de EPS en “capilla” para sancionar por aproximadamente $ 15.000 millones. A los hospitales y Clínicas del país, tanto públicos como privados, a corte 31 de diciembre 2010, las EPS y el Estado Colombiano, según su Asociación, les adeudaban la suma de 2.5 billones de pesos por prestación de servicios de atención en salud, y tampoco el Ministerio del ramo ni ningún organismo de control han hecho nada para parar esta aberración administrativo-financiera. Con relación a la “fabricada” pandemia de la Influencia por el virus tipo A H1N1, nuestro Colegio también denunció la forma como se manejaron inescrupulosamente recursos de todos los colombianos por parte del anterior Ministro de la Protección Social, en particular sobre las compras de los antivirales Tamiflú y Relenza, cuestionados por su poca eficacia hasta por autoridades de la Organización Mundial de la Salud (experto Doctor Germán Velásquez) que sumaron por el solo medicamento denominado Tamiflú $ 15. 360.000.000. ¿Cuánto costó toda la campaña publicitaria de radio, prensa escrita, televisión, carteles, folletos, cartillas, equipo de trabajo contratados, es decir, toda la parafernalia utilizada para decirnos una vulgar mentira a 45 millones de colombianos ¿. Con respecto a esta denuncia, del presidente Uribe para abajo, “solo vista gorda y oídos sordos”. La Comisión de expertos de la Universidad Harvard, que en varias ocasiones nos ha visitado para evaluar la eficiencia y eficacia del actual Sistema y Modelo de salud imperante en Colombia a partir del año 1993, ha manifestado que del total de recursos recibidos por las EPS, estas han utilizado más de lo estimado por la norma para “gastos administrativos”. Según las cuentas, las EPS invierten en salud solo un 70% y se están quedando con el 30% del total de los recursos (Barón, Gilberto). Los expertos de Harvard dicen que las EPS se quedan con más del 50% de los recursos para invertir en la salud de los colombianos. El Presidente anterior, el ex-Minprotección Social, la Supersalud, y todos los organismos de control siempre han estado sordos, ciegos y mudos. Discapacidad total. Ya era hora, señor Presidente Juan Manuel Santos de parar la voracidad por el signo peso por parte de las EPS, intermediación que en 17 años 4 meses no ha generado ningún valor agregado al actual Sistema y Modelo. Solo lo han encarecido. Felicitaciones señor Presidente por su decisión, pero no todas las indulgencias son suyas. ALBERTO MENDOZA APARICIO M.D. PRESIDENTE COLEGIO NACIONAL DE MEDICOS GENERALES DE COLOMBIA albermendo@hotmail.com Carrera 11 N°118-31 Teléfono 320 3398752 Bogotá, D.C, Mayo 8 de 2011 Anexos:

LOS COLOMBIANOS NECESITAMOS EL BANCO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD Alberto Mendoza Aparicio M.D. Médico Especialista Universidad del Cauca Pontifica Universidad Javeriana Presidente Colegio Nacional de Médicos Generales de Colombia (Conameg) e-mail:albermendo@hotmail.com Cuando en los años 1992-1993, los líderes gubernamentales asumieron la necesidad de reformar el viejo Sistema Nacional de Salud, manifestaron que había que introducirle correctivos a sus grandes debilidades, entre otras, la ineficiencia administrativa. Esto significaba hacer un buen uso de los recursos públicos para la salud, maximizarlos, preservarlos, lograr un mejor y mayor número de servicios, disminuir la corrupción e inmoralidad con los mismos y generar resultados con alta capacidad política pública. Eficiencia administrativa significa eso: producir bienes y servicios al menor costo social posible, pero generando alta rentabilidad en los resultados sociales, los cuales pueden ser medibles en indicadores de salud, como el caso que nos ocupa. Algunos creyeron que esto sucedería. Otros, conociendo las experiencias en otras latitudes y la filosofía de los modelos de aseguramiento en salud enmarcados dentro de la concepción neoliberal, fueron escépticos en creer que esta “mina tendría tanto oro”. Después de 18 años, siete meses de promulgada y puesta en marcha dicha reforma, que inicialmente se llamó Ley 100 de 1.993, y a la que el legislativo le ha introducido dos maquillajes (ley 1122 de 2007 y 1438 de 2011) los resultados como producto del manejo eficiente de los recursos deja mucho que desear. Los hospitales públicos en crisis financiera y muchos han tenido que cerrar sus puertas ya que el Estado y las EPS no pagan los servicios consumidos por aquellas personas por las que les toca responder. Las IPS privadas en iguales condiciones. La Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas estimas que a corte diciembre de 2011 le adeudaban a estas instituciones aproximadamente 2.5 billones de pesos. El mayor deudor es el Estado Colombiano (Ministerio de Protección Social-Fosyga, Secretarías de Salud departamentales, distritales y municipales) después vienen las EPS tanto públicas como privadas y las Compañías Aseguradoras. Recursos hay para asumir los consumos en salud por parte de todos los colombianos. En el 2010, el Estado apropió 30 billones de pesos para estos menesteres, y los recursos llegaron por montón a los intermediarios y se desviaron en trancones de las dependencias burocráticas. Otros, fueron captados mediante prácticas no aceptadas y la corrupción e inmoralidad hizo su agosto. Las diferentes organizaciones gremiales, académicas, científicas y sindicales de los trabajadores del sector hemos venido denunciando hasta la saciedad que los recursos para la salud son “sagrados”. La Ley establece que no pueden invertirse en otros bienes y servicios, y que cualquier reforma que se establezca en la Salud debe involucrar mecanismos para blindarlos ya que ellos son para garantizar el Derecho Fundamental y Autónomo de la Salud. Los últimos acontecimientos, conocidos a través de los medios de comunicación, sobre la corrupción e inmoralidad en el manejo de los dineros para la salud de los colombianos son solo la punta del iceberg. La gran masa oculta del manejo irregular de los mismos que llenan los bolsillos de funcionarios del gobierno y de particulares comienza en el mismo Ministerio del ramo con el Fosyga y el Consorcio Fidufosyga, pasando por los Fondos Financieros de Salud de los entes territoriales, las administradoras de las EPS y llegando a las gerencias de los hospitales públicos. A sabiendas el Legislativo de este estado de cosas, no ha introducido herramientas con dientes para frenar y parar estas prácticas perversas. Nosotros el Colegio Nacional de Médicos Generales de Colombia proponemos a los colombianos estas iniciativas para contribuir a mejorar la eficiencia del sector: 1-Dar por terminado el contrato fiduciario para el manejo de los recursos de las cuatro subcuentas del Fosyga y hacer efectivo en el corto plazo los TES, CDT y Bonos que hay en el mercado especulativo ($5 billones) comprados con recursos para salud. El consorcio Fidufosyga es el encargo fiduciario del país que más recursos mueve, constituida por 9 reconocidos bancos, y cuyo contrato permite administrar recursos públicos anuales que hoy son de $18 billones. Como producto de esta intermediación, captan beneficios anuales por más de $ 1 billón, es decir, la 1/5 parte del total de la rentabilidad del sector financiero del país durante un año. Se incentiva en forma perversa la búsqueda de rendimientos financieros desde el Ministerio de Protección Social sin importar la suerte económica de los otros actores. 2- Créase el Banco Nacional de la Seguridad Social en Salud instancia administradora y centralizadora de los recursos para el sector, a él se consignaran todos los recursos para la salud. Será una instancia administrativa pública para garantizar un flujo ágil, adecuado, equitativo y equilibrado de los recursos, y además, evitar el desvío de los mismos. Las IPS públicas o privadas prestarán los servicios de atención en salud a todos los colombianos que los demanden con la sola presentación de su carnet, y posteriormente cobraran los servicios prestados al Banco Nacional de la Seguridad Social, quien después de una actividad de auditoría de cuentas, girará a los prestadores el valor de los servicios facturados. Se establece entonces, lo que lenguaje técnico, se denomina giros sin situación de fondos para las IPS. 3- Desaparecen las entidades promotoras de salud (EPS) como intermediarias tanto del régimen contributivo como del subsidiado, del sector público y del privado. Toda intermediación hace más costoso cualquier producto, bien o servicio, y esto es lo que ha venido sucediendo al interior del SGSSS, y además, no ha aportado ningún valor agregado razonable al sistema y han sido generadores de barreras de acceso y de negación al derecho a la salud. Cada gasto innecesario causado contra los recursos del SGSSS representa menos pacientes atendidos y lesión de la calidad de la atención. Las EPS tornaron más oneroso el sistema en detrimento de la cobertura, de la calidad de la atención y llevando a crisis financiera a los prestadores públicos y privados que con los proveedores de insumos hospitalarios han venido subsidiando la prestación de los servicios de salud. Según las cuentas, las EPS invierten en salud solo un 70% y se están quedando con el 30% del total de los recursos (Barón, Gilberto). 4- Establecer un manual único tarifarlo para el cobro de los servicios de atención en salud prestados por las instituciones tanto públicas como privadas y no serán permitidas aquellas formas de contratación que trasladan el riesgo al prestador de servicios de atención en salud. 5- Para los usuarios del régimen contributivo la ley 100/93, significó un aumento de la cotización, una disminución del plan de beneficios y el tener que asumir unos costos adicionales como los llamados copagos y cuotas moderadoras. Un servicio pagado con antelación mediante la modalidad de prepago, cuando se demanda, hay que volverlo a pagar. Para los afiliados al régimen subsidiado, los copagos y cuotas moderadoras, se han convertido en barreras de acceso a los servicios de atención en salud. Por lo tanto, desaparecen los copagos y las cuotas moderadoras.