Desorden en las basuras le costó a Bogotá $76 mil millones en 2011

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En Bogotá existe un millón de usuarios que cancelan mensualmente por el servicio de aseo. En promedio, el pago anual que hizo cada uno de esos hogares fue $76.361 adicionales a lo que realmente debería cancelarse por el servicio. Mensualmente el incremento de las tarifas correspondería a $6.367. Es decir que en 2011, advierte la Contraloría General de la República (CGR), los capitalinos cancelaron $76.361 millones de más a los cuatro operadores contratados por la Unidad Administrativa Especial de servicios Públicos de Bogotá (UAESP) para la recolección, barrido y limpieza de la ciudad.

Este incremento se debe, según la CGR, a que la fórmula de las tarifas no se ajusta a nuevas normas expedidas por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), las cuales permiten la reducción en el cobro por la prestación del servicio. La Unidad no ha podido incorporar el nuevo modelo porque no ha logrado, desde 2008, estructurar un nuevo proceso de licitación con un esquema tarifario sobre la base de la competencia y los precios del mercado.

Así lo comunicó la entidad de control fiscal en un informe enviado a Guillermo Asprilla, secretario de Gobierno del Distrito y director de la junta directiva de la UAESP, en donde comunica el resultado de una auditoría especial practicada a la entidad del Distrito. La acción de la entidad de control se debe a la solicitud que le hizo Gustavo Petro, alcalde de Bogotá, para que hiciera un control preferente a la UAESP, es decir que quitara la potestad a la Contraloría Distrital de investigar las actuaciones de la Unidad. Petición que supuestamente había sido negada.

Sin embargo, en estos momentos cursan en la entidad cuatro indagaciones preliminares, dos en la Delegada de Medio Ambiente y las otras en la Unidad Anticorrupción. El Espectador conoció que el posible detrimento alcanzaría los $140.000 millones.

La auditoría señala que los contratos actuales le representan a Bogotá un desembolso extra que equivale al 20,9% de la tarifa. Según cifras de la UAESP, en 2011, los concesionarios recaudaron $365.422 millones. Pero si hubiera tenido éxito la licitación, los bogotanos hubieran pagado $289.061 millones. De acuerdo con el informe conocido por El Espectador, la Contraloría asegura que la falta de planeación e ineficiencia por parte de la Unidad en la estructuración del fallido proceso se ha generado una prórroga de los contratos. Además señala que “en las fórmulas tarifarias no se pueden trasladar a los usuarios los costos de una gestión ineficiente” y que se deben devolver en la tarifa.

Aparte de esto, en 2009, la UAESP pagó $2.028 millones por 70 contratos. La transacción se hizo con cargo a una de sus dependencias: la Bolsa General de Esquema de Aseo, conformada por los recursos de las tarifas que cancelan los usuarios. Otro de losU los hallazgos con presunto alcance disciplinario es que entre 2003 y el año pasado, de la Bolsa también salieron recursos para cancelar la suma de $38. 750 millones por actividades distintas a la prestación del servicio. Así lo permitió una resolución expedida por la UAESP en 2003. Para un total de $40.903 millones.

La Contraloría General advierte que esto representa una posible desobediencia a las normas y resoluciones expedidas por la CRA, en las cuales se señala que “la UAESP no puede percibir recursos de las tarifas para cubrir actividades de planeación, supervisor y control del servicio de aseo”. Según la entidad, los pagos que hacen los usuarios son superiores a los costos totales del servicio. Pues la Bolsa tiene un saldo de $95. 412 millones por remunerar únicamente a los concesionarios, pero le queda un excedente de $30.978 millones, recursos que no se han asignado a ningún gasto.

Los $76. 361 millones de más que han cancelado los bogotanos son el fruto de los retrasos de la UAESP para sacar una licitación que está siendo planeada desde 2008, y que aparte de la adición en el cronograma tiene dos urgencias sanitarias expedidas para lograr adjudicar sin necesidad de licitación algunos de los contratos a los concesionarios que vienen manejando el millonario negocio de la basura desde 2003.

El año pasado, el proceso fue declarado nulo por la Corte Constitucional porque consideró que los recicladores estaban en desventaja con los operadores del servicio. Y aunque la Unidad tiene hoy vía libre por parte de la Corte, la licitación no se ha podido concretar. El 9 de junio de 2012, la Unidad preguntó a los mismos contratistas si tenían interés de seguir prorrogando el convenio y estos aceptaron pero no se ha suscrito una nueva prórroga.