La familia de los 12 mil cupos

Foto: Luis Ángel

Esta es la sede principal del colegio Celestín Freinet. Tiene cuatro más en la UPZ El Rincón.

Vista desde el aire, la Avenida Longitudinal de Occidente (ALO), o mejor, los terrenos reservados por el Distrito para que algún día se construya la polémica avenida, corta de extremo a extremo el borde occidental de Bogotá, como un río verde que arranca en el municipio de Soacha y termina en la localidad de Suba, chocándose con lo que hoy es la Reserva Forestal del Norte.

Vista de cerca, desde el barrio de Villa María de Suba, la ALO es un extenso potrero con cercas de alambres de púas que nadie respeta, salpicado de escombros y basuras y niños que esporádicamente juegan al fútbol.

Aquí, en uno de los barrios más humildes de Suba, a orillas de una avenida que lleva dos décadas sin construirse, nacieron, a mediados de los noventa, dos pequeños colegios, separados por escasas cuatro cuadras, en dos casas arrendadas, una por la licenciada Yasmín González Cifuentes, y la otra por dos de sus hermanas menores, también educadoras, Soraya y Yudy.

Como les pasa a otras localidades en la periferia occidental de Bogotá —Bosa, Kennedy, Engativá—, Suba experimentaba por esos años el comienzo de una gradual e insostenible expansión, cuyo ritmo, aún hoy, las entidades distritales no han sido capaces de alcanzar.

Fruto de esa asimetría eran los miles de niños que, desde entonces, no encontraban una oferta educativa en el sector oficial, y fruto también era la proliferación de colegios pequeños, fundados en familia, en modestas casitas de barrio, como el Colegio Pedagógico Dulce María, Yasmín González Cifuentes, y el Colegio Celestín Freinet.

En 1998, Enrique Peñalosa llegó a la Alcaldía Mayor de Bogotá a enfrentar, junto con su secretaria de Educación, hoy rectora de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, Cecilia María Vélez, el desafío de garantizarles educación a los sectores más pobres de la ciudad, que en localidades como Suba no encontraban colegios oficiales pero sí pequeños colegios privados como el Celestín, el Dulce María y el Maximino Poitiers, este último fundado en 1995 por Yasmín y su entonces esposo, Kilian Arenas.

La solución del Distrito fue aliarse con decenas de estos colegios en toda la ciudad. Allí donde había zonas deficitarias, la administración Peñalosa comenzó a adjudicar cuantiosos recursos a aquellos colegios dispuestos a recibir en sus aulas a estudiantes subsidiados por el Distrito.

Soraya, Yasmín y Yudy González Cifuentes; sus hermanas, Sonia y Constanza; el menor y único varón, David, y su madre, María Edilia Cifuentes de González, estaban por comenzar un vertiginoso ascenso en el mundo de las empresas educativas.

El principio fue sencillo, narran quienes conocieron a las González por ese entonces. La Secretaría de Educación les pedía a los colegios privados que declararan a cuántos niños estaban dispuestos a recibir y los cupos eran asignados casi automáticamente. En 1998, el primer año del programa, el Dulce María ofertó 110 y el Celestín Freinet, 763. Millones de pesos del Distrito comenzaron a entrar a las cuentas de estos colegios y, con ellos, comenzó a vislumbrarse una sencilla estrategia: ¿por qué no arrendar otras casas y pedir más cupos?

Según registran los archivos de la Secretaría de Educación Distrital (SED), en 1999, cuando había transcurrido sólo un año de iniciados los convenios, el Celestín Freinet ofertó 1.095 cupos adicionales y el Dulce María, 347. La SED los adjudicó en su totalidad y cientos de estudiantes ingresaron a estos colegios, a educarse en edificios arrendados, de tres pisos, algunos de los cuales fueron visitados por El Espectador, cuyos propietarios confirmaron que, en efecto, allí operó hace más de una década el Celestín Freinet.

Entre tanto, más de 400 colegios en Suba y el resto de localidades deficitarias de Bogotá —entre colegios de comunidades religiosas, fundaciones educativas y pequeñas famiempresas, por lo general lideradas por el educador de la casa— comenzaron a ajustarse a la rutinaria tarea de competir y pelear unos con otros para hacerse a los cupos que asignaba el Distrito.

No había un sistema técnico de asignación de cupos. Y la necesidad de relacionarse con políticos y funcionarios al interior de la Dirección de Cobertura para hacerse a los mismos, comenzó a ser tradicional, según narran funcionarios de la época y algunos rectores de estos colegios.

Mientras que la SED perfeccionaba los mecanismos para medir con relativa rigurosidad la capacidad de oferta de los colegios privados contratados, las González Cifuentes continuaron creciendo.

En 2001, Yudy se convirtió en propietaria del Liceo Mallerland, al que instaló luego en la antigua sede del Celestín Freinet. Tiempo después, Sonia, la mayor, entró en el negocio y compró en la Unidad de Planeación Zonal Tibabuyes (Suba) el Liceo Arkadia Colombia.

En 2004, mientras que ‘Lucho’ Garzón llegaba a la alcaldía y con él su secretario de Educación, el maestro Abel Rodríguez, el colegio Howard Gardner, adquirido por Miguel Antonio Jiménez, esposo de Soraya, comenzó a ofrecer cupos al Distrito. En 2006, el menor, David González Cifuentes, comenzó a figurar como propietario del Colegio Colombo Andino, en Kennedy, y su madre, María Edilia Cifuentes de González, como socia propietaria del Liceo Empresarial del Campo, en Suba. Finalmente, en 2008, un mes después de acabada la administración Garzón, Yudy y Soraya asumieron el control de la junta directiva y la propiedad del Gimnasio Santander, también en Suba, según consta en los registros empresariales de la Cámara de Comercio de Bogotá.

El crecimiento de los González comenzó a ser arrollador. La asignación voluminosa de cupos desde la SED no dejaba —con contadas excepciones— de ascender. Y algunos colegios de la zona, según narran varias fuentes del gremio, comenzaron a quebrar. Dos de estos planteles de Suba fueron comprados en 2010 por la familia: el Colegio Stephen Hawking y el Ambiental Los Catalanes, que hoy figuran a nombre de la empresa Stephen Hawking y Compañía Limitada, de propiedad de Soraya y Yudy González Cifuentes.

Para 2011, las tensiones al interior del gremio se volvían inmanejables. Los rectores del resto de colegios de Suba les reprochaban a las González Cifuentes su ambición, en detrimento del resto de colegios más pequeños. Sólo entre el Celestín Freinet y el Dulce María sumaban para ese momento 7.500 cupos escolares en convenio (cada cupo puede costar al año más de un millón de pesos).

Pero eso no era todo. Con diez colegios recibiendo más de $17.000 millones al año, según registros de la SED, las González habían logrado construir grandes plantas físicas para el Celestín y el Dulce María (ambos tienen varias sedes), así como posicionarlos en las evaluaciones e interventorías como los dos mejores colegios privados en convenio.

Entonces, en medio de mucha tensión en Suba, cuando arrancaba 2011 comenzaron las denuncias.

En la mañana del 10 de abril de 2011, un grupo de buses alquilados, llenos de estudiantes, salieron de la sede principal del Colegio Celestín Freinet rumbo a los puestos de votación donde aquel día se llevaban a cabo las elecciones a la Asamblea Local del Polo Democrático.

La denuncia había sido registrada por varios medios de comunicación, entre ellos City Tv y CM&. El Polo Democrático había permitido que los mayores de 14 años votaran y aquel día se había visto a los muchachos siendo conducidos en masa a los puestos de votación para que participaran en las elecciones. Entre los candidatos a la Asamblea se encontraba Mauricio Vergara Reyes, cabeza de la lista 16.

Las González habían entrado abiertamente a jugar en la política local. Y el hecho enfureció a un edil de la localidad, curiosamente célebre por llamarse Gustavo Rojas Pinilla, quien días después citó a un debate en la Junta de Administración de la Localidad, condenando que “padres de familia que luchan por un cupo escolar para sus hijos tengan que ser presionados y humillados a cambio de un voto”, según consta en las actas de la reunión.

Rojas Pinilla denunció entonces que en Suba había un “cartel de la educación”, denuncia que no pasó a mayores, como no pasó a mayores el que entonces los medios señalaran que las listas por las que habían sido presionados los estudiantes y padres de familia habían sido avaladas por el concejal del Polo Democrático Álvaro Argote, tal como lo registró Caracol Radio.

Pero las denuncias no pararon. Y, curiosamente, comenzaron a llegar de forma anónima a la oficina del concejal Wilson Duarte, también del Polo Democrático, quien en julio de 2011 salió a la luz pública y, por primera vez, denunció en la Comisión de Gobierno —la cual presidía— la existencia del “cartel de las González Cifuentes”, señalando parcialmente el número de colegios en poder de la familia.

Duarte se defendía en ese entonces de las denuncias de algunos medios, entre ellos El Espectador, que cuestionaban los negocios de su familia. Además enfrentaba una causa judicial por un sonado escándalo por violencia intrafamiliar.

Quizás por lo anterior, las denuncias del concejal no tuvieron eco entonces. Como tampoco lo tuvieron en octubre de ese mismo año, cuando volvió a hacerlas, durante un debate, al secretario de Educación, Ricardo Sánchez, quien por entonces preparaba la polémica resolución que buscaría cancelar 18.000 cupos en 93 colegios en convenio, que extrañamente habían sido adjudicados en zonas en que no eran necesarios.

“Le voy a solicitar, doctor Ricardo”, dijo Duarte en el recinto, “que me informe si todos los colegios en convenio cumplen con las especificaciones para funcionar como instituciones educativas, que son por cierto monopolizadas por otro cartel, que tiene más de 12.500 cupos en Suba y van a estar direccionados en una campaña”.

Y cuando dijo “campaña”, Duarte miró a un colega suyo del Polo Democrático.

¿Cómo habrían crecido los González Cifuentes durante esta década? ¿Cuál es su relación con el concejal Álvaro Argote?

Lea mañana la tercera entrega de esta investigación.

Fe de erratas

En la primera entrega de esta investigación, publicada ayer en la edición impresa de El Espectador, se cometieron tres imprecisiones que el autor desea aclarar.

Primero: el Colegio Colombo Andino, de propiedad de David González Cifuentes, está situado en la localidad de Kennedy y no en la localidad de Suba.

Segundo: la resolución 3699 de 2011, firmada y luego revocada por el entonces secretario Ricardo Sánchez, determinó que había 93 colegios privados con cupos del Distrito en UPZ que no eran deficitarias. El uso de una preposición equivocada dio a entender lo contrario.

Tercero: en 2011, la entidad a cargo de hacer las evaluaciones para constituir el Banco de Oferentes de colegios en convenio fue el Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico (IDEP); la firma interventora, para el mismo año, fue ATI Internacional. La evaluación virtual a la que se hace referencia es aquella que sirvió para constituir el Banco de Oferentes.

Los cambios ya fueron realizados en nuestra edición digital.