Padres de familia prefieren educación privada

Martha Ramos* tiene dos niñas: una en primero y otra en octavo, que corren al mediodía por los patios de un amplio y luminoso colegio privado, en la localidad de Suba, que desde hace más de una década recibe estudiantes de la zona con recursos del Distrito.

Las niñas están hace poco en el colegio, pero ella está feliz. Sus hijas estudiaban en otro colegio en convenio, que quebró, como muchos en esta localidad.

En ese momento, hace tres años, Martha tuvo la opción de inscribir a Valentina y a Mónica en una entidad oficial. Sin embargo, prefirió el colegio en convenio, porque había escuchado buenas referencias, porque conocía al rector y, admite, “porque quizás hay una conceptualización errada de los planteles distritales”. Para ella y muchas de sus vecinas y amigas, en éstos “hay muchos niños, se pueden presentar conflictos y va gente que no es del nivel de nuestros hijos”.

Martha ha escuchado que desde el año pasado la Secretaría Distrital de Educación busca reducir el número de niños en convenio. Y estimular, más bien, que ingresen a planteles oficiales —incluso con subsidio de transporte, si es necesario—. Pero a ella no le suena la propuesta para Valentina y Mónica.

“La verdad, no cambiaría a mis hijas. Si me toca pagar, y eso ya lo he discutido con mi esposo, me quedo en este colegio”, asegura.

Como Martha, son miles los padres que salen a diario al frente de los colegios privados contratados por el Distrito y hablan generosamente de la educación que muchos de ellos prestan.

Pero al lado de estos colegios, que fueron creciendo y perfeccionando sus plantas poco a poco, mejorando además su calidad educativa sin ampliar el número de niños que reciben, otros colegios aumentaron enormemente el número de cupos, incluyendo la mayoría de colegios pertenecientes a la familia González Cifuentes, que hoy es dueña de 10 establecimientos, que suman más de 11 mil estudiantes.

Muchos de los colegios de mediano crecimiento resienten la expansión de las González, y mucho más los colegios más pequeños, que fueron quebrando o se quedaron rezagados y hoy ofrecen cupos educativos en lamentables instalaciones físicas, que no cumplen las normas establecidas de espacios al aire libre y seguridad, y tampoco les pagan a sus maestros lo dictado por la ley, según consta en las actas de visita realizadas por la actual Dirección de Cobertura.

Este desproporcionado crecimiento en el tamaño y calidad de algunos colegios, cuyos procedimientos de asignación, presuntamente irregulares, fueron denunciados por El Espectador, le ha heredado a la ciudad un problema de compleja magnitud.

Por un lado, la disparidad en la calidad de los colegios en convenio provocó una evidente preferencia de los padres por ciertos planteles, así no fueran los más cercanos a sus casas (el criterio de georreferenciación). Esto, a su vez, provocó una masiva demanda de cupos en los mejores colegios, que tuvo como consecuencia sistemáticas tutelas que a lo largo de los años doblegaron a la SED y que en muchas ocasiones, según presumen en la entidad, habrían venido tramitadas por grupos de abogados que se profesionalizaron en esta práctica.

Por los días en que se investigaba para este artículo, circulaban en la localidad de Suba panfletos que ofrecían servicios de asesoría jurídica para entutelar a la Secretaría. La entidad aún investiga el origen de este tipo de propaganda.

En este contexto de irregularidades, motivado muchas veces por la necesidad de padres como Martha de darles la mejor educación a sus hijos, llegó a liderar la Dirección de Cobertura de la SED María Elvira Carvajal (amenazada de muerte el 17 de agosto). Su misión es verificar la calidad de los colegios, buscando elevarla y nivelarla luego de años de desigualdad entre ellos.

Fue justo en los momentos en que Carvajal preparaba los criterios de evaluación del nuevo Banco de Oferentes —que enlista a los colegios avalados para ofertar cupos—, que llegó la amenaza que fue revelada el pasado domingo por este diario.

Mientras la SED analiza cómo resolver el lío de los colegios en convenio de los que se ha tratado este especial, al secretario de Educación, Óscar Sánchez, le espera un reto mayor.

Por un lado, acabar con la práctica de contratar cupos en zonas de la ciudad donde el Distrito tiene oferta. Pero quizás lo más importante: resolver cómo va a seducir a padres como Martha, para que vuelvan a creer en la educación pública, duramente desprestigiada en varias zonas de la ciudad.

Consultado por este diario, el secretario Sánchez aseguró que su despacho busca incentivar que los padres matriculen a sus hijos en los más de 70 mil cupos que actualmente están libres en el sistema distrital. Sin embargo, al mismo tiempo aseguró que el nuevo Banco de Oferentes muy probablemente reducirá considerablemente el número de colegios que actualmente contratan con el Distrito.

“Vamos a ver en qué porcentaje reducimos el número de colegios en convenio a través de las evaluaciones y las auditorías en curso”, aseguró Sánchez, y añadió que la SED ya ordenó la suspensión de nuevos cupos para preescolar. Para 2013 no se abrirán cupos para primer grado y así sucesivamente.

“De aquí a trece años deberían desaparecer los convenios, a menos que tomemos decisiones de apresurar el proceso”, aseguró el secretario.

Entre tanto, los niños como Valentina y Mónica podrán seguir matriculados en sus colegios. “Todo esto lo tenemos que hacer sin generar una conmoción social”, asegura el secretario. El año pasado, la terminación abrupta de 18.000 convenios en zonas que no los necesitaban, generó bloqueos a las vías de Transmilenio, que obligaron al entonces secretario Ricardo Sánchez a reversar la medida.

Lo más duro viene ahora para la SED: determinar, en medio de las tensiones y denuncias hechas durante este reportaje, cuáles serán los colegios del Distrito que se incluirán en el Banco de Oferentes y cuáles quedarán por fuera.

El secretario Sánchez parece consciente de lo que le espera: “Ser riguroso tiene un costo político. Y estamos dispuestos a asumirlo”.

*El nombre ha sido modificado por solicitud de la fuente.