¿Homofobia o descuido?

El concejal Marco Fidel Ramírez afirmó “amar a la comunidad LGBTI y ser objeto de una persecución”. / Óscar Pérez

En medio de la polémica y la lluvia de anuncios de demandas contra el concejal Marco Fidel Ramírez (PIN), por haber promovido que se le preguntara a Canal Capital por el número de empleados pertenecientes a la comunidad LGBTI, un nuevo hecho se hizo visible: la forma en la que los concejales de la ciudad dejaron pasar una proposición con la que hoy muchos se muestran en desacuerdo.

El viernes en el Concejo se celebró un homenaje a las directivas de una de las empresas de construcción más afamadas de la capital. Una vez finalizó el acto formal, varios cabildantes pasaron al salón contiguo al recinto donde habitualmente se realizan las plenarias y disfrutaron de las tablas de quesos y jamones que se ofrecían al constructor objeto del reconocimiento.

Mientras el grueso de los concejales participaba en ese evento social, Soledad Tamayo, de la bancada conservadora, quedó a cargo de dirigir la votación de las proposiciones del día. Y la primera en ser sometida a consideración fue la proposición aditiva de Marco Fidel Ramírez que contenía el cuestionario dirigido a Canal Capital, un oficio de 30 preguntas en las que, además de consultar por la programación, los salarios, la parrilla de programación y la planta de personal del canal, el concejal indagaba por las preferencias sexuales de los trabajadores y la relación de ese aspecto íntimo con los salarios devengados por quienes forman parte de la comunidad LGBTI.

Una vez leída la totalidad de las preguntas, William Moreno, a nombre de Progresistas, y Álvaro Argote, del Polo Democrático, manifestaron que sus bancadas no votarían la proposición, pues iba en contravía de los derechos a la intimidad y el libre desarrollo de la personalidad de los trabajadores de la entidad pública.

No obstante, Soledad Tamayo decidió que la proposición quedaba aprobada por pupitrazo y sin que en la sala se encontraran más de 15 concejales, de un total de 45 que debieron participar en la plenaria.

De inmediato, William Moreno pidió el quórum, lo que causó una desbandada del salón “social” contiguo hacia la votación. Darío Fernando Cepeda, presidente del Concejo, se puso al frente de la plenaria, revisó el quórum y, con 33 concejales participando, decidió que la votación de las propuestas del día debía seguir.

Muchos concejales le recriminan a Cepeda que no hubiera echado atrás la votación de la primera propuesta, pues, así como él, más de 20 concejales entraron una vez se pidió la verificación de asistencia. “Yo me ceñí a la legalidad. Si entro, reviso quórum y lo hay, no tengo por qué retroceder una votación que ya había pasado”, le dijo el concejal Cepeda a El Espectador.

Incluso, dentro de los concejales que se opusieron al cuestionario surgió la duda de por qué, si ya se conocían posiciones contrarias a la iniciativa, no se procedió a hacer la votación nominal. Es decir, que cada uno de los concejales dijera públicamente si estaba a favor o en contra. Un procedimiento al que, según ellos, se suele recurrir cuando surgen estos inconvenientes.

Sin embargo, para otros concejales, el que la propuesta haya pasado no reviste mayor polémica, pues la proposición no era parte de un proyecto de acuerdo o una adición al mismo. “Simplemente, aquí se respetan los puntos de vista de cada uno de los concejales. En el debate de control es cuando surge la controversia y se sientan posiciones que, seguramente, en su mayoría disentirían de lo que preguntó Ramírez”, sostuvo un concejal del Partido Liberal.

La controversia fue tal que, una vez finalizada la votación de las demás propuestas, en la plenaria fue radicada una constancia en la que 13 concejales de distintas bancadas decían no estar de acuerdo con el cuestionario de Ramírez ni con la forma en que había sido aceptado.

“El temor es que con esta polémica se pretenda obstruir el trabajo de control político del Concejo. Aquí todos los puntos de vista caben”, dijo Darío Fernando Cepeda, y también afirmó que le propondría a Ramírez, como único capacitado para cambiar el cuestionario, que retire las tres preguntas que resultaron ofensivas para la opinión pública.

Este martes el “concejal de la familia”, como se hace llamar Marco Fidel Ramírez, convocó a una rueda de prensa en la que no admitió preguntas, pero sí leyó un comunicado afirmando “amar a la comunidad LGBTI”, “ser víctima de una campaña de desprestigio orquestada por Canal Capital” y “necesitar que el Gobierno Nacional les brinde más garantías de seguridad a él y su familia, por los mensajes amenazantes que he recibido”.

El cuestionario del concejal Ramírez no sólo pone en tela de juicio su respeto hacia derechos fundamentales como la intimidad y el libre desarrollo de la personalidad. También genera cuestionamientos sobre los procedimientos que el Concejo utiliza para aprobar las proposiciones que allí se discuten.

Por ahora ya hay una acción legal segura contra Ramírez. La exalcaldesa de la localidad de Chapinero y actual directora de la Defensoría del Espacio Público del Distrito, Blanca Durán, dijo que demandará hoy al cabildante por discriminar a esta comunidad.