El costo del desmonte

Unos 11.000 estudiantes podrían migrar al sector oficial de educación.

Unas 300 personas se tomaron el carril de Transmilenio el jueves, a eso de las 7 de la mañana, en la troncal de la Avenida Caracas con calle 55 Sur. La mayoría eran padres de familia y estudiantes del colegio Andrés Escobar, uno de los 82 planteles privados que dejarán de prestarle servicios a la Secretaría de Educación.

La imagen de los padres de familia recreó las mismas escenas ocurridas hace exactamente un año, cuando el entonces secretario de Educación, Ricardo Sánchez, pretendió cerrar 18 mil cupos en colegios privados en zonas donde el Distrito tiene capacidad de oferta. En ese entonces, las protestas y los bloqueos a Transmilenio fueron tan dramáticos, que la alcaldesa Clara López se vio obligada a echar para atrás la medida de su secretario. Y el problema de los colegios contratados siguió en curso.

Durante todo 2012, los funcionarios de la Dirección de Cobertura de la Secretaría de Educación han venido tomando importantes medidas para corregir muchas de las perversiones de un sistema que, como reveló El Espectador hace dos meses, se salió de control.

Dichas medidas incluyeron la implementación de visitas de auditoría a los colegios privados que le ofrecen cupos al Distrito. Visitas que desataron serias tensiones en el gremio y que terminaron con amenazas de muerte contra la directora de Cobertura, María Elvira Carvajal, y otros funcionarios de la entidad.

Como resultado de estos esfuerzos, esta semana la Secretaría de Educación anunció que 82 colegios de los 267 que le prestaban servicios al Distrito saldrán del Banco de Oferentes (herramienta a través de la cual se determinan los colegios que ofrecerán cupos año a año).

Según información oficial de la SED, 17 colegios no se postularon a la convocatoria de este año, 36 no presentaron la información completa y 29 se encuentran en Unidades de Planeación Zonal que cuentan con cupos oficiales.

En total, la suma de niños que estudian en los colegios que no fueron admitidos asciende a 11.401. Lo que podría provocar nuevos brotes de protesta y malestar entre padres de familia y alumnos. ¿Cómo vaa hacer la Secretaría de Educación para evitar lo que ya vivió la ciudad en diciembre de 2011?

El subsecretario de Acceso y Permanencia, José Alfredo Soto, asegura que, a diferencia del año pasado, este año “no se trata de cerrar cupos, sino hacer una evaluación de los colegios que prestan el servicio y quedarnos con los mejores”.

En esta medida, a diferencia de lo ocurrido en diciembre de 2011, no todos los estudiantes estarían siendo obligados a pasar al régimen oficial.

No obstante, Soto es enfático en asegurar que la intención de la SED es hacer uso de la oferta oficial en aquellas zonas de la ciudad donde haya capacidad de oferta.

“Vamos a hacer todo el esfuerzo para llenar los cupos de los colegios distritales. Si un niño se queda sin un cupo en un colegio público cercano a su casa, recibirá un subsidio de transporte o será trasladado en ruta escolar”.

En la Secretaría de Educación saben que el proceso —una vez se conozca la lista oficial de colegios contratados, el 30 de noviembre— no será fácil. Como ocurrió el viernes con los padres del colegió Andrés Escobar, la primera reacción de los padres es salir a protestar por el futuro escolar de sus hijos.

El subsecretario Soto asegura que en los casos en que haya malestar se hará un esfuerzo mayor en explicarles a los padres que de lo que se trata es de buscarle “el mejor cupo a su hijo”.

En las últimas semanas, los equipos de auditores de la SED han hecho visitas individuales a los colegios, realizando largas evaluaciones cualitativas con estudiantes, maestros y padres de familia. Las visitas toman un día y resultan mucho más completas que las evaluaciones virtuales realizadas en el pasado, cuando en la SED reinaban estructuras irregulares de asignación de cupos, tal como lo denunció este diario.

De hecho, el representante a la Cámara Guillermo Rivera prepara un debate de control político sobre la realidad de los colegios en convenio en Bogotá y presuntas “roscas” que se fueron formando por años con la complicidad de funcionarios, rectores y políticos de la ciudad.