Sucia relación

El Acueducto de Bogotá ha recibido más de 10 propuestas de empresas privadas para prestar el servicio de aseo en la ciudad bajo el esquema de Petro. / Gustavo Torrijos

Durante las últimas semanas —y a petición de los mismos operadores— el gerente de la EAAB, Diego Bravo, se ha reunido con representantes del empresario William Vélez y el resto de empresas operadoras de aseo en la ciudad, como parte de una estrategia para reducir el traumatismo que pueda llegar a generar el paso a un modelo público de aseo desde el 18 de diciembre. El Espectador pudo confirmar que, de hecho, son diez los grupos privados que han dialogado con la EAAB para ofrecer sus servicios, entre ellos Lime, Ciudad Limpia, Atesa y Aseo Capital, actuales operadores de la ciudad.

Las ‘conversaciones de paz’ que vienen adelantando desde hace aproximadamente un mes los actuales contratistas de aseo con el Distrito no estaban siendo nada fáciles, no sólo por lo que implica para los privados el que el Distrito pretenda quitarles su posición dominante, sino porque el mismo alcalde —quien públicamente ha insultado y acusado más de una vez a los operadores privados— se resistía a sentarse a dialogar con éstos.

Y, sin embargo, a comienzos de esta semana las cosas marchaban relativamente bien. Hasta que llegó el miércoles 21 de noviembre. Ese día, desde las siete de la mañana, se empezaron a caldear los ánimos entre el Distrito y el Gobierno Nacional. Esto gracias a unas declaraciones que Gina Parody, alta consejera para Bogotá, dio a Blu Radio, en las que afirmó que si el Acueducto no garantizaba el servicio de aseo a partir del 18 de diciembre, el Gobierno intervendría a la empresa.

Los mensajes de Parody no sólo inyectaron más incertidumbre a la ciudadanía —que no tiene claro qué pasa en torno al tema—, sino también a los mismos operadores quienes, aunque apoyan la teoría de que en el negocio de la basura en Bogotá rige la libre competencia —lo cual es sumamente beneficioso para éstos—, no saben a ciencia cierta si en la ciudad se aplicaría o no este esquema o el planteado por Petro. Por algo están jugando por varios frentes: han enviado cartas a diferentes ediles de la ciudad invitándolos a que convoquen a la comunidad a sentarse a negociar con ellos la tarifa y la prestación del servicio como si fuera un hecho el tema de la libre competencia, según denuncias del mismo Gustavo Petro. Y, a su vez, adelantan posibles negociaciones con su contrincante número uno, el Distrito.

Este diario consultó a los operadores actuales sobre las denuncias de Petro antes mencionadas en este artículo. Ivonne Aristizábal, asesora jurídica y vocera de las cuatro empresas privadas que prestan el servicio (Ciudad Limpia, Lime, Aseo Capital y Atesa), explicó que “la empresa que considere operar el servicio de aseo, recolección y barrido dentro del marco de la libre competencia debe acogerse a la ley y realizar las tareas de socialización tarifaria. Es por esta razón que se han convocado a los ediles y líderes de las localidades para cumplir con la ley y poder operar. Entonces de ninguna manera se están realizando tareas ilegales, como se refiere el alcalde Petro. Actuamos única y exclusivamente dentro de la normatividad legal vigente”.

Las declaraciones de Parody y la visita de la Superintendencia a la empresa produjeron un ambiente adverso para que fuese posible la realización de una reunión planeada para ese día entre el gerente del Acueducto y el empresario William Vélez, dueño de una de las empresas que presta actualmente el servicio. Esto fue corroborado por el mismo Diego Bravo, quien le aseguró a El Espectador que “sí se pudo llevar a cabo la reunión”.

Bravo aclaró que el Acueducto no está en ninguna negociación con los operadores actuales, que las reuniones que ha sostenido con éstos forman parte del proceso de montaje de la operación del 18 de diciembre, lo cual implica la escucha de propuestas de diversas empresas y contratistas del sector del aseo. El gerente agregó que “con los actuales operadores nosotros hemos destapado nuestras cartas y le hemos dado unos puntos inamovibles”.

El gerente hizo énfasis en que “el punto más importante es que ni el Distrito ni el Acueducto van a operar bajo la libre competencia. En la sentencia de la Corte Constitucional se imparte libertad para que el alcalde mayor de Bogotá elija el modelo de aseo que permita, con cargo a la tarifa, remunerar al reciclador”.

Bravo señaló que además de lo anterior, otras de las prioridades del Distrito es “darle cumplimiento a lo previsto en el plan de gobierno de Petro de financiar el concepto de área limpia y desarrollar el programa de “Basura Cero”, que orienta al aprovechamiento económico de la basura y no a enterrarla”. Bravo aseguró que a pesar de las condiciones del Distrito, “he percibido una buena disposición de los operadores en encontrar una solución para todos, creo que hay buena voluntad. Pero no estamos obligados a nada, si llegamos a acuerdo, los contratamos, si no no”.

El Acueducto planea, en el período de transición, operar directamente el servicio de aseo en más de la mitad de la ciudad y que las tres quintas partes de la ciudad sean operadas, bajo su supervisión, por empresas privadas, mientras que los recicladores tendrían exclusividad en toda la capital, tratándose de dos líneas de negocio totalmente distintas. Bravo aseguró que la inclusión de los recicladores al negocio será paulatina, metodología apoyada por Nora Padilla, mujer que dirige la actividad de más de 2.000 familias de recolectores de basura, agrupadas en la Asociación Cooperativa de Recicladores de Bogotá: “Los recicladores deben entender que esto es un proceso, que la ciudad necesita un tiempo de transición para que el nuevo esquema funcione realmente en la ciudad y para que se estructure la fórmula de cómo el Acueducto va a trasladar la remuneración a los recicladores”.

El Distrito, los recicladores y los sindicatos no son los únicos que están molestos por las opiniones de Gina Parody en radio en torno al tema de aseo. En la Superintendencia de Industria y Comercio se percibe cierto sinsabor, pues tras los comentarios de Parody la entidad quedó ante la opinión pública (por cuenta del despliegue mediático que hizo del hecho el alcalde) como una marioneta que actúa en favor de intereses de los operadores privados y del Gobierno Nacional, irrespetando la autonomía territorial que tienen los entes territoriales.

Cuando llegaron los cuatro funcionarios de la Superintendencia a hacer el back up de los archivos institucionales de la empresa y de los correos privados de algunos funcionarios, su presencia en el Acueducto fue tomada por la administración distrital como una acto abusivo de intervención y allanamiento. Y mientras los funcionarios de la Superintendencia realizaban un procedimiento rutinario, mil recicladores que estaban en un cabildo abierto en Kennedy se movilizaron hasta el Acueducto ese mismo día y la protesta casi toma forma de disturbio, hasta con intervención del Esmad.

En diálogo con El Espectador, el superintendente de Industria y Comercio, Pablo Robledo, confesó que “hubiera preferido que Gina no hubiera salido a hablar de las Superintendencia. Lo de Gina fue tan genérico como si ella hubiera dicho que la Procuraduría o la Fiscalía iban a intervenir. Antes de que ella diera esas declaraciones, nosotros ya habíamos ido a visitar a los cuatro operadores privados”.

Robledo aseguró, además, que la visita al Acueducto es producto de una investigación que lleva semanas y se declaró preocupado por la seguridad de sus funcionarios. El superintendente resumió la actuación de Gina como “una coincidencia desafortunada”.

Después del caos, al día siguiente de la visita de la Superintendencia al Acueducto, Gina Parody —a quien se le vio visiblemente nerviosa, luego de lo ocurrido el pasado miércoles— rechazó los “insultos” de Petro a Santos (insultos que el alcalde, minutos después negó), le dijo al mandatario local que “nadie lo está persiguiendo” y le pidió que “demuestre mayor cooperación para concretar la ejecución de los proyectos sin amenazas y sin chantajes”.

A estas alturas, a sólo 23 días de que se determine qué modelo de prestación de servicio entrará a operar en la ciudad, quién se quedará con el botín de la basura capitalina y cómo se incluirán a los recicladores en el negocio, hay un manto de dudas sobre si realmente existe una especie de complot por parte del Gobierno Nacional para bloquear a Petro o si es que los intereses políticos de ciertos funcionarios del Estado podrían estar nublando aún más un panorama que ya de por sí es hostil.

Duda y suspenso, son los dos componentes de este rompecabezas. La reunión de mañana entre el presidente Juan Manuel Santos y Gustavo Petro tiene en suspenso cualquier declaración o decisión de todos los actores, quienes esperan que el lunes por la tarde de este encuentro salga humo blanco para sus pretensiones. ¿Podría haber una decisión salomónica que dejara a todos contentos? El silencio reinará hasta mañana. Después vendrá el temblor.

Mientras que en su discurso público el alcalde Gustavo Petro reprocha los daños que los actuales operadores del servicio de aseo en la ciudad les han generado a los bolsillos de los bogotanos por los altos costos de las tarifas y sus exorbitantes ganancias (24% de utilidades), en reuniones a puerta cerrada esos mismos contratistas y el Distrito, a través de la Empresa de Acueducto de Bogotá, tratan de llegar a un acuerdo que le dé continuidad al servicio que prestan en la capital.

Coincidencia o no, el día en el que la Superintendencia realizó la diligencia administrativa al Acueducto, la cual ya estaba planeada para efectuarse en horas de la tarde, Parody empezó desde por la mañana a hablar de una posible intervención al Acueducto de Bogotá.