Acueducto dice tener capacidad para operar aseo

La Procuraduría cuestionó la legalidad del convenio interadministrativo que celebró la UAESP con la Empresa de Acueducto de Bogotá para que ésta última opere, por un periodo de transición de un año desde el próximo 16 de diciembre, el servicio de aseo en la ciudad. Según la Procuraduría, el Acueducto no sería la empresa idónea para prestarlo ya que no cuanta con experiencia en el negocio de aseo. Sus observaciones y recomendaciones tienen además una amenaza, aunque el mismo ente de control advierte que su concepto no es un prejuzgamiento, ya que es el Distrito el que finalmente debe tomar las decisiones como ente autónomo.

En el documento que el Ministerio Público envió al alcalde Gustavo Petro, el gerente del Acueducto, Diego Bravo, y el director de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp), Henry Romero, se cita, a modo de ejemplo y posible consecuencia, un proceso en que el que se destituyó e inhabilitó a unos funcionarios de la Unidad Administrativa de la Cámara de Representantes por celebrar un convenio interadministrativo con una empresa de capital mixto (Infotic S.A.), que, según la Procuraduría, no tenía “capacidad real para ejecutar dicho contrato y aún así se suscribió”.

En entrevista con El Espectador, Diego Bravo, gerente del Acueducto, aseguró: “No creo en amenazas. El convenio entre la Uaesp y la empresa es legal, y el Acueducto sí tiene la capacidad real para operar el servicio; de eso puede tener la plena seguridad la opinión pública. Además, la comparación que hace la Procuraduría con la empresa de Acueducto y la empresa con la cual la Unidad Administrativa de la Cámara celebró ese convenio (Infotic) no ha lugar, porque nosotros somos un gigante”.

Después de advertir sobre las posibles consecuencias disciplinarias del accionar del alcalde, del gerente del Acueducto y del director de la Uaesp, el organismo le aconseja al Distrito “analizar en qué medida esta posición disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación podría resultar aplicable al caso particular”, refiriéndose al convenio interadministrativo celebrado el 11 de octubre de 2012 entre la Uaesp y el Acueducto de Bogotá, en el que la unidad le da al Acueducto el poder para operar, vigilar y controlar el servicio de recolección de basuras en Bogotá.

La Procuraduría cuestiona la capacidad jurídica y financiera y las condiciones de experiencia que tendría el Acueducto para operar dicho servicio en la ciudad, por que “si bien en el objeto de la empresa se refiere a servicios públicos, también es cierto que, desde su existencia, no ha cumplido con la gestión y operación de aseo en el área de la ciudad de Bogotá”.

Frente a la sugerencia de la Procuraduría, Bravo señaló: “Considero que es inverosímil pensar que una empresa como el Acueducto no tenga la capacidad financiera, jurídica para incursionar en un nuevo servicio. En cuanto a la experiencia, el Acueducto es gigante y sólido, contamos con profesionales de muy alto nivel; además, la experiencia no es de las personas jurídicas, sino de las empresas especializadas en el negocio del aseo y que nosotros podemos subcontratar. Si no fuera así, jamás se podría crear una nueva empresa o una compañía cualquiera no podría crear una nueva línea de negocio. Nos estarían limitando el derecho legal a la libertad de empresa”.

En lo relacionado con el poder que se le otorgó al Acueducto para subcontratar a empresas que presten el servicio de aseo sin que éstas controlen el negocio, la Procuraduría le solicita a aquél “analizar si el hecho de tener que acudir a una subcontratación podría estar poniendo en evidencia una falta de capacidad para dar cumplimiento al objeto del contrato interadministrativo”.

El organismo recomienda además estudiar “si al utilizar la figura de subcontratación podría constituirse un esguince a la selección objetiva, pues como el contratista se rige por el derecho privado, a través de una figura de tercerización, dejará de aplicar la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, a las que, por mandato, debe someterse la Uaesp como entidad contratante”.

El gerente del Acueducto aclaró que esa recomendación no es aplicable, ya que la Uaesp no sería la entidad encargada de tercerizar el servicio de aseo sino el Acueducto: “Así lo establece el convenio interadministrativo. Además, el Acueducto no se rige por la Ley 80, sino por la 142 de servicios públicos, que da vía libre para subcontratar”.