Carrusel de la contratación habría 'tocado' al Concejo

Cuatro protagonistas del escándalo por el multimillonario desfalco a Bogotá: Inocencio Meléndez, Germán Olano, Emilio Tapia y Julio Gómez, serán llamados a declarar por la Procuraduría en el marco de la investigación formal que le abrió a 17 concejales y exconcejales del Distrito por el llamado carrusel de la contratación. Se trata de la última decisión de la justicia en desarrollo de una accidentado proceso para establecer si algunos cabildantes oficiaron como enlaces de una telaraña criminal para apoderarse de la contratación pública y defraudar al Estado.

El Espectador conoció el auto de siete páginas firmado por el procurador delegado Óscar Alfonso Rodríguez Barrera, fechado el pasado 4 de diciembre, en el que se ordena abrir investigación disciplinaria en contra de Andrés Camacho, Antonio Sanguino, Édgar Torrado, Fernando López, Fernando Rojas, Henry Castro, Hipólito Moreno, Javier Palacio, Jorge Durán, Ómar Mejía, Orlando Parada, Rafael Escrucería, Severo Correa, Wilson Duarte, Jorge Salamanca, José Juan Rodríguez y Julio César Acosta. Es decir, los mismos concejales y exconcejales que fueron citados a interrogatorio por la Fiscalía en octubre de 2011.

Para tomar esta decisión, la Procuraduría tuvo en cuenta varios artículos de prensa, visitas a la Cámara de Comercio de Bogotá para rastrear varias firmas involucradas en el escándalo, certificados de existencia y representación de otras sociedades, revisión de archivos de la Alcaldía menor de Teusaquillo, la Secretaría de Integración Social y la Contraloría. Además, se trasladaron las declaraciones del exdirector del IDU Inocencio Meléndez, el alcalde de Bogotá Gustavo Petro y los interrogatorios de los concejales tomados por la Fiscalía. Sobre esa base, el procurador Rodríguez Barrera constató que al parecer habría conductas disciplinarias irregulares, como interés indebido en la celebración de contratos o tráfico de influencias.

Según la indagación, el ente de control investigó firmas como Geos Construcciones —de propiedad del contratista Emilio Tapia, quien llegó a un acuerdo de 13 años de prisión domiciliaria a cambio de prender su ventilador—, Indecon, Unuma, Coalde, Cordeci, Corcreo, Ges, Fundación Trabajando Unidos, Undesa, Corsocial, Cae, Fundación Gobierno Estado, Comertex, Fundación Trau, Inversiones Satélite, entre otras presuntamente relacionadas con los protagonistas del carrusel de Bogotá o supuestos enlaces de los concejales.

En ese arqueo, la Procuraduría estableció contratos entre algunas de estas compañías y el Distrito, como la Secretaría de Integración Social o el Fondo de Vigilancia y Seguridad. Dichos contratos llamaron la atención del Ministerio Público, que ahora se enfoca en determinar si hubo una eventual mediación de concejales en estos negocios y si es verdad que en los tiempos de la administración del detenido exalcalde Samuel Moreno Rojas, particulares entidades de Bogotá les habrían sido escrituradas a algunos cabildantes como fortines burocráticos o a cambio de no realizar debates de control político a la Alcaldía.

La Procuraduría parece estar dispuesta a descubrir los enlaces del Concejo con millonarios negocios celebrados en la Secretaría de Salud —el exsecretario Héctor Zambrano está procesado por irregularidades en un contrato de ambulancias por $67 mil millones—, en el sector de movilidad, en la empresa de Acueducto y Alcantarillado o la Empresa de Renovación Urbana. En criterio del procurador Rodríguez Barrera, existen vacíos que no han terminado de explicar los cabildantes y excabildantes a quienes se les abrió investigación disciplinaria y, por tal razón, los citó a diligencia de versión libre.

Además, ordenó revisar los avances de la Fiscalía en el proceso del carrusel, en lo que tiene que ver con la responsabilidad de los concejales, y solicitó a la Corte Suprema las declaraciones del exrepresentante a la Cámara —también condenado— Germán Olano y de otros contratistas, denunciantes y quienes puedan tener información sobre estos hechos. La decisión fue notificada en las últimas horas a todos los involucrados y apenas trascendió a la opinión pública atizó el debate sobre un escándalo de corrupción que después de más de dos años aún sigue estancado.

De hecho, pocos días antes de que fuera removido de su cargo hace dos meses, el exfiscal José Ricardo González se aprestaba a formular imputación en contra de los concejales y exconcejales Andrés Camacho, Édgar Torrado, Orlando Parada, Hipólito Moreno, Jorge Durán Silva y Fernando Rojas. El exsecretario Héctor Zambrano también estaba en la mira de González, así como Lucy de Moreno, la esposa del excongresista Iván Moreno Rojas. El fiscal Eduardo Montealegre confirmó que la próxima semana se formulará imputación y se pedirá la medida de aseguramiento del abogado Álvaro Dávila y del contratista Julio Gómez.

Por lo pronto queda claro que se abre un nuevo capítulo judicial del llamado escándalo del carrusel de contratación de Bogotá. Los dirigentes políticos investigados siempre han negado su participación en componendas para desangrar el erario. Mientras la Fiscalía y la Procuraduría avanzan en sus pesquisas, el juicio en contra del exalcalde Samuel Moreno sigue dilatándose. El reto del Ministerio Público será establecer los supuestos tentáculos de las mafias con el Concejo.