La hora cero para la Basura Cero

Luego de seis meses de tensiones y polémicas, el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, comienza hoy una etapa definitiva para su mandato, mientras que la ciudad es testigo (y partícipe) de lo que él mismo ha llamado una “revolución” en la gestión del aseo.

Con una flota de 380 volquetas y más de 1.000 conductores, operarios y supervisores; con la aquiescencia de Ciudad Limpia (el único de los cuatro antiguos operadores que llegó a un acuerdo con el Distrito), y con todos los ojos de la oposición y los entes nacionales de control encima, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá asumirá hoy la gestión de la recolección, el barrido y la limpieza.

Pese a las buenas intenciones del alcalde —incluir económicamente a 14.000 recicladores a quienes hoy no se les paga y aumentar el porcentaje de residuos que la ciudad recupera en lugar de tirarlos al relleno sanitario Doña Juana—, la operación que comienza hoy está llena de incertidumbres.

En primera instancia, porque la administración distrital asume la operación con una flota transitoria, dado que no logró negociar con los operadores actuales ni estructuró con suficiente tiempo la compra de nuevos vehículos. Por estas razones, la gran mayoría de camiones compactadores de basura que se utilizarán en la nueva operación no han llegado a Bogotá y el Acueducto tendrá, por lo menos durante la primera semana, que recoger la basura con volquetas alquiladas.

En teoría, según ha dicho el alcalde Petro, la situación se debería normalizar en cuestión de una semana. Ese es el tiempo que se demorarían en llegar a Cartagena los 171 camiones compactadores que el Distrito les alquilará a empresarios en Nueva York y Miami, y que en estos momentos se encuentran “surcando los mares”, según palabras del mismo alcalde.

A mediano plazo (entre 60 y 120 días) deberán llegar a la ciudad 189 compactadoras Daewoo y 46 Navitrans, así como 10 volquetas Daewoo y 35 Navitrans, en las cuales el Distrito invirtió unos $80 mil millones.

¿Qué necesita la administración para salir relativamente victoriosa en esta, la parte final de la “guerra de las basuras? Sencillamente, que los ciudadanos perciban una mejoría en el servicio o, por los menos, una continuidad en los mismos. Si la basura se queda sin recoger en las calles —escenario al que le teme el alcalde— corroboraría los argumentos de todos aquellos críticos que, durante los últimos meses, han arremetido en contra del nuevo modelo del mandatario.

Igual de importante será el tratamiento que, desde ahora, les dé la administración a los residuos reciclables. La tarea, a cargo de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp), implicará cumplir con los compromisos adquiridos con los 14.000 recicladores de la ciudad (a quienes se les pagará, por primera vez en la historia, $72 mil por cada tonelada de material recuperado). Asimismo, la Uaesp tendrá que ponerse las pilas para que una ciudad de siete millones de personas, sin ninguna cultura de reciclaje, asuma el reto de separar las basuras en los hogares y las empresas.

Sólo así logrará el alcalde echar para delante el modelo de Basura Cero, esquema asumido por buena parte del mundo y que hoy tiene a ciudades como San Francisco o Los Ángeles reciclando en más del 60% de los que sus ciudadanos desechan (en Bogotá sólo se recicla el 18%, unas 1.500 toneladas).

Después de meses de tensiones, ayer el Acueducto de Bogotá vivió una jornada movida por cuenta de los últimos esfuerzos por parte de la administración distrital, para lograr que los actuales operadores accedieran a ser subcontratados por el Acueducto y ajustaran sus ganancias a las nuevas proyecciones del alcalde.

Al cierre de esta edición, sólo la empresa Ciudad Limpia, del empresario caleño Alberto Losada, había accedido a tal arreglo, de tal manera que ésta continuaría prestando el servicio en las localidades de Kennedy y Bosa (unos 300.000 usuarios). Los detalles y las condiciones de la negociación son, sin embargo, desconocidos.

Los otros tres operadores continuaban ayer en largas y discretas conversaciones con el gerente del Acueducto, Diego Bravo, para determinar si aceptaban este nuevo escenario. Al parecer, resultaba mejor para los privados llegar a un acuerdo antes de sacar sus camiones bajo la tesis de que existe la libre competencia en la ciudad, y terminar siendo detenidos por la Policía Metropolitana de Bogotá, como es la orden del alcalde Petro.

No obstante, ni los operadores ni la Superintendencia de Servicios Públicos ni la Superintentendencia de Industria y Comercio, mucho menos la Procuraduría y la Contraloría Distrital, bajarán la guardia durante esta nueva etapa, y todas han anunciado que harán una revisión tanto de la legalidad como de la efectividad del servicio, en esta polémica nueva era para el aseo en la ciudad.