Críticas al fracasado plan de basuras de Petro

Foto: Daniel Iannini/El Espectador.

Dos días fueron suficientes para que el alcalde Gustavo Petro se diera cuenta que el nuevo esquema de aseo propuesto no funcionaba. La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), a través de su filial Aguas Bogotá, no fue capaz de recoger las más de siete mil toneladas diarias de basura que produce la capital y fue necesario volver a contratar a los privados para que se encarguen de la prestación del servicio en la mitad de la ciudad.

El concejal Javier Palacio Mejía se pronunció al respecto y aseguró que Bogotá se encuentra frente a un Gobierno “déspota, voluntarioso, temerario, incapaz de aceptar las críticas, poco abierto a la concertación, falto de autocrítica, con vocación de víctima, pero con un determinismo indescriptible para amenazar, cooptar, inadvertir las leyes y la Constitución Política”.

El cabildante Palacio criticó que el pasado 21 de noviembre, día en que la Superintendencia de Industria y Comercio visitó sorpresivamente al Acueducto, el alcalde haya escrito a través de su cuenta de Twitter: “El paso que ha dado la Superintendencia sobre la EAAB es definitivo. Están defendiendo la mafia paramilitar".

Para Palacio, es sorprendente que días después se hayan suscrito contratos con los antiguos operadores del sistema de recolección de basuras.

“Lo que aún es difícil de vislumbrar es lo concerniente a que si el alcalde y el gerente del Acueducto (Diego Bravo) se están reuniendo con mafiosos paramilitares para ofrecerles la prestación del servicio de aseo de la Capital, o nos encontramos frente a un escenario de concierto para delinquir o las denuncias del alcalde eran falsas y calumniosas, únicamente encaminadas al cumplimiento de un capricho que a todas luces es más claro, saltarse los procedimientos de contratación pública y contratar a dedo bajo sus condicionamientos”, dijo enfáticamente Palacio.

Frente al nuevo esquema de aseo propuesto por Petro, el concejal Marco Fidel Ramírez señaló que “no se puede improvisar con un tema tan importante para el bienestar y la salud de los habitantes de la capital y mucho menos pretender que se debe esperar a que todo se decante. La ciudad se merece la mejor atención por parte de la administración y no estar apagando incendios bajo el pretexto de una cultura ambientalista que no se puede cambiar por decreto de la noche a la mañana y contratando a última hora servicio de recolectores y flotillas de emergencia para que vayan a los barrios a recoger la basura”.

El concejal Orlando Parada ha dicho que el “decreto está viciado por la ilegalidad, irregularidad, falta motivación y abuso del poder”.

Ante un juez administrativo, Parada solicitó la suspensión provisional del Decreto 564 de 2012 relacionado con la prestación del servicio de aseo en la ciudad. “La decisión adoptada por Gustavo Petro contraría disposiciones de orden constitucional y legal, desconoce el contenido de los pronunciamientos de la Corte Constitucional, los fines de la función administrativa, con el agravante del abuso de la posición dominante y pone en riesgo el patrimonio de la ciudad, so pretexto de dar cumplimiento a un fallo Constitucional”.

El cabildante Parada asegura que el alcalde, a través de su decreto, “viola normas superiores como la ley de servicios públicos que establece la libre competencia”.

Finalmente, el concejal Javier Palacio señaló que lo paradójico de todo es que “ni recicladores ni carreteros, quienes han sido vilmente utilizados por el alcalde para satisfacer sus caprichos en este particular tema, han sido beneficiados ni beneficiarios del cambio en la prestación del servicio de aseo en la capital”.

El alcalde Gustavo Petro anunció este miércoles en la noche la firma de un contrato de operación con las empresas de aseo Lime y Aseo Capital con el fin de evitar una situación traumática en los días de navidad, en los que históricamente se producen alrededor de 8 mil toneladas de basuras diarias.

El burgomaestre capitalino explicó que los contratos firmados no son de concesión sino de operación y que serán vigentes por un año, mientras se espera que la Comisión Reguladora de Agua y Aseo expida la territorialización de las zonas de uso exclusivo y la fórmula tarifaria que permita la inclusión de la población recicladora.