Empresas de vigilancia proponen integrarse a Policía en Bogotá

Miguel Ángel Díaz, gerente de la empresa Andina de Seguridad. / David Campuzano

Durante los meses de campaña que antecedieron, en 2011, a la elección de Gustavo Petro como alcalde de Bogotá, el entonces candidato progresista habló en más de un escenario sobre una propuesta para reducir la inseguridad en Bogotá: integrar, de algún modo (nunca lo dijo con claridad) a los vigilantes privados de la ciudad con la Policía Metropolitana de Bogotá.

Entonces, la propuesta no tuvo mayor eco. Y, en cambio, sí recibió la crítica dura de sus contrincantes en campaña, entre ellos Aurelio Suárez y Gina Parody, que en su momento compararon la iniciativa con viejas políticas de Álvaro Uribe, advirtieron que “vincular a los taxistas y vigilantes en una red se asemeja al primer paso de las Convivir”.

Un año después de llegado Petro a la alcaldía, y cuando ya se ha hecho evidente que el tema de los vigilantes privados se quedará como una propuesta más de campaña (no hay ni rastro de ésta en el Plan de Desarrollo), un empresario de la seguridad privada en Bogotá quiere insistir en la iniciativa. Dice que es de su autoría, y que fue retomada por el candidato Petro luego de que se reunieran una única vez, durante la campaña de 2011.

La idea de Miguel Ángel Díaz, gerente de la empresa Andina de Seguridad, es muy sencilla: mientras que Bogotá tiene 20.000 policías, las empresas de seguridad privada en la capital reúnen un pie de fuerza de 110.000 hombres y mujeres.

La mayoría de estas personas están empleadas en tareas de vigilancia de puertas para adentro: lo que sucede en la calle o en el local o conjunto vecino, no les incumbe; son islotes separados que comparten información entre los miembros de su respectiva empresa pero no lo hacen sistemáticamente con la Fuerza Pública.

En momentos en que se ha puesto de moda el concepto de alianza público privada, luego de aprobada la Ley 1508 de 2012, que las regula, Díaz quiere hacer uso de la nueva herramienta para que el Distrito –ojalá a través de una Secretaría de Seguridad, cuya estructuración no ha logrado si quiera ser aprobada por el Concejo- haga uso de la capacidad de pie de fuerza de los privados para reducir hurtos y otros crímenes menores cuyas tasas no han bajado con tanto éxito como la de homicidios.

Según el gerente de Andina de Seguridad –que dice hablar a nombre del gremio- en Bogotá hay 560 empresas de vigilancia. Además de su pie de fuerza, el sector estaría dispuesto a aportar otros recursos, entre ellos 800 vehículos de patrullaje, 3.500 radios de comunicación y 30.000 cámaras de videovigilancia.

“Nosotros queremos que la Alcaldía conecte todos los sistemas de cámaras que ha comprado el Fondo de Vigilancia a los circuitos que tiene el sector privado. Y que podamos crear una sola red de información a la que el ciudadano pueda, incluso, acceder”, asegura Díaz, quien ha pedido varias citas a la Alcaldía y la Secretaría de Gobierno, sin éxito.

Todo esto suena muy bien. Pero, ¿a qué precio? Díaz asegura que realizar este ejercicio de integración implica una inversión importante en materia de software para homologar los sistemas de la Mebog y los privados. Inversión que podría rodear los $120 mil millones de pesos (un 10% del presupuesto anual del Fondo de Vigilancia y Seguridad).

Consultados sobre este tema, funcionarios de la administración le aseguraron a este diario que la propuesta del alcalde Petro no ha sido desarrollada. De hecho, la Administración tiene, primero, que sacar adelante la creación de la Secretaría de Seguridad, iniciativa que lleva embolatada en el Concejo más de un año sin que nadie termine de comprender por qué.