Los incómodos escoltas de un exmagistrado

El exmagistrado Yesid Ramírez, quien en 2006, cuando ejercía como magistrado de la Corte Suprema de Justicia, protagonizó un duro enfrentamiento con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, ahora enfrenta otra polémica, esta vez no política, pero tal vez más incómoda, con sus 194 vecinos que comparten el conjunto residencial donde habita. Sus 14 escoltas son la manzana de la discordia.

En un condominio en el occidente de Bogotá vive desde hace siete años Ramírez, quien fue magistrado de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Por el alto cargo que desempeñaba, el entonces Ministerio del Interior y de Justicia dispuso para él un esquema de seguridad que aún lo acompaña las 24 horas del día.

Inicialmente eran seis escoltas, hoy son 14, los que comparten las áreas comunes con los vecinos del extogado. Éstos, molestos por el comportamiento “indebido” de los uniformados, llamaron la atención de Ana Lucía Cataño, administradora del conjunto residencial, para manifestarle las incomodidades que les generaba la presencia constante de los policías.

El problema, según Cataño, no es que los escoltas compartan áreas comunes, sino su conducta, sobre la cual ha recibido quejas en diferentes oportunidades.

“Los papás están incómodos porque cuando las niñas jovencitas caminan frente a ellos, los escoltas les dicen una cantidad de improperios, piropos que son salidos de tono. Las abuelitas o mamás que están esperando a los niños de la ruta del colegio tienen que estar paradas en la portería mientras los escoltas están sentados en las sillas. No dejan trabajar a los vigilantes por las continuas charlas; los están distrayendo todo el tiempo”, dice la administradora.

En un principio, y para evitar roces con Ramírez, la administración decidió cederle al exmagistrado el salón comunal del condominio para que sus escoltas permanecieran allí y no estuvieran en la portería o a la intemperie, siempre y cuando cumplieran con el compromiso de mantener la sede social en perfectas condiciones.

Pasaron ocho meses y las quejas del vecindario no pararon. “Empezamos a tener problemas de aseo en los baños, fumaban dentro del salón y otras cosas, y por esa razón se les quitó la sede social. El 27 de agosto del año pasado le envié una carta al exmagistrado diciéndole que no le prestaba más el salón debido al desaseo que se estaba presentando”, asegura Cataño.

Tras enterarse de la decisión de la administración, Ramírez interpuso una acción de tutela contra Ana Cataño Pinilla, administradora del conjunto, y Rafael Cortés Garnica, presidente del consejo de administración, argumentando que se le estaba violando el derecho a la vida.

Ramírez ganó la tutela. La juez Doris Rocío García Rincón revocó la decisión tomada por Cataño, que prohibía a los hombres de seguridad del extogado permanecer en el salón social o en la portería. “La administración del conjunto deberá continuar con el permiso que de tiempo atrás había otorgado para la permanencia de los escoltas en ese salón durante sus jornadas laborales y sólo para permanecer allí, sin que ello genere cobro adicional a la cuota ordinaria de administración para el accionante”.

El exmagistrado Ramírez, en diálogo con El Espectador, puntualizó que recurrió a una acción constitucional al considerar que la decisión de la administradora había sido arbitraria. “Yo soy protegido de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La juez, que por cierto no la conozco, encontró justa mi petición. Ellos apelaron; esperemos a ver qué dice el circuito y posteriormente la Corte Constitucional”.

Luego del fallo, la molestia afloró de inmediato. “Está violando el derecho de propiedad a 194 unidades de vivienda más. En la tutela se le explicó a la juez que eso no es un bien privado, yo no lo puedo dar como exclusividad porque es un bien común”, dijo Cataño.

A su vez, el presidente del consejo de administración, Rafael Cortés, dice que “aquí nadie le ha vulnerado el derecho a la vida al exmagistrado. En cambio, la juez terminó despojando a los otros 194 propietarios de los derechos de uso y goce, usurpando el derecho de disposición que todos tenemos sobre el bien”.

Molesto, agrega: “La juez no podía, de la forma arbitraria que lo hizo, destinar el salón al uso de los escoltas y menos regular la forma de ese uso adjudicándoselo por tiempo indefinido y de forma gratuita. Violó todo lo que quiso”.

Rafael Cortés, abogado, explica que si un bien común quiere destinarse al uso privado de alguien, debe reunirse la asamblea de propietarios para que sean ellos quienes determinen si es posible o no.

Ana Cataño impugnó el fallo de tutela argumentando que ella no puede disponer de un bien común que es de 195 unidades de vivienda y no sólo de una. Ahora está a la espera del resultado.

Su alegato señala que el propio Ministerio de Defensa, en una carta enviada al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Jaime Alberto Arrubla Paucar, el 28 de septiembre de 2010, señala que es el Ministerio del Interior y de Justicia quien debe facilitar “los medios logísticos” para la seguridad del magistrado, no el conjunto residencial donde habita.

Más quejas

Víctor Rodríguez, otro vecino del condominio dice que  “es ofensivo que con un fallo se pasen por la faja la Constitución y la Ley, pero además, que los 194 copropietarios signifiquemos un cero a la izquierda para la señora juez. Estamos sometidos a un capricho de una persona que se está prevaliendo de un poder”.

María Isabel Lineros, propietaria de uno de los apartamentos, indicó que el problema no solo era el comportamiento de los escoltas, sino también la forma de actuar del exmagistrado, que cuando quería disponer del gimnasio del conjunto pedía que le desocuparan el lugar para que pudiera hacer ejercicio sin la presencia de nadie; únicamente la de sus hombres. Lo cual califica como un “atropello”.

Al respecto, el exmagistrado Ramírez asegura que jamás ha hecho algo así y que en varias oportunidades ha compartido ese espacio con otras personas. 

Twitter: @PaulaCastilloL