"Ya no nos sirven los discursos del alcalde"

La Procuraduría advierte a la Corte Constitucional que no hay recursos suficientes para que la UAESP cumpla con la ejecución del plan de inclusión de recicladores y advierte pocos avances en las metas presentadas al Alto Tribunal.

Después de que el alcalde Gustavo Petro cambiara el modelo de aseo que venía implementándose en la ciudad, con el argumento de que éste impedía cumplir con la orden de la Corte Constitucional de incluir a la población recicladora en el multimillonario negocio de la basura en Bogotá, hoy este proceso se está realizando a paso lento y sin la aprobación de la comunidad de recicladores.

En el tercer informe de seguimiento al esquema de metas de corto plazo, elaborado por el Distrito a favor de la población recicladora, la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública le advierte al Alto Tribunal que “las metas pilares del esquema no se encuentran avances significativos, teniendo en cuenta que a la fecha no se ha constituido la primera organización autorizada (de recicladores)”.

El Ministerio Público señala además que no se cuenta con los centros de acopio en donde se van a vincular a los recicladores con trabajos formales. Lo más grave es que para el organismo disciplinario “no es claro cómo se va reconocer la remuneración a los recicladores en el esquema transitorio empleado por el Distrito”, modelo público que empezó a operar el 18 de diciembre del año pasado.

El Espectador Consultó a Silvio Ruíz, líder de la de Asociación de Recicladores de Bogotá (ARB), sobre cómo va el proceso de vinculación de los recicladores tanto en el esquema transitorio de aseo como en la futura licitación para adjudicar las seis zonas de servicio exclusivo de aseo en las que está dividida la ciudad.
Ruíz asegura que en este proceso hay tanto avances como retrocesos. El líder reciclador aplaude que el Distrito indemnice a cerca de 2.900 carreteros por sustituir sus vehículos de tracción animal. También le parece positivo que la administración quiera remunerar por una tonelada de reciclaje lo mismo que paga por una de basura, y que ese pago se haga directamente a cada reciclador ya que, según él, esto evitará que organizaciones de recicladores fachadas se aprovechen de lo ordenado por la Corte Constitucional.

Ruíz también celebra que la administración permitiera la modificación del decreto 456 de 2010 que ordenaba el cerramiento de muchas bodegas de reciclaje, ya que éstas no cumplen con lo ordenado por el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), pues algunas están ubicadas en sitios no aptos para ese tipo de uso de suelo. Hasta el 2 de marzo, el Distrito tiene tiempo para modificar dicho decreto.

Pero todo no es color de rosa para los recicladores. Después de la luna de miel que vivieron con Petro en diciembre de 2012, mes en el que un ejército de recicladores batallaba frente a las instalaciones de la Empresa de Acueducto de Bogotá por la independencia que tenía la ciudad para tomar sus propias decisiones, hoy ellos mismos están por salir a marchar el 1 de marzo de 2013, Día Nacional del Reciclador, a exigir sus derechos. Lo harán porque hoy, después de librar peleas en juzgados y hasta en la Corte Constitucional, no saben en qué situación están ni para dónde van.

Desde que Guillermo Asprilla, secretario de Gobierno del Distrito, salió de la dirección de la Unidad Administrativa de Servicios Públicos (UAESP) para hacer parte del gabinete de Gobierno, los recicladores sienten que cayeron en un limbo. Por lo menos eso es lo que dice Ruíz en representación de los 2.111 recicladores y 19 organizaciones que agremia la Asociación de Recicladores de Bogotá (ARB), sobre todo en lo concerniente al proceso de verificación de las organizaciones de recicladores que fue ordenada por la Corte en el auto 275 de 2011.

Ruíz asegura que en abril de 2011 el Distrito empezó con esta tarea y registró 288 organizaciones, de las cuales sólo 29 sí estaban bajo la formalización laboral y los requisitos de ley. El siguiente paso era iniciar la verificación de la existencia y tradición de estas organizaciones, excluir las tramposas y apoyar a las legítimas para que se formalicen. Pero este líder reciclador afirma que una vez Asprilla cruzó las puertas de la Unidad, el tema se paralizó. Las relaciones con Henry Romero, quien asumió la dirección de la UAESP, nunca fueron las mejores. Y con Nelly Mogollón, actual directora, ni siquiera se han sentado hablar la primera vez desde que ésta ocupó el cargo en diciembre pasado.

Una de las cosas que más inquieta a Ruíz es que no se haga efectivo el pago de las toneladas recicladas y dispuestas en las bodegas registradas ante el Distrito, sobretodo porque está enterado de que para la Procuraduría no es claro, con la entrada de los operadores privados al nuevo esquema, quién será el responsable de remunerar a los recicladores. Pago que debe hacerse a más tardar el 15 de febrero y consiste en la cancelación bimensual de los servicios prestados por recicladores entre el 18 de diciembre hasta esa fecha. La cancelación de la cantidad de toneladas recicladas dependerá en gran medida del número que las bodegas reporten ante el Distrito y la planeación y el cumplimiento de la administración de Gustavo Petro. A diez días de cumplirse el pago, el valor por tonelada reciclado todavía no está establecido, dicen que puede estar entre los $73.000 y los $85.000.

“Nos preocupa que hasta la fecha sólo se hayan registrado 542 bodegas, que representan un 65% de la totalidad que existen en Bogotá (1.580). El Distrito ha ampliado los plazos de inscripción dos veces, el último fue hasta el 5 de enero, sin embargo la demanda no fue satisfactoria, igual que con los recicladores. Yo creo que cuando los que no quisieron inscribirse vean que nos están pagando, la gente se va a motivar y a participar”, afirma Silvio Ruíz.

Ruíz espera que los recicladores que vienen prestando el servicio desde el 18 de diciembre, no cuenten con la misma suerte que tuvieron más de 120 compañeros que ayudaron, en medio del fracaso de Aguas de Bogotá, al alcalde Gustavo Petro a conjurar las crisis barriendo algunos puntos del centro de la ciudad, como la Candelaria. A la fecha, van a cumplir dos meses de haber prestado sus servicios y ni Aguas de Bogotá ni la UAESP les responden por lo adeudado.

La misma Asociación de Recicladores (ARB) de Bogotá les pidió a algunos de sus miembros que, por un tiempo, con palas, escobas, vehículos y bolsas propias barrieran las calles céntricas de la capital de la república, hasta que Aguas de Bogotá les entregaran los implementos de trabajo. Y así fue. Barrieron desde el 18 hasta el 22 de diciembre. Dejaron de barrer, recoger, acumular y trasportar basura cuando el Distrito terminó negociando con dos de los cuatro operadores privados la prestación del servicio en algunos sectores de la ciudad, a cargo del operador público Aguas de Bogotá, hasta que éste estuviera listo para prestar el servicio en esos puntos.
Finalmente, según Ruíz, a la ARB le tocó pagar de su bolsillo casi $20 millones. El líder cuenta que con la misma suerte corrió un grupo de recicladores del sector de La Igualdad. quienes aparte de barrer calles, decidieron llevar la basura y acumularla en su propio sector para que la ciudad se viera limpia, y darle tiempo a Aguas de Bogotá a que tuvieran las volquetas en qué recogerlas.

Además, Ruíz sabe que la Procuraduría le advirtió a la Corte Constitucional que no hay recursos con qué financiar la ejecución del plan de inclusión de su comunidad, y que fue la misma UAESP la que le explicó a funcionarios del Ministerio Público que la ejecución de éste ha sido lento debido a que no tienen presupuesto. La Procuraduría en su informe a la Corte Constitucional señala que “tras nueve meses de ejecución del esquema, parece que aún no se ha planeado la financiación que el Distrito presentó ante la Corte”.

Teniendo en cuenta lo anterior, Ruíz cuestiona que el Distrito está invirtiendo en tres localidades (Suba, Ciudad Bolívar y Mártires) cerca de $900 millones para la creación de nuevas organizaciones de recicladores, cuando ya existe una como la de ellos que y tiene más de una década peleando por el restablecimiento de sus derechos. Ruíz sospecha que el Distrito quiere sacar a las organizaciones y recicladores tradicionales para meter a unos nuevos. “Nosotros pedimos que el Distrito modificara el Plan de Inclusión que había presentado a la Corte. Nos parece insólito y frustrante saber que el Distrito quiere crear y registrar a solo 60 bodegas, 60 organizaciones de recicladores de cero kilómetros y 6 parques de reciclaje. Quieren castigar y sacar a la cadena popular de recicladores que han trabajado de generación a generación”.

La Procuraduría, partiendo del esquema de inclusión presentado por el Distrito, hace énfasis en que la administración ha tenido dificultades con la identificación de los lotes dónde se construirían y funcionarían los parques de reciclaje. “Asimismo, cómo operará la comercialización de los residuos recuperables y cómo se beneficiará la población recicladora”.

Los recicladores no sólo reclaman al Distrito acciones afirmativas a favor de los derechos que les fueron reconocidos por la Corte, también tienen conflictos con el operador público de aseo, la empresa filial del Acueducto y Aguas de Bogotá. Según Ruíz, Aguas de Bogotá está recogiendo reciclaje y los operarios lo están vendiendo en las bodegas. “No sabes si es que es una política de Aguas de Bogotá, del alcalde o será picardía de los operarios”.

Aunque El Espectador trató de consultar a Nelly Mogollón, directora de la UAESP, no fue posible comunicarse con la funcionaria. Sin embargo, el periódico recopila algunas de las declaraciones que la directora ha dicho públicamente sobre el Plan de Inclusión de recicladores:

Mogollón ha explicado que la inclusión de recicladores en el transitorio esquema público de aseo será de la siguiente manera: “Vamos a preservar las mismas rutas que se venían realizando hasta el momento. La idea es que en esta etapa de transición partimos de las condiciones actuales. Los recicladores durante estos años se han organizado de manera eficiente”. La directora de la UAESP ha dicho que a los recicladores se les pagará $85.000 por tonelada. Y en cuanto a la construcción de los seis parques de reciclaje, el Distrito invertirá $25.000 millones. Mogollón ha dicho que la construcción de estos tardará cerca de dos años.