El Ejército también quería montar en moto

Las motos eléctricas adquiridas por el FVS para el patrullaje policial. / Andrés Torres

Antes de que el Fondo de Vigilancia y Seguridad (FVS) recibiera el requerimiento de la Policía Metropolitana de Bogotá (Mebog) para la compra de 100 motos eléctricas, el Ejército ya había enviado uno por 150, que no fue tramitado. Varias inconsistencias surgen sobre dicho documento, presentado por el comandante de la Brigada XIII.

Durante el último mes ha cobrado relevancia un contrato del Distrito con Northbound Technologies para la adquisición de 100 motos eléctricas destinadas al patrullaje policial. La actual gerente del FVS, Natalia de la Vega, anunció que buscaría la nulidad del contrato luego de que la entidad acogiera un informe de la Contraloría en el que se denunciaba que el proceso estaba dirigido a un tipo específico de motos desde el momento en que la Policía las pidió y que la empresa contratante había presentado cotizaciones ante el FVS antes de que llegara el requerimiento de la Mebog, cuando ella no estaba al frente de la entidad.

Pero el requerimiento de la Policía no era el único. Este diario tuvo acceso a un documento firmado por el brigadier general Gabriel Pinilla en el que, a nombre de la Brigada XIII del Ejército, pide 150 motos Zero DS, la misma referencia que fue comprada para la Policía. Además, así como el requerimiento de la Policía estaba dirigiendo la compra al especificar características que solo esa referencia de motos cumplía, el del Ejército lo hizo especificando modelo y marca.

Ese documento fue radicado ante el FVS el 24 de abril de 2012, cuando su gerente era César Manrique, es decir, cuatro meses antes de que la Policía le pidiera a la entidad que comprara las 100 motos para patrullaje, el 3 de agosto del año pasado. Hasta hoy, las motos que pidió el Ejército no han sido compradas, ni existe un proceso de compra en el FVS.

“Nosotros no impusimos nada. Ese requerimiento se hizo con base en una información de que existían unas motos que servían para patrullaje, y luego no nos respondieron. El Ejército no tiene motos eléctricas en la actualidad”, le dijo el general Pinilla a este diario.

Sin embargo, al ser cuestionado sobre qué entidad, funcionario o particular le hizo la sugerencia al Ejército, el general contestó: “No recuerdo”.

Ahí no paran las irregularidades. De acuerdo con funcionarios cercanos a Natalia de la Vega, el requerimiento del Ejército hacía parte de la carpeta del contrato que se firmó con la Policía, en el aparte de estudios previos, o de factibilidad, del proceso. No obstante, ese folio, y otras 20 páginas, no se encuentran en la carpeta actual, según las mismas personas. “Las desaparecieron”, afirmaron.

Pero resulta que en abril, por los mismos días en que el Ejército pedía las motos, Northbound Technologies S.A., según su actual gerente, Carlos Vaca, ya le había presentado las motos al Distrito. “Las motos le fueron ofrecidas al alcalde mayor, Gustavo Petro, quien afirmó que comprar o no las motos no dependía de su despacho sino del Fondo de Vigilancia y Seguridad. Manrique, gerente del FVS, nos dijo que la entidad no podía entrar a tramitar una compra hasta tanto no existiera un requerimiento expreso de la Policía”, dijo Vaca a este diario el 6 de febrero.

Los hechos generan un gran interrogante: ¿quién le sugirió al general las motos? Lo cierto es que las de Northbound ya estaban rodando por los despachos de varios funcionarios antes de que fueran compradas.