No hay quien tape tanto hueco

Como esta calle, que es un sólo hueco, en el sector de El Chicó, el 62% de la malla vial local está en mal estado. / David Campuzano

Arranquemos con una calle cualquiera. Arranquemos, por ejemplo, con la que aparece en la foto que acompaña este artículo: dos cuadras de huecos casi ininterrumpidos, que por meses han estado ahí, en la carrera 19 con calle 93. La calle de la foto es una de muchas. En toda la ciudad, 7.344 kilómetros de vías locales están en mal estado y otros 1.957 en estado regular. Si hacemos la suma, según las cifras del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), el 86% de las calles de Bogotá necesitan ser rehabilitadas (reconstruidas, generalmente) o recibir mantenimiento.

Ahora bien, si un ciudadano del común, cansado de ver el hueco de la foto todos los días, se acercara al IDU para exigir que la calle sea rehabilitada, la entidad respondería que no, que esa no es su función, pues el IDU pavimenta las grandes avenidas y aquellas vías por las que transita el Sistema Integrado de Transporte. En suma, el IDU sólo responde por el 44% de las vías de la ciudad. El resto —descontando las rurales, que equivalen al 3%— están en manos de las alcaldías menores.

Entonces el ciudadano se dirigiría a la Alcaldía local de Chapinero. Allí se encontraría con dos respuestas. La primera: como sólo hay dinero para arreglar dos de cada diez calles de la ciudad, la vía será arreglada en 2013 si se encuentra en el grupo de 1.976 segmentos que el año pasado, a través de una serie de cabildos ciudadanos convocados por la administración central, fueron seleccionados para ser intervenidos. La segunda: que aun si la vía fue incluida, no podrá ser reparada por ahora, porque la Secretaría de Gobierno, hasta el viernes de la semana pasada, no los dejaba usar los recursos de los fondos de desarrollo local destinados para tal fin.

En los últimos siete meses han sido muy pocos los huecos de la ciudad que han sido tapados o las calles deterioradas que han sido reconstruidas. Lo confirman las cifras de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial (Uaermv): mientras que en 2010 se arreglaron 659 kilómetros de vías, el año pasado fueron intervenidas 148 km.

Con un agravante: dos terceras partes de los arreglos se realizaron cuando aún estaba vigente el Plan de Desarrollo del alcalde Samuel Moreno. De hecho, si se compara la ejecución del primer semestre del anterior gobierno con el primer semestre del actual, el atraso es aún más evidente: mientras que la administración Moreno rehabilitó y dio mantenimiento a 388 kilómetros durante el segundo semestre de 2008, la administración Petro sólo intervino 46 km el semestre pasado. ¿Qué sucedió?

En junio del año pasado los alcaldes locales recibieron la orden del secretario de Gobierno, Guillermo Asprilla, de no ejecutar el 40% de su presupuesto hasta que el Distrito llevara a cabo un ambicioso plan de reestructuración que buscaba, según se planteó entonces, hacer más eficiente la utilización de esos recursos.

La administración tenía buenas intenciones, asegura Asprilla. “Por un lado, buscamos garantizar recursos para malla vial y logramos subir al 40% el porcentaje que los fondos de desarrollo local destinaban para este fin”, asegura.

Asimismo, explica María Gilma Gómez, directora de la Uaermv, el proyecto de la administración buscaba centralizar los recursos, crear unidades de mantenimiento local ejecutadas por el Estado y “lograr una economía de escala” en la contratación de personal y compra de insumos.

Así que desde junio de 2012 los alcaldes locales no pavimentarían una vía más en Bogotá, mientras no saliera adelante la iniciativa. “Nos dijeron que no podíamos tocar esa plata”, dice uno de ellos. Y eso hicieron.

Pasaron los meses y en Bogotá, a excepción de $6.000 millones de pesos ejecutados por la Uaermv, fue muy poco lo que se invirtió en arreglos de vías, mientras que $168 mil millones descansaban en los fondos de desarrollo local esperando a que la Secretaría de Gobierno explicara los pasos a seguir para poner a marchar el nuevo modelo.

Pero mientras que en las localidades comenzaban a hacerse los cabildos de malla vial —unos 31 mil bogotanos asistieron para priorizar los segmentos viales que debían ser intervenidos—, la Secretaría de Gobierno comenzaba un largo y complejo proceso de negociación con las juntas de administración local para sacar adelante el nuevo modelo.

Para llevar a cabo la reestructuración, el alcalde Gustavo Petro firmó en noviembre de 2012 el Decreto 544, dándole el poder a la Secretaría de Gobierno de “coordinar la ejecución de las obras (de malla vial local) y abriendo paso para que se suscribiera “una asociación institucional”, como la llama Asprilla, entre las diversas entidades que de una u otra manera tienen que ver con obras viales en la ciudad.

Hasta ahí, pese al retraso que ya presentaban las obras por cuenta de la demora en la negociación con las localidades, la iniciativa estaba libre de tensiones. Sin embargo, el decreto dejaba en el aire una gran incógnita: ¿qué entidad recibiría la misión de administrar los recursos? ¿Quién contrataría y ejecutaría dineros que rondaban, para el cuatrienio, unos $880 mil millones?

La respuesta llegó semanas después, en forma de un Convenio Interadministrativo (1262 de 2012) que estableció que sería la Secretaría de Gobierno la encargada de “ejecutar los recursos” e implementar “una planta temporal de trabajadores oficiales” para dicha tarea.

El convenio —suscrito por directivos de siete entidades y 19 alcaldes locales— desató de inmediato una crisis profunda en la Secretaría de Gobierno. Según varias fuentes de alta fidelidad consultadas por El Espectador, funcionarios de la entidad se opusieron al convenio. Lo consideraban un atentado a la descentralización administrativa y, sobre todo, inviable legalmente, si se tiene en cuenta que no había cómo justificar la idoneidad de la Secretaría de Gobierno para tapar huecos.

La tormenta política se avecinaba. La Contraloría Distrital ya había proferido un control de advertencia por lo que estaba ocurriendo. En W Radio cuestionaron al secretario Asprilla por la reforma y hasta un concejal de las huestes progresistas, William Moreno, anunció un debate de control político por lo que consideraba un convenio centralista, que pasaba por encima de la estructura misional de la Uaermv o el IDU y que, como le dijo a este diario, replicaba un “modelo fracasado que ya fue probado desde tiempos de Enrique Peñalosa, con el resultado de que las obras se entregaban con tres años de retraso”.

Con una tormenta política en ciernes y la aparición de una serie de nuevos requisitos establecidos por la Comisión del Servicio Civil que demoraban aún más el establecimiento de la nueva planta de personal, Asprilla se vio obligado a echar para atrás la iniciativa.

El viernes de la semana pasada el secretario de Gobierno convocó a los alcaldes locales y los autorizó para ejecutar los recursos de 2013 destinados a arreglos de la malla vial local. Con esa decisión se cayó un millonario convenio en el que se invirtieron meses de trabajo y que profundizó el retraso histórico del arreglo de la malla vial de la ciudad.

Consultado por El Espectador, el secretario de Gobierno aseguró que aún está por definirse cuál será la entidad que deberá ejecutar los $168 mil millones que los alcaldes menores dejaron intactos desde que asumieron el poder.