Reubicación de vendedores ambulantes genera tensión en el 20 de Julio

Foto: Andrés Torres

Puestos donde serán reubicados los vendedores ambulantes.

Al Instituto para la economía social (IPES) se le acabó el tiempo para reubicar a los vendedores informales del 20 de julio (específicamente a los que trabajan en la calle 27 sur, entre las carreras décima y sexta). Luego de solicitar una prórroga para completar el proceso de relocalización el IPES cerró la jornada con 490 vendedores inscritos. Un resultado amargo si se tiene en cuenta que le entidad abrió 1.116 puestos de trabajo para incluir a los vendedores.

Se suponía que para el 10 de febrero el IPES habría reubicado a 1.456 vendedores informales censados por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en 2008. El tribunal profirió la sentencia que ordena la relocalización en mayo de 2012, avalando un fallo del Consejo de Estado en 2003. Esta brecha de tiempo generó una serie de obstáculos. Uno de ellos, es que parte de la población censada en 2008 ya no se encuentra en el 20 de julio. Con 14 días más para gestionar la reubicación el IPES realizó otro censo, que arrojó la cifra de 1099 vendedores a reubicar.

Días antes de las inscripciones El Espectador consultó a los vendedores de la localidad que se inscribieron con el IPES.

Según ellos, la relocalización estaba truncada por unas “mafias” que se habían apropiado del espacio público. Esta hipótesis fue acogida por el director de la entidad, Jorge Pulecio: “El señor Alejandro Barrera, que trabaja en una asociación cooperativa, ha hecho suscribir a sus socios en un poder ante un notario para tramitar una demanda que avale que el sitio en donde están hace varios años ya está acreditado. El vendedor informal tiene 50% de ganancias y el otro 50% es para Alejandro Barrera. Cundo intentamos negociar dijo que le entregáramos a la asociación de él la administración de los locales y el recinto ferial”.

El IPES no aceptó las condiciones de Barrera y procedió a realizar la reubicación sin desalojar a ninguno de los vendedores de la calle 27 sur. “El fallo es muy claro. El censo no es para otorgar un derecho en el espacio público, sino para dimensionar el empleo y ofrecerles alternativas. Les estamos ofreciendo 1.116 puestos. Los que se oponían querían un desalojo forzado y un enfrentamiento”.

El hecho de que menos del 50% de la población censada se hay inscrito puede generar problemas de competencia. “En el 20 de julio somos más de 3000 vendedores. La zona donde trabajábamos ya está acreditada y la gente está acostumbrada a comprar ahí. Como la mayoría de vendedores sigue ahí pues lo más probable es que nada cambie y que nosotros dejemos de vender” dice un comerciante del sector.

La estrategia de mercado para evitar estos riesgos consiste en fortalecer la economía popular a través de subsidios. En 42 locales y 20 cocinas de la Plaza Ferial del 20 de Julio las víctimas del conflicto armado, los adultos mayores y las personas en condición de discapacidad podrán acceder a estos puestos por una tarifa de $5000 mensuales durante los primeros seis meses y $15.000 durante los 18 meses siguientes.

La ubicación de los puestos informales también cambió. Ahora 650 puestos estarán ubicados en la Plaza Ferial del 20 de Julio; 168 en la carrera 10 con calle 27 sur; 70 en la Plazoleta de la Iglesia del Divino Niño; 42 puestos multiusos y 20 cocinas en el Recinto Ferial y 216 frente al Portal de Transmilenio. “Los recintos se tienen que ir posicionando de manera gradual. En la medida en que los bogotanos se enteren de los nuevos sitios los vendedores tienen éxito” dice Pulecio.

Con respecto a futuros enfrentamientos entre los vendedores inscritos en el IPES y los que no accedieron, el alcalde local de San Cristóbal, Jairo León Vargas, señaló que “durante los próximos meses la administración local estará vigilando y ejecutando acciones pertinentes para evitar brotes de violencia en el sector y sensibilizando a los vendedores para que de forma pacífica se reubiquen en la Plazoleta Ferial del 20 de Julio”.

Por ahora los vendedores inscritos deberán esperar hasta 1 de marzo para que el IPES les asigne un puesto de trabajo definitivo. El instrumento para distribuir los espacios será un sorteo público, que de momento no promete ser muy extenso.