Marihuana, entre el cultivo y la importación

El plan que busca ayudar a consumidores problemáticos, mediante el uso terapéutico del cannabis, está en aprietos por falta de una reglamentación sobre la entrega de sustancias ilícitas por parte del Estado.

Expertos proponen como solución la siembra de la planta por los mismos pacientes.  /  EFE
Expertos proponen como solución la siembra de la planta por los mismos pacientes. / EFE

El programa piloto de reducción del daño en salud para los consumidores problemáticos de bazuco mediante el suministro de marihuana está en firme. La Secretaría de Salud y el Centro de Estudio y Análisis en Convivencia y Seguridad Ciudadana (Ceacsc) trabajan a toda marcha para definir, oficialmente, los principios de este plan. El principal problema es de dónde va a salir la marihuana, una droga considerada ilegal por el mismo Estado que pretende suministrarla.

La discusión es una de las más engorrosas en el Distrito. Aunque, de acuerdo con funcionarios y expertos consultados por este diario, ya hay opciones para darle viabilidad al proyecto que, pese a estar blindado por marcos constitucionales, no tiene un marco legal cierto.

El acto legislativo 002 de 2009 indica que “el porte y el consumo de sustancias estupefacientes o psicotrópicas está prohibido, salvo prescripción médica”. Bajo esta consideración, que reformó la Constitución, se ampara el uso de sustancias psicoactivas con fines terapéuticos. Pero todo queda en el limbo ya que, después de tres años de esta reforma, ni el Ministerio de Salud, ni el de Justicia, ni el Congreso la han reglamentado.

Sin embargo, el Distrito apelaría a los buenos oficios del gobierno nacional para que su proyecto se concrete. El Consejo Nacional de Estupefacientes, ente máximo de orientación de la política nacional de drogas, así como los ministerios de Salud y Justicia, están facultados para expedir resoluciones sobre este tipo de proyectos. Las entidades están amparadas en la reforma constitucional de 2009 y en el marco de la Ley 1566 de 2012, que reafirma el consumo de drogas como una enfermedad de salud pública y que pide informar a los pacientes sobre “las alternativas de otros tratamientos”.

Si esta resolución se da, el Estado, en este caso la Secretaría de Salud del Distrito o el Ceacsc, podría tener cultivos para proveer las sustancias requeridas para el tratamiento. Pero el problema está en los plazos, pues la cosecha de estas plantas se demoraría tres o cuatro meses. Este tiempo, sumado a lo que demore el camino administrativo de la propuesta, es una preocupación para los gestores del proyecto.

Por otro lado, la Ley 30 de 1986, Estatuto Nacional de Estupefacientes, modificada por la sentencia C-221 de 1994, indica que “es dosis para uso personal la cantidad de marihuana que no exceda de veinte (20) gramos; de marihuana hachís la que no exceda de cinco (5) gramos; de cocaína o cualquier sustancia a base de cocaína la que no exceda de un (1) gramo”.

Por lo tanto, cada usuario podría aportar su dosis de abastecimiento para el tratamiento. Sin embargo, esta alternativa podría generar que el paciente se abastezca en el mercado ilegal, lo que implicaría dos problemas. Por un lado, la calidad de estas sustancias en el mercado callejero podría ir en contra de los estándares adecuados para el tratamiento; por el otro, un programa financiado y promovido por el Estado dependería de una actividad ilegal.

No obstante, el marco legal actual permite el cultivo de hasta 20 plantas (marihuana o coca en este caso) para el propio abastecimiento, por lo que el Distrito también baraja la posibilidad de que cada paciente cultive las plantas para su tratamiento, ciñéndose a estándares médicos, farmacológicos y terapéuticos. Según los primeros estudios que dan forma al proyecto, un tratamiento de este tipo no necesitaría el cultivo de más de siete u ocho plantas escalonadas por usuario.

Paralelamente, surge la alternativa de la importación de cannabis farmacológicamente producido de países como Canadá, España, Holanda y Estados Unidos. En ese caso, que expertos consideran el más viable, es necesaria una resolución de los ministerios competentes para que sea el Estado el que adquiera la droga en el exterior por pedido del Distrito y, asimismo, pueda establecer una regulación estricta sobre las sustancias.

La menos viable de las alternativas es la incorporación al proyecto de clubes, asociaciones o simplemente autocultivadores expertos de cannabis, que ya existen en Colombia y que podrían proveer sustancias de calidad para el proyecto en los marcos de la legalidad. Sin embargo, serían muchos los riesgos que asumiría el Distrito. ¿Cómo garantizar que las mafias no se disfracen de pequeños autocultivadores? ¿La producción de sustancias se convertiría en una actividad comercial? ¿Cómo sería la relación de compra por parte del Distrito?

Frente a este complejo panorama, para los funcionarios de la administración de Petro se hace más urgente que nunca que se reglamente la reforma constitucional de 2009, pues, si bien la opinión pública está a favor de mitigar el daño del consumo problemático de bazuco, las autoridades no tienen la fuerza necesaria para hacer de estos modelos terapéuticos una solución que se concentre más en los derechos y la atención al consumidor que en la prohibición del consumo, que convierte a las personas en víctimas o agentes de la criminalidad.