De Claro a oscuro

El lío de la deuda de la empresa de telefonía Claro con la ETB tiene un nuevo capítulo: una demanda penal por negarse a devolver $180 mil millones.

El abogado Mauricio Mateus denunció penalmente a Claro. / Gustavo Torrijos
El abogado Mauricio Mateus denunció penalmente a Claro. / Gustavo Torrijos

Tras la decisión del Consejo de Estado de dejar en firme el fallo que obliga a Claro (Comcel), la empresa transnacional de telecomunicaciones, a devolverle $134.000 millones de pesos a la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB), surgen nuevas polémicas. Se trata de una denuncia presentada ante la Fiscalía General de la Nación que sostiene que, además de incumplir con el pago, la empresa del multimillonario mexicano Carlos Slim está violando el Código Penal.

La demanda fue interpuesta el pasado 18 de febrero por Mauricio Mateus Rodríguez, un abogado que no representa a ninguna de las partes en conflicto y que dice no perseguir ningún rédito económico por llevar esta denuncia. Para él, Claro “ha incurrido en un fraude a la resolución judicial del Consejo de Estado al no devolverle el dinero a la ETB. También, al escudarse en que no conoce la cifra que debe pagar pues, claramente, el Consejo de Estado lo define mediante una fórmula matemática”. La denuncia pretende que la Fiscalía investigue a Carlos Slim y a los más altos funcionarios que lo representan en Colombia para ver “quién ha tomado la decisión de desobedecer a la justicia colombiana”.

Todo se remonta a 1998, cuando la ETB firmó un contrato con Comcel (ahora Claro) para la interconexión de las redes celulares y de telefonía pública en lo referente a llamadas internacionales. Una vez en curso el contrato, entre las dos empresas hubo un malentendido sobre los precios o cargos de interconexión, que son aquellos pagados cuando una empresa utiliza las redes de otra. Para Comcel, ETB estaba pagando menos de lo que le costaba.

Occel y Celcaribe, constituidas como Comcel, lograron, tras una disputa comercial, que un laudo arbitral de los tribunales de arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá les diera la razón y le ordenara a la ETB pagar cerca de $97.000 millones en el año 2006.

Inmediatamente, la ETB impugnó el fallo, pero el Consejo de Estado le dio la razón a Comcel, dejando en firme lo establecido por la Cámara de Comercio. Paso seguido, la empresa bogotana llevó el caso al Tribunal Andino de Justicia, que vincula al Estado colombiano en materia comercial y el cual tumbó los fallos que le daban la razón a Comcel en 2010.

Acatando la orden del Tribunal Andino, en septiembre pasado, el Consejo de Estado le ordenó a Claro que le devolviera lo pagado a la ETB debidamente indexado. Es decir, para ello aplicó una fórmula que, según los cálculos de la ETB, transforma los $97.000 millones iniciales en $134.000 millones. Es más, en declaraciones a W Radio, el gerente de la ETB, Saúl Kattan, dijo: “Estamos esperando el pago de los $134.000 millones de pesos y que por ajustes de IPC, más intereses de mora, ahora bordean los $180.000 millones”.

En repetidas ocasiones, Claro ha sostenido que la decisión del Consejo de Estado no estableció cuál es el monto a pagar. Incluso, la transnacional instauró una tutela en la que le pide que revise su fallo. Sin embargo, el pasado jueves esta corporación le dijo que no era procedente la tutela pues no se han agotado los recursos normales y que, si existe competencia, es de la Corte Constitucional.

Claro anunció que llevará su tutela a esta instancia y que se mantiene en su posición. “El fallo del Consejo de Estado al negar la tutela en ningún momento establece el monto a ser devuelto por Comcel a la ETB (ver recuadro), como lo han comunicado equivocadamente algunos medios de comunicación y razón por la cual aún no es posible cumplir el fallo”, dijo Augusto Ibáñez, abogado externo de la compañía de telecomunicaciones.

La denuncia ante la Fiscalía está en curso, aunque según abogados penalistas expertos consultados por El Espectador, no es procedente en la medida que Claro todavía no ha agotado todos los recursos jurídicos que tiene para apelar o precisar la decisión. Si bien esto es cierto, la gran discusión está ahora en por qué a Claro la fórmula establecida por el Consejo de Estado no le da un precio exacto, o si esta no es aplicable, o si todo esto se trata de una maniobra dilatoria para no devolverle el dinero a la empresa de los bogotanos.