El costo de la doble tarjeta

Cuando un ciudadano se monta al Sistema Integrado de Transporte Público (SITP), sabe que tiene que usar dos tarjetas. La primera para las fases I y II de Transmilenio, y la segunda para el resto del sistema, que incluye la troncal sobre El Dorado y los buses azules y vinotintos que ya comenzaron a rodar por la ciudad. Lo que quizás no sepan los bogotanos es que esta situación podría haberle costado miles de millones a la ciudad.

Según los cálculos de expertos financieros cercanos al proceso consultados por El Espectador, realizados a partir de la remuneración que reciben Angelcom y Recaudo Bogotá (las dos empresas que operan actualmente el recaudo en el sistema), a la ciudad le estaría costando $1.000 millones de más contratar con ambos operadores.

Esta conclusión se desprende de analizar cuánto reciben ambas empresas mensualmente por su gestión. Recaudo Bogotá —que tiene a su cargo la Fase III de Transmilenio y los buses zonales— recibe una remuneración de $1.798 millones, ya que tiene unos ingresos fijos y un porcentaje (1,57%) que deduce de cada tiquete vendido.

Angelcom, por su lado, recibe un promedio mensual de $2.876 millones. En otras palabras, si el negocio del recaudo de la Fase I estuviera en manos de Recaudo Bogotá, a la ciudad le costaría mensualmente $1.084 millones menos remunerar al contratista.

Aunque este diario solicitó en varias ocasiones la versión de Angelcom, con el fin de que confirmara o rechazara la cifra de su remuneración, la empresa se abstuvo de hablar con este medio. Sin embargo, funcionarios y exfuncionarios de administraciones pasadas concuerdan en que el contrato de Recaudo Bogotá, que se licitó por 15 años, fue estructurado bajo unas condiciones técnicas y económicas más favorables para el Distrito.

Según el análisis realizado por un funcionario distrital, “si se tiene en cuenta que Recaudo Bogotá empezó a operar en junio de 2012 y el contrato de Angelcom termina en diciembre de 2015, son 42 meses en los que los ciudadanos hubieran podido ahorrar una suma considerable. La cifra según los cálculos, es de aproximadamente $45.528 millones”.

Sin embargo, al parecer son pocas las opciones que tiene el Distrito para cambiar este panorama, debido a que Angelcom tiene un contrato legítimo con Transmilenio que fue estructurado de acuerdo con las condiciones y factores económicos de 2009. Además, el decreto distrital que adoptó para la ciudad el SITP establece que se “deberán respetar los esquemas de remuneración y el equilibrio económico de los contratos suscritos para el desarrollo del Sistema Transmilenio hasta su culminación”.

¿Por qué el Distrito le paga más a Angelcom? Hay varias razones históricas y económicas complejas que hacen parte de las decisiones que las administraciones de turno han tomado en el trasegar del tiempo. Este es un relato que siempre estará atado a la presencia de los primos Nule en la contratación en Bogotá, en este caso, responsables de uno de los contratos que hacían parte de la construcción de la Fase III de TM. La fase que faltaba y que aportaba un alto grado de incertidumbre a la licitación del Sistema Integrado de Recaudo, Control, Información y Servicio al Usuario (Sirci).

El descalabro económico del grupo Nule y su accionar fraudulento en el llamado carrusel de la contratación, con la supuesta participación del exalcalde Samuel Moreno y su hermano Iván, afectaron la construcción de la troncal.

En 2008, un año antes de los incumplimientos de los Nule y a principios de la administración del alcalde Samuel Moreno, existía la preocupación por el futuro técnico y económico de TM. Así que Transmilenio le planteó a Angelcom la posibilidad de reducir la remuneración el Distrito que le pagaba.

En 2009, Transmilenio S.A. decidió negociar con Angelcom, dos años antes de que finalizara el contrato con la empresa privada (2011). Llegaron a un acuerdo: el recaudador redujo sus ingresos y en contraprestación la empresa distrital le amplió el contrato por casi cinco años más (diciembre de 2015), para que el contratista pudiera amortizar las inversiones realizadas.

Juan Carlos Echeverry, exministro de Hacienda, fue contratado en 2009 por Transmilenio para que emitiera un concepto sobre si dicha negociación se trataba de un gana-gana entre la empresa distrital y Angelcom. En su informe, presentado el 15 de junio de 2009, Echeverry explicó que dicha prórroga era conveniente porque resultaría en una reducción del 40% del valor que la compañía venía descontando a cada uno de los pasajes vendidos (precio único licitado, PLU). Por lo tanto, la remuneración semanal al operador disminuiría.

Echeverry desechó la posibilidad, por considerarla más costosa, de que la Unión Temporal Fase II o un operador nuevo recuadrara la Fase I del sistema Transmilenio desde 2011, año en que Angelcom saldría del negocio, hasta 2015, fecha límite contemplada por el Distrito para la entrada en operación de la Fase III y del SITP (buses azules).

En su concepto técnico y financiero, el exministro Echeverry también advirtió de que “la existencia de dos operadores distintos involucraría la presencia de dos tecnologías que podrían ser incompatibles en determinadas características; se convertirían en sistemas paralelos entre los cuales se dificultaría la conexión y el proceso de compartir información”.

Situación que hoy vive la ciudad: dos operadores de recaudo diferentes que están conminados en procesos sancionatorios por parte de Transmilenio, porque tienen medios de pago incompatibles. Cada uno de ellos sirve para un área específica del sistema y aún no han sido integrados, manteniéndose las dos tarjetas de recarga. Proceso que ha sido truncado por varias razones, la mayoría de ellas imputables a ambos concesionarios.

Desde 2009, año el que se firmó la prórroga, ya se hablaba de la nueva licitación. En el decreto 309 del 23 julio de ese año, a través del cual se adoptó el SITP, se estipuló la necesidad de abrir un proceso licitatorio para el recaudo del sistema. Pero, antes de expedirse el decreto, el 16 de julio de 2009, se firmó la prórroga con Angelcom.

Pero hay una contradicción en esto: siendo Transmilenio S.A, el encargado de abrir la nueva pugna por el contrato de fase III, en el texto de la adición entre la empresa distrital y Angelcom, TM aseguraba “estar dispuesto a estudiar en el momento oportuno incluir en dicho contrato la infraestructura para la operación y explotación de la Fase III de TM, la cual se encuentra en construcción”.

Sin embargo, Juan Carlos Melo, gerente Financiero de TM, defiende que dicha prórroga, aparte de asegurar la sostenibilidad del sistema, se generó debido a que, hasta que no se adjudicara a un nuevo contratista, el recaudo de la fase I hubiera quedado acéfalo durante más de un año, teniendo en cuenta que era incierta la fecha en la que se iniciaría la estructuración de la licitación del Sirci, ya que dependía de la construcción de la Fase III, su implementación y la compara de buses para el SITP.

Melo también explica que si “se le proponía a la Unión Temporal Fase II una adición para que recaudara fase I, mientras entraba en operación el nuevo recaudador, se creería que el problema de la integración de las dos tarjetas sería más fácil, sin embargo, se tendrían los mismos problemas tecnológicos que la ciudad tiene ahora en cuanto a los contratistas de fase I y II son socios”.

En una ocasión en la que este diario se entrevistó con Jair Ortiz, vocero y Vicepresidente de Tecnologías de Angelcom, explicó que “en ningún momento la empresa está ganado o cobrando de más para operar el recaudo. La prórroga fue avalada por un estudio técnico, operativo y financiero efectuado por el exministro de Haciendo Juan Carlos Echeverry. En esa prórroga se concertó una reducción neta de la tarifa técnica de aproximadamente $10 por pasajero. Es más, después de un cierto número de usuarios, Angelcom deja de ganar y el recaudo neto va a lo bolsillos del Distrito. Somos víctimas de mala prensa”.

Una contratación lenta y difícil

La licitación del Sistema Integrado de Recaudo, Control, Información y Servicio al Usuario (Sirci) para el sistema Transmilenio se habría adjudicado el 15 de octubre de 2010 y 10 meses después habría entrado en operación un nuevo recaudador, de no ser por la suspensión que pidió la Procuraduría al Distrito en noviembre de ese año. La determinación fue el resultado de los rumores de corrupción alrededor del proceso y de la exigencia de detalles técnicos y financieros que garantizaran la participación equitativa de los proponentes.

El proceso licitatorio, uno de los más grandes en la historia de la ciudad por $2,5 billones, se reanudó el 25 de enero de 2011, fue adjudicado el 15 de julio al consorcio Recaudo Bogotá y  el contrato se firmó en agosto de este mismo año.

Los dilemas de la contratación para el recaudo en Transmilenio

"Ahora Angelcom tiene un contrato firmado, no hay razón para disminuirle sus ingresos. A menos que esta empresa estuviera interesada en negociar con Transmilenio. Pero para eso se necesita un estudio más detallado”.

Juan Carlos Echeverry, exministro de Hacienda

"El contrato de Angelcom se extendió porque en 2009 no había seguridad sobre un nuevo recaudador y se debía garantizar la prestación del servicio. Era impredecible el valor del nuevo contrato de 2011 —con Recaudo Bogotá—. La nueva licitación tenía como eje la adjudicación a un menor costo unitario”.

Fernando Páez, exgerente Transmilenio