El fondo de las denuncias

Nuevos señalamientos sobre malos manejos del Fondo de Seguridad y Vigilancia, en medio del debate por el carrusel de la contratación.

Natalia De La Vega, gerente del Fondo de Vigilancia y Seguridad y Javier Palacio, concejal del partido de la U. / Archivo
Natalia De La Vega, gerente del Fondo de Vigilancia y Seguridad y Javier Palacio, concejal del partido de la U. / Archivo

El carrusel de la contratación en Bogotá sigue dando de qué hablar. El fin de semana pasado la revista Semana reveló más detalles de la investigación que adelanta la Fiscalía sobre el presunto entramado de concejales, políticos y contratistas que se repartieron las distintas entidades del Distrito durante la alcaldía de Samuel Moreno.

El resurgimiento del escándalo mediático ha provocado que el alcalde Gustavo Petro exija públicamente que el cabildo realice un debate sobre el papel que desempeñaron algunos concejales en el carrusel. Declaraciones que se producen justo en el momento en que el alcalde vuelve a necesitar que un Concejo adverso le apruebe un cupo de endeudamiento de $4,3 billones para financiar, entre otras, las obras contempladas por valorización.

En medio de este tenso ambiente se realizó ayer un debate al Fondo de Vigilancia y Seguridad (FVS), encargado de ejecutar el presupuesto del Distrito destinado a la seguridad. Esta vez por sus actuaciones durante la alcaldía de Petro.

Algo tiene el Fondo de Vigilancia y Seguridad que no ha podido librarse del halo de malos manejos que lo caracterizaron desde que comenzaran a conocerse las denuncias de corrupción en la administración.

Fueron diversas las denuncias —incluidas las del exrepresentante a la Cámara Germán Olano— que señalaron al gerente del FVS en tiempo de Samuel Moreno, Mauricio Solano, de realizar contrataciones irregulares, a la vez que la empresa de su esposa contrataba con la red hospitalaria.

Fue además en el FVS donde arrancó su vida pública Liliana Pardo, hoy detenida de manera preventiva por su presunta participación en el carrusel de la contratación cuando se desempeñó como directora del Instituto de Desarrollo Urbano.

Y las denuncias nada que se detienen. Esta vez, en voz del concejal de la U Javier Palacio —uno de los 17 concejales investigados por la Fiscalía, especialmente por su presunto manejo de la burocracia durante la alcaldía de Samuel Moreno—.

Ayer, en el Concejo, Palacio acusó al alcalde Gustavo Petro de tener un discurso de doble moral: “Por un lado se ufana de desmantelar las mafias en el Distrito, pero está montando otra en el FVS”. Las denuncias de Palacio son muchas. Dos horas y media de aseveraciones que pretendían demostrar que Natalia de la Vega, gerente del FVS, debe ser separada del cargo o “sancionada por los organismos de control”.

Una de las principales denuncias del concejal ha girado en torno a la contratación del FVS. Los ejemplos: la vinculación de tres periodistas “sin que en el Fondo exista una dependencia u oficina de comunicaciones” y la contratación de los servicios de un fotógrafo que no tiene las certificaciones académicas que le permitirían devengar un sueldo de más de $5 millones.

De la Vega se defendió y dijo que ha presentado dos veces estudios técnicos que permitan tener una planta de personal acorde con las necesidades (entre las que se incluye una oficina de prensa) y que, mientras tanto, requiere a la contratación mediante la figura de prestación de servicios. “En cuanto al fotógrafo, no se puede afirmar que se ha violado la escala salarial, pues los contratistas no reciben remuneración salarial y es importante aclarar que lo contratado con el señor Bermúdez es la entrega de un producto”.

Otra de las denuncias tiene que ver con tres vehículos que, según el concejal, solicitó la Policía y que al parecer no han sido gestionados deliberadamente. Uno para atender la violencia contra la mujer, otro para controlar un atentado con explosivos y, el último, para adelantar una campaña contra el robo a residencias. De la Vega dice que “esas necesidades no se encuentran radicadas oficialmente en la entidad, por lo que se está apoyando a la institución policial para que pueda cumplir con la estructuración y diligenciamiento de sus peticiones y así poder adelantar el proceso de selección que corresponda”.

Palacio ha sostenido que existe un sesgo “antipolicial” en la administración de Gustavo Petro. Que el presupuesto para esa institución se ha reducido en $83 mil millones, que este año la ciudad contará con menos policías bachilleres y que tampoco se ha invertido en nuevas estaciones y CAI que han sido solicitados. Sin embargo, en el FVS dicen que esas inversiones que reclama Palacio no han sido diligenciadas por la Policía y que, durante la actual administración, “Bogotá asignó en los dos primeros años más de $160 mil millones, comparados con los $146 mil millones en los primeros años de la administración Moreno. Las inversiones se han mantenido y en ningún caso existe una supuesta reducción de $83 mil millones en la inversión a esta fuerza”.

Más allá de eso, De la Vega, quien dijo que fue vinculada a la entidad porque el alcalde quería sanearla y desmantelar todos los residuos mafiosos que quedaran, dice que si no se han hecho compras e inversiones es porque se ha hecho un análisis riguroso de las finanzas de la entidad y que, si no fuera así, hoy “nos estarían haciendo un debate de control político por ejecutar, sin ningún tipo de planeación”.

“Con el general Martínez estamos revisando el Plan de Contratación, y de acuerdo con el presupuesto y las prioridades estamos organizando los procesos contractuales a que haya lugar. Estas afirmaciones buscan desestabilizar los procesos que en materia de seguridad se adelantan con esta fuerza, como la lucha contra el microtráfico, pues una confrontación de la Policía con la administración les conviene a quienes capturan rentas manteniendo nexos con la ilegalidad o atentan contra lo público”, afirmó De la Vega.

Serán los organismos de control los que decidan si la gerente ha incurrido en actos de corrupción. Pero queda en el ambiente la percepción de que algo subyace a lo evidente: intereses ocultos, inexperiencia en el manejo de las relaciones “políticas” con el Concejo o falta de comunicación entre el Distrito y la Policía.