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Bogotá 22 Abr 2013 - 9:00 pm

Hallazgos de la Personería en valorización

Los cálculos misteriosos del IDU

Según el estudio, sin tener autorización ese organismo determinó la liquidación de la contribución de acuerdo al beneficio que cada predio recibía por una obra.

Por: Juan Camilo Maldonado - Diana Carolina Cantillo E.
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Habitantes de Engativá protestaron porque se les estaba cobrando la valorización de andenes de la calle 94. / Archivo

Cuando a mediados de febrero, decenas de habitantes de la localidad de Engativá bloquearon la avenida Boyacá para protestar por los exagerados cobros de valorización, que incluían obras tan lejanas como los andenes y las ciclovías de las calles 94 y 85, muchos se preguntaron cuáles habían sido los criterios técnicos para calcular el monto de dicha contribución.

Hoy, dos meses después de desatada la indignación ciudadana, el Concejo de Bogotá debate la propuesta del alcalde Gustavo Petro de derogar en su totalidad los cobros que quedaron estimados en las tres fases restantes del Acuerdo 180 de 2005. Mientras tanto, un equipo de veedores de la Personería Distrital comienza a encontrar pistas sobre el posible desorden técnico que vivió el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) durante los meses previos a la liquidación y que podría haber sido el responsable de algunos de los episodios que más malestar crearon entre la ciudadanía.

El informe de la Personería, desconocido por la opinión pública hasta ahora, fue realizado por Carlos Caycedo, coordinador de Veedurías, y William Ospina, personero delegado para la Movilidad, en febrero de 2013 por encargo del personero Ricardo Cañón. En él se realiza un extenso inventario de las fallas que cometió el IDU durante el proceso de planeación del cobro de la segunda fase de valorización: 1’720.000 predios, que debían contribuir con $850.000 millones a la construcción de 46 obras de alto impacto y los estudios, diseños y compras de predios para el grupo de obras de la fase III.

De todos los hallazgos de la Personería, uno en particular llama la atención. Y lo hace, porque esta podría ser la razón de quizás el más problemático de los líos de este cobro: que algunos predios terminaran pagando cuantiosas sumas de dinero por obras que, a todas luces, quedaban considerablemente lejos de sus casas.

Para comprender la dimensión del problema es necesario conocer el esquema básico bajo el cual el IDU —siguiendo las directrices del Acuerdo 180 de 2005— determina el valor a pagar por cada obra.

En pocas palabras, el precio de cada obra se calcula de acuerdo con un grupo de variables que incluye el área del terreno, su estrato, el nivel geoeconómico, el número de pisos, el tipo de uso o explotación económica y el grado de beneficio, que no es otra cosa que la distancia que existe entre el predio y la obra en cuestión.

Es este último elemento el que ha llamado particularmente la atención de los investigadores de la Personería.

Según el Acuerdo 180, el grado de beneficio de cada obra debía ser clasificado en cuatro subcategorías o subzonas. Sólo así se determinaría el grado o valor que debía pagar cada predio de acuerdo con la distancia que tenía de la obra en cuestión.

Como era justamente este uno de los elementos que más malestar había causado entre los bogotanos —como las protestas en Suba y Engativá lo confirmaban—, la Personería comenzó a investigar la forma en la que el IDU había calculado las cuatro subzonas de beneficio de cada obra.

Los investigadores examinaron la “memoria técnica” que el IDU debía publicar en su página de internet dando cuenta del proceso. Sin embargo, según consta en el documento, a febrero 18 de 2013 “no se encontraba el mencionado plano como anexo al documento de memoria técnica”.

Acto seguido, los funcionarios del ente de control le pidieron al equipo técnico del IDU, en una reunión sostenida ese mismo 18 de febrero, que explicara entonces de dónde habían salido los planos de demarcación de las subzonas. Según consta en las memorias del encuentro, los técnicos respondieron que “las zonas o subzonas de grado de beneficio no las define el IDU, sino que las definió el Concejo Distrital”.

Y ahí es donde el panorama se enreda para todos los involucrados en esta historia. Según consta en el informe, los veedores de la Personería acudieron a los archivos del Concejo, revisaron uno a uno los anexos del polémico Acuerdo 180 y descubrieron que en el Cabildo “no se encuentra una delimitación de zonas por grado de beneficio” y tampoco “planos en los que se delimiten” zonas o subzonas por grado de beneficio”.

En otras palabras, concluye el informe, el IDU —contrario a lo que había expresado en reuniones anteriores— se había “atribuido la competencia para este efecto”, con las visibles consecuencias que esta demarcación tuvo entre la ciudadanía.

El hallazgo de la Personería tiene importantes repercusiones. En especial, porque pone en entredicho el discurso oficial de la administración distrital, que desde el comienzo del proceso le achacó al Cabildo la responsabilidad de los problemas emergidos por la liquidación de esta contribución, dado que había sido éste el que había aprobado las zonas de influencia de cada obra.

El Espectador se contactó con el equipo técnico del Instituto de Desarrollo Urbano para determinar la forma en la que éste había delimitado las subzonas que demarcaron el grado de beneficio de cada obra. El IDU explicó que, aplicando complejas fórmulas matemáticas establecidas en el Acuerdo 25 de 1995, procedió a establecer -a partir de cada zona de influencia- los cuatro grados de beneficio que determinaban el cobro por valorización. El documento enviado a este diario, sin embargo, no hace ninguna alusión al porqué se le dijo a la Personería que estos cálculos estaban incluidos en los anexos del Acuerdo 180 de 2005, cuando fue el mismo equipo de la entidad el que determinó las subzonas en las que finalmente se realizó el polémico cobro.

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