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Bogotá 17 Jun 2013 - 11:44 pm

Un nuevo capítulo del Fondo de Vigilancia

El carrusel en cámaras

Contraloría investiga un contrato por $40 mil millones celebrado en 2010. Un negocio que tendría un trasfondo político.

Por: Camilo Segura Álvarez
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El contrato con Verytel S.A. fue firmado por el Fondo de Vigilancia durante la administración de Mauricio Solano. / El Espectador

La Contraloría de Bogotá le ha enviado al alcalde Gustavo Petro por lo menos cuatro advertencias fiscales referentes a un mismo contrato: el firmado el 15 de octubre de 2010 por el Fondo de Vigilancia y Seguridad del Distrito (FVS) con la empresa Verytel S.A., por un monto que hoy asciende a los $40.277 millones. Además de la pérdida de dineros públicos, presuntas entregas a dedo gestionadas por funcionarios del Distrito que podrían ser cuotas políticas envuelven al multimillonario negocio que, al día de hoy, no ha sido ejecutado en su totalidad y cuya trasescena hace parte del expediente de la investigación que la Fiscalía adelanta sobre el carrusel de la contratación en Bogotá.

Corría la administración de Samuel Moreno. La Secretaría de Educación identificó 192 colegios distritales que necesitaban un sistema de vigilancia por cámaras. Para instalarlas, esa cartera firmó un convenio interadministrativo con el Fondo de Vigilancia y Seguridad, aportando el 95% de los recursos para que éste (que tendría que aportar sólo el 5%) se encargara de definir la forma de contratación y la supervisión de su ejecución. Con el convenio, la contratación de esos equipos de videovigilancia ya no era sólo para entidades educativas, sino también para patrullas y motos de Policía, las fronteras de la ciudad y domos de seguridad.

La primera advertencia fiscal que recibió el alcalde, en julio de 2012, sostiene que en la ciudad existe “un grave riesgo de pérdida de recursos públicos que superan los $5.300 millones, invertidos en el subsistema de videovigilancia para el reconocimiento de placas vehiculares, instalado en 57 patrullas”. A renglón seguido, el organismo de control afirma que el contrato presenta “un sobrecosto por $1.726 millones”.

La segunda advertencia, de septiembre del mismo año, advierte que $16.000 millones de las cámaras de los 192 colegios están en riesgo y que presentarían sobrecostos por $3.186 millones. La tercera, de diciembre de 2012, que $5.766 millones de las cámaras que corresponden a las 11 fronteras de la ciudad están en riesgo. Y la cuarta, que de 36 cámaras tipo domo sólo se han instalado 26, lo que equivale al 72% de lo contratado, y que el contratista ha facturado como si hubiera entregado el 92,7%.

Según funcionarios actuales del FVS, en septiembre del año pasado la administración distrital identificó irregularidades del contrato. Por ejemplo, que se hizo por montos globales, pero en los anexos cuatro y siete se incluyeron valores particulares, o que los requerimientos para verificar el cumplimiento del contrato eran muy vagos y se hacía imposible verificar las metas. Natalia de la Vega, actual gerenta, habría llamado a Pedro Vega, supervisor del contrato, para que le expusiera todas las irregularidades, pero éste fue recusado por Verytel (recusación que en el Distrito reconocen como “justa” por el perfil y las actuaciones del funcionario). Acto seguido, cuando ya faltaban horas para la fecha en la que deberían ser entregadas todas las cámaras, el contratista llamó a una conciliación en Procuraduría.

“Logramos un acta de conciliación previa en la que cambiamos el listado de logros del contrato. Además, si es que el Tribunal Superior de Cundinamarca avala los acuerdos, le ampliaríamos el plazo al contratista sin pagar nada hasta que entreguen”, dijo una fuente del FVS que afirma que el contrato nunca debió ser firmado y que un velo oscuro lo rodea.

Raúl Arias Guarín es uno de los propietarios de Verytel y durante años fue vecino de Mauricio Solano, gerente del FVS para el momento de la firma del contrato. “Una vez Solano encuentra la necesidad que había planteado la Secretaría de Educación y se firma el convenio interadministrativo, llama a cinco empresas grandes a una reunión privada para adjudicar el contrato. En un encuentro posterior, Liliana Arévalo (asesora jurídica de Solano) le advierte al director del FVS que eso no se puede adjudicar sin abrir una licitación”, le dijo a este diario una fuente cercana al proceso que se encuentra negociando con la Fiscalía por el carrusel de la contratación.

A la licitación que se abrió, la LP-09-FVS-2010, sólo se presentaron dos oferentes y fue declarada desierta mediante la resolución 663 del 24 de septiembre de 2010, pero Verytel interpuso un recurso de reposición que fue respondido el 12 de octubre del mismo año. La licitación no se abrió de nuevo, sino que le fue adjudicada de una vez a Verytel y, tres días después, fue firmado el contrato por cerca de $30.000 millones, que a la fecha de hoy, con adiciones y otrosís, supera los $40.000 millones.

Según la información que maneja la Fiscalía, a partir de lo revelado por este testigo, en el proceso no sólo estuvo involucrado Solano, sino dos personas cercanas entonces al concejal Javier Palacio, del Partido de la U. Se trata de Liliana Arévalo, la asesora jurídica, que participó en la campaña electoral del concejal para la Cámara de Representantes en 2007, y el general (r) Álvaro Miranda Quiñónez, como subgerente técnico, que fue padrino de bodas del cabildante en 2008.

El concejal Palacio ha dicho que su relación laboral con Arévalo se rompió cuando fracasó su campaña electoral al Congreso y que desde que Miranda aceptó el cargo en el FVS dejaron de hablar. Por lo tanto, afirma, “no tuve nada que ver con esos nombramientos”. También, que no tiene ninguna relación con Mauricio Solano, pese a que lo conoce, y que “no tiene idea” de quién es Raúl Arias Guarín, propietario de la empresa contratista.

Hasta el momento no hay investigaciones formales abiertas contra el concejal Palacio, que se ha caracterizado en los últimos años por sus denuncias sobre el manejo del FVS, ni contra ninguno de los funcionarios de esa entidad que tendrían que ver con este anómalo contrato. Sin embargo, la Fiscalía empieza a mover su radar sobre lo que ocurrió en el fondo durante los últimos años.

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