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Bogotanos: con cédula, pero indocumentados

Unos 160.000 bogotanos están indocumentados, sin tener idea de ello. Aunque portan consigo el denominado "Comprobante de documento en trámite" no pueden abrir cuentas bancarias, solicitar pasaporte, salir del país o ser atendidos en el Sisben. Todo esto, porque el mencionado "papel" no tiene validez legal por fuera de la Registraduría.

Alejandra Rodríguez
17 de abril de 2008 - 10:58 a. m.

Quienes han cumplido los 18 años desde el año pasado, o han iniciado el trámite para el cambio obligatorio de cédula, están viviendo un verdadero calvario. Todo porque nadie quiere recibir el comprobante como un documento de identificación.

Diariamente la Registraduría Distrital atiende en promedio 1.200 personas que buscan darle alguna validez a ese documento, a través de una certificación que demuestre que es legal.

Ante la avalancha de reclamos y eternas filas en la Registraduría, el Gobierno local anunció la puesta en funcionamiento del Sistema de Gestión Electrónica de Documentos (GED) - una máquina que permite la expedición de certificado de validez de manera inmediata-. Este aparato, cuyo objetivo es legalizar a miles de bogotanos y descongestionar la Registraduría Distrital debía entrar en funcionamiento este miércoles, tal como está anunciado en la página web de la Alcaldía.

Sin embargo, Elespectador.com pudo comprobar que el mencionado aparato ni siquiera ha llegado a las instalaciones de la Registraduría y sus funcionarios no saben cuándo comienza a funcionar.

Respecto al tema, el director nacional de Identificación de la Registraduría Nacional, Jaime Hernando Suarez Bayona, explicó que "en esta central se está mirando el tema de la conectividad y de los canales seguros, porque allí van a reposar los datos de los ciudadanos y es necesario tener muy establecido que no todas las personas puedan tener acceso a esa información", dijo.

El funcionario aseguró que aproximadamente en dos meses se llevará a cabo la instalación de estos equipos en la Registraduría Distrital y en algunas locales. Por el momento, ya está funcionando en la Registraduría Nacional.

"Hay todo un caos alrededor de este proceso, pues abunda la desinformación, tanto de los ciudadanos como de las entidades públicas y privadas, que se niegan a recibir este documento", señala Antonio Vargas, Jefe de Archivo de la Registraduría Distrital, y quien admite que a diario tienen que devolver a la mitad de los capitalinos que llegan a hacer trámites que nada tienen que ver con el proceso de cedulación.

Es el caso de Claudia Marcela García Sánchez, de 18 años, quién no pudo abrir una cuenta de ahorros en el Banco de Bogotá por no contar con la certificación correspondiente que le exigió la entidad financiera.

"No sé que voy hacer, porque si no abro esa cuenta, que es para la nómina, no puedo entrar a trabajar", dice bastante preocupada, tras señalar que el banco le pide un certificado de vigencia para el Comprobante de documento en trámite que le entregó la Registraduría el año pasado, recién cumplió la mayoría de edad y que le aseguraron sería reemplazado por la cédula en los siguientes tres meses. Han pasado ya seis meses y no ha recibido, ni certificación, ni cédula.

Lo grave es que para todos los que reciben la contraseña por primera vez -esto es cuando cumplen los 18 años- o que deben hacer alguna rectificación a los datos de su documento no hay ni ninguna posibilidad de que la Registraduría les certifique ni la vigencia ni la validez de esa contraseña.

"Las contraseñas de primera vez y las rectificaciones, no se deben certificar por razones de seguridad; si se tiene en cuenta que las Registradurías no tienen los archivos para hacer la validación y el cotejo correspondiente, lo que técnicamente se puede hacer sólo en las oficinas centrales", asegura la carta circular No. 076 de la Registraduría Nacional y que firma Álvaro Nanem Vargas, Registrador Delegado para el Registro Civil y la Identificación.

Sin embargo, a pesar que el oficio autoriza a las oficinas centrales, como la Registraduría Distrital, Antonio Vargas asegura que ellos tienen prohibido realizar este tipo de procesos, porque en muchos casos las personas se registran en las localidades y los documentos necesarios para hacer este cotejo, tardan hasta dos meses en llegar a la central.

"Hemos tenido casos en los cuáles, jóvenes de 18 años que están próximas a tener bebé, no son atendidas por el Sisben porque técnicamente no tienen documento", asegura.

Ahora, si el caso tiene que ver con la pérdida de un documento, así la cédula este próxima a llegar, se genera un cobro de 30 mil pesos para poder reclamar un documento que inicialmente era gratuito.


Certificado que no sirve

para quienes tienen la suerte de recibir la certificación por parte de la Registraduría, encuentran una serie de trabas en distintas entidades del país que no aceptan el "Comprobante de Documento en Trámite" como instrumento de identificación y exigen un Certificado de Vigencia de la Registraduría. Este documento tampoco se expide.

"Con las entidades estatales hemos corrido con suerte, pero por ejemplo en los bancos, no reciben este documento cuando claramente se ha explicado de la validez del mismo. En muchos casos les permiten abrir las cuentas pero luego no pueden retirar el dinero y ellos no entienden que nosotros no podemos sacar esa certificación es como hacer un comprobante de la misma cédula", explicó Vargas.

El Seguro Social tampoco admite la presentación de este comprobante como identificación personal. "Estoy haciendo el trámite de mi pensión, presenté la contraseña, pero como es necesario rectificarle una parte del nombre y la Registraduría no hace eso, pues entonces me vararon todo el proceso y me obligaron a venir acá", dice Héctor Darío Gómez, un hombre de 72 años que aún no entiende por qué, si tiene el documento en su mano, no le permiten avanzar en su solicitud de pensión.

Caso que se contradice con la ley 962 de 2005 que asegura que "las autoridades no podrán exigir certificaciones, conceptos o constancias diferentes al "Comprobante de Documento en Trámite".

El problema es que las entidades privadas no están obligadas a atender la ley porque hasta el momento no hay una norma que reglamente algún tipo de sanción para las organizaciones que desacaten la orden.

Es más, la mayoría de reglamentaciones se hacen a través de circulares que el público generalmente no conoce. "Por ejemplo, un joven que salga a los 14 años de Colombia y vuelva después de los 23, recibe una sanción por no haber realizado el trámite en el exterior y no puede volver a salir del país. Eso la gente no lo sabe", comentó Vargas.

Y es que las confusiones que se generan en las entidades que no atienden a la validez de dicho documento, se ven sustentadas también en la enorme diferencia que existe entre el "papel verde" y la contraseña anterior. El nuevo comprobante, que hace parte del proceso de renovación y que es elaborado por la empresa francesa SAGEM, es un documento hecho en papel convencional y diligenciado a mano, muy diferente a las contraseñas comúnmente conocidas.

Al respeto Elespectador.com intentó hablar con los Registradores Distritales, pero por encontrarse en Comisión fuera de la ciudad no fue posible contactarlos.

Por Alejandra Rodríguez

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