Según el órgano de control, también será investigada la Subsecretaria de Servicios de esa entidad, Galia Dobreva, porque el contrato que se adjudicó - por más de cinco mil millones de pesos a la firma Servicios Integrales para la Movilidad (SIM)- se hizo sin llevar a cabo ningún concurso.

"De acuerdo con la Dirección de Investigaciones Especiales de la Personería, sin ningún estudio previo, ni económico ni técnico y menos un diagnóstico del mercado para determinar los costos del servicio, fue suscrita una adición al contrato existente con la firma SIM en julio de 2008. La Secretaría tampoco estableció con anticipación la capacidad técnica y operativa del contratista y sus servidores para la ejecución del censo y control de taxis en la ciudad", explica la misiva de la Personería.

Y agrega: "la adición al contrato con SIM no tiene nada que ver con el objeto de la concesión inicial. Uno es para un censo de taxis y el suministro de dispositivos para su control; y el otro es para realizar el registro distrital de automóviles, conductores y tarjetas de operación".

Según la Personería, es necesario investigar la razón por la que no realizó el concurso para buscar la mejor oferta, como sucede en cualquier compra o servicio que deba adquirir el Estado. El censo de taxis es un proceso que se inició hace un mes, y que busca instalar un chip en cada vehículo, donde se almacene la información básica del taxi, con el fin de evitar fenómenos como el 'gemeleo' (dos carros registrados con el mismo cupo).

El pasado mes se había anunciado que se abriría investigación en contra del Secretario de Movilidad, Luis Bernardo Villegas, por algunas anomalías detectadas en el billonario proceso licitatorio de concesión para la detención electrónica de infracciones de tránsito.

La contratación vulneraba las normas y podría afectar el patrimonio de Bogotá al dejar amarrado al Distrito durante doce años a una concesión que más parecía un contrato de prestación de servicios.