La cabildante recordó como con la Ley Zanahoria del ex alcalde Antanas Mockus, la violencia tuvo una reducción sustancial. Es así como las tasas de homicidio bajaron en 40%; se disminuyeron los homicidios en accidentes de tránsito en 75%; y de igual forma, se redujeron las lesiones personales en 23%. Entre 1995 y 1997, con desarme, ley zanahoria y buena cooperación de la ciudadanía y de la Policía, en Bogotá se lograron salvar 3 y media vidas cada día.
Hoy en día, y de acuerdo con el Instituto Nacional de Medicina Legal, la cifras de muertes violentas en Bogotá, se incrementaron en un 3.1% durante el año 2008, es decir se pasaron de 1.414 casos registrados en el 2007 a 1459 en el 2008, se registraron 45 homicidios más.
“Si bien el regreso de la Ley Zanahoria puede generar muchas controversias y considerarse impopular, en el fondo es más importante salvar las vidas de nuestros jóvenes. Me pregunto, si tenía que morir Juan Pablo Arenas, en la Zona Rosa para que el gobierno distrital se pusiera las pilas en materia de seguridad en Bogotá, cuando cada fin de semana veíamos en la plazoleta del supermercado Carulla,- paradójicamente frente a un CAI móvil -, a cientos de niños totalmente embriagados” dijo Benedetti.
Es tan caótica la situación que en un recorrido realizado el pasado viernes 16 de enero, después de las 11 de la noche, en las localidades de Engativa y Kennedy, se encontró a muchos jóvenes ingiriendo licor en las zonas donde no se aplica la medida, poniendo incluso en peligro su vida.
“Fue el caso de una menor de edad que por estar totalmente embriagada, al intentar cruzar una calle, casi es arrollada por un vehículo, y después ingresa a otro establecimiento para seguir con la rumba, sin que hubiera presencia de las autoridades”, anotó la cabildante liberal.
“Las medidas tomadas por el gobierno distrital para controlar la venta de licor, son medidas coyunturales, que no están insertas en la generación de una política de seguridad seria e integral para la ciudad, sino que solamente busca apagar incendios. Por eso se hace necesario adoptar acciones fuertes y de largo alcance y uno de ellas es regresar a la Ley Zanahoria de manera inmediata e indefinida, así como la continuación en la restricción de venta de licores y el toque de queda para los menores en toda la ciudad.”, señaló la concejala liberal Ángela Benedetti, citante del debate sobre medidas de seguridad en bares realizado hoy en el Concejo Distrital.
Según estadísticas de la Policía Metropolitana de Bogotá, en 1994 había 72 homicidios por cada 100.000 habitantes y en 1997, 50. En 1998 la ley zanahoria y el control a los conductores embriagados salvó 1.114 vidas en Bogotá. Según el Observatorio de Cultura Urbana la ley zanahoria y el desarme redujeron en un 12% las muertes en la capital.
Adicionalmente, Benedetti calificó como negligente el desempeño de la Alcaldesa Local de Chapinero, pues casi nueve meses después de que el Consejo de Estado ordenara tomar medidas respecto de los bares y discotecas ilegales aledaños a la Zona Rosa, la situación sigue igual. “De los 33 establecimientos a los cuales se impuso medida de cierre definitivo, actualmente 22 se encuentra abiertos y funcionando normalmente, tal como se pudo comprobar en un recorrido realizado por mi equipo de trabajo el pasado viernes 16 de enero de 2009”.
Así mismo, la concejala liberal le envío una carta a la Directora Nacional del Bienestar Familiar, Elvira Forero, solicitándole para que de la misma manera que sancionó a los padres que permitieron el uso de pólvora a sus hijos menores de edad en las pasadas festividades de fin de año, se dé estricto cumplimiento a lo establecido en la Ley de Infancia y Adolescencia y se apliquen las fuertes sanciones a los padres de los menores que sean encontrados en bares y discotecas de la ciudad, o consumiendo licor en los espacios públicos.
“El Código de Infancia y Adolescencia contempla sanciones para los padres o responsables de los niños que incumplan con sus obligaciones de cuidado. Estas sanciones van desde la asistencia de los padres a un curso pedagógico sobre los derechos de la niñez, hasta la imposición de multas entre 1 y 100 salarios mínimos diarios legales vigentes, y eso debe cumplirse con los padres de los jóvenes que se embriaguen”, dijo la concejala liberal.
Adicionalmente le solicita a las autoridades distritales que den estricta aplicación a lo establecido en el artículo 5º del Decreto Distrital 587 de 2007, que establece que “los establecimientos de comercio que vendan bebidas alcohólicas o permitan el ingreso de menores (niñas, niños y jóvenes) (…) serán multados con el equivalente a 300 salarios mínimos legales diarios vigentes, en cabeza del propietario del establecimiento o del responsable de la explotación del lugar.
Es decir el gobierno distrital tiene la facultad de cobrar cuatro millones novecientos sesenta y nueve mil pesos ($4’979.000) a cada establecimiento de comercio que permita el ingreso de menores de edad.
“Esperemos que no tengan que morir más Juan Pablos para que el gobierno del Alcalde Samuel Moreno, empiece a pensar en serio el problema de la seguridad en Bogotá”, puntualizó Benedetti.