La dirección de investigaciones especiales de la Personería de Bogotá formuló cargos contra Nidia Yolanda Manosalva Cely y Marisol Méndez Cortez, sub directora administrativa y tesorera, respectivamente, de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, por su presunta responsabilidad en la pérdida de más 643 millones de pesos de erario público.

De acuerdo con la investigación, durante los días del 15 al 17 de noviembre del 2008 (no hábiles) se hicieron transacciones bancarias vía internet, a través del  portal empresarial del banco Davivienda por 643 millones de pesos y 21 millones de pesos del banco Bancolombia.

El martes 18 noviembre de 2008 (día hábil siguiente al puente festivo) el auxiliar administrativo, Wiellesly Cortés, informó hacia la 8:40 am a la tesorera Marisol Méndez, de una llamada efectuada por Bancolombia, en la cual solicitaban la confirmación de unas transacciones bancarias  que se realizaron el domingo 16 de noviembre.

Luego, los funcionarios verificaron los estados de cuenta a Davivienda. Les informaron que se habían presentado varios movimientos durante el lunes festivo de 17 noviembre.

Según la dirección de la Fundación, la persona de responsable en las transacciones electrónicas en la entidad es Marisol Méndez única autorizada para realizarlas y, eventualmente, la subdirectora administrativa Manosalva Cely, quien también cuenta con las claves de Davivienda. Un ejecutivo de cuenta de este último banco afirmó que solamente el administrador autorizado pudo haber realizado las transacciones, toda vez que para ello es necesario el uso de la clave personal y la que le asigna el programa cada 60 segundos.

“Davivienda tiene la certeza al afirmar que las mencionadas personas realizaron la transacciones descritas, toda vez que obran en nuestro poder ‘log transaccionales’ es decir los registros de las mismas, que demuestran el equipo y clave utilizadas para su realización”, indica una de las pruebas recogidas en el proceso que se sigue contra las funcionarias de la Fundación, entidad adscrita a la Secretaría de Cultura.

Ante los hechos  y las pruebas, la Personería inició un proceso disciplinario verbal contra las funcionarias por incumplir, presuntamente, el deber de vigilar y salvaguarda los bienes y valores que le ha sido encomendado.

La conducta de la subdirectora y tesorera fue calificada como grave por Héctor Ferrer, director de Investigaciones de la Personería, porque al parecer omitieron de manera negligente su obligación de extremar la custodia de los elementos e información que permitían el acceso y movimiento de los depósitos bancarios de la Fundación.

El próximo 31 marzo, las dos funcionarias, en una audiencia pública en la Personería, deberán presentar sus descargos dentro del proceso que se les sigue.