María Cecilia Jaimes, fiscal delegada del caso que se adelanta por la desaparición y muerte de 11 jóvenes de Soacha, se amparó el martes en un minucioso análisis documental que le permite concluir que desde 2006 se creó toda una red dedicada a ‘coleccionar’ cuerpos para presentarlos como guerrilleros abatidos.
En ella habrían participado 19 militares del Batallón General Santander, en cabeza del coronel (r) Álvaro Diego Tamayo (destituido en la purga hecha el año pasado por ejecuciones extrajudiciales), quienes están vinculados con la muerte de Julián Oviedo Monroy, un joven de 19 años que desapareció de su casa en ese municipio cundinamarqués el 3 de marzo de 2008 cuando, según su madre, salió a buscar empleo.
La víctima resultó después en una lista de guerrilleros ‘dados de baja’ con el rótulo de ‘narcoterrorista’ de las Farc, supuestamente en un combate en el cual las fuerzas militares desplegaron un operativo en el que se reportó el uso de 550 cartuchos y dos granadas para atacar a dos personas.
“Yo me pregunto, señor juez (…) ¿por qué no los capturaron?”, cuestionó la fiscal. La Fiscalía además señaló que “incluso algunos informes tenían fechas futuras, como si ellos supieran lo que iba a pasar, como si pudieran ver el futuro”, agregó.
Los documentos señalan que la muerte de los dos jóvenes se presentó como una operación denominada ‘Fénix’, realizada entre el 23 de febrero y el 1 de marzo de 2008, para la cual los uniformados reportaron que estaban tras la pista de dos terroristas peligrosos que delinquían cerca de Ocaña y justificaron su respuesta señalando que fueron víctimas de fuego enemigo. Sin embargo, el reporte señala que los enemigos sólo utilizaron 11 balas, frente a los 550 cartuchos empleados por el Ejército.
Por la muerte de este joven de Soacha, la Fiscalía les imputó a los uniformados los delitos de concierto para delinquir agravado, desaparición forzada, homicidio agravado y falsedad ideológica en documento público, por lo cual solicitó medida de aseguramiento. Al cierre de esta edición, la audiencia aún no había finalizado. Se esperaba que el juez ordenara el traslado de los sindicados a una guarnición militar.