El Consejo de Estado declaró la legalidad de la multa impuesta en contra de Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB) a través de las Resoluciones 4888 del 9 de julio de 2001, 3634 del 20 de marzo de 2002 y 1827 del 30 de abril de 2003, expedidas por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, que impusieron una sanción por valor de 167'310.000 de pesos, al considerar que empresa no atendió o atendió extemporáneamente derechos de petición presentados por 200 usuarios.

El informe reportado a la Superintendencia Financiera indica que la ETB había interpuesto un acción de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de tales Resoluciones, pero tanto el Tribunal Administrativo de Cundinamarca como el Consejo de Estado rechazaron los argumentos de defensa esgrimidos por la compañía distrital.

El argumento de la empresa estaba relacionado con la ausencia de culpabilidad, la falta de competencia de la Superintendencia de Servicios Públicos para la imposición de este tipo de multas, la desproporcionalidad de la sanción y la violación al derecho de defensa y al debido proceso.