Se trata de Beatriz Elena Cárdenas Casas, Rigoberto Morales Becerra y Martha Lucía Novoa, quienes se desempeñaron entre el diciembre de 2005 y junio de 2008, en la Dirección de Investigaciones Especiales del ente de control.

Al parecer, los funcionarios no realizaron de manera oportuna las acciones legales ante los incumplimientos de Proactiva, operador del relleno y del contratista del Biogas.

"La propia interventoría explicó que pese a que informó, desde marzo de 2007, los incumplimientos por parte de Proactiva en el tema del manejo de la maquinaria, sólo hasta octubre de 2008 la UAESP tomó cartas en el asunto", asegura el ente de control.

Según la Personería, frente al incumplimiento de la obligación del concesionario de realizar los diseños y obras para la disposición de los residuos, y que fueron reportados en junio de 2008, no hubo al parecer ninguna acción del Distrito. Las obras se terminaron tres meses después.

Por último, frente a la obligación de construcción del Sistema de Extracción del Biogas, la interventoría informó sobre el presunto incumplimiento desde el 23 de mayo de 2007 y sólo hasta el 30 de abril de 2008, la UAESP formuló pliego de cargos al contratista.