Los implicados son el encargado de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado, (EAAB) Oscar García Poveda; Luís Hernán Ulchur Collazos, gerente jurídico; el director de presupuesto, Luís Javier Cleves González y la directora de la Asesoría Legal de la empresa, Olga Lucía Moreno.

"Los funcionarios firmaron una conciliación con un tercero quien a su vez había comprado el pleito para lograr la titularidad completa y definitiva del predio La Aguadora y sus alrededores con una fórmula de arreglo que, al parecer, lesiona los intereses económicos del Distrito y la conservación de zonas de reserva forestal en los cerros orientales de la ciudad", asegura el informe de la Personería.

El predio donde está ubicado el Club ‘La Aguadora' y los túneles que traen agua a la ciudad de las represas de San Rafael y Chingaza, entre otras obras, fue adquirido por el Acueducto en el año 1977 por un millón y medio de pesos (precio de ese entonces). La empresa pagó la mitad, -$750.000- y el resto quedó pendiente para cuando se resolviera una sucesión.

Cuando esta se resolvió años después, el Distrito se dispuso a pagar el dinero restante, pero los dueños se negaron a recibirla aduciendo un precio muy bajo y demandaron ante la justicia civil con el fin de deshacer el negocio con el Acueducto.

"Aunque el Acueducto ganó el pleito y la compra del predio se mantuvo, quedó pendiente conciliar el valor faltante. La Empresa realizó un avalúo al predio que arrojó un valor total de $9.020 millones, por lo tanto, debería entregar al particular la mitad, es decir $4.510 millones, como lo aprobó el Comité de Conciliación de la Empresa", explica el informe del ente de control.

Sin embargo, dentro de la audiencia de conciliación, el Acueducto decidió pagar $5.600 millones, unos $1.100 millones de pesos más y, además, entregarle 14 hectáreas de terreno al tercero con el fin de urbanizarlo.