Así cambiará, otra vez, la contratación de refrigerios escolares en Bogotá

Ante dudas por presunto favorecimiento a un grupo de empresas, Petro había cambiado la licitación por la subasta. Peñalosa vuelve a la primera, pero con otras condiciones. Están en juego la alimentación de 690.000 estudiantes y un presupuesto de $446.000 millones.

Darle refrigerio a un estudiante de un colegio público en Bogotá es, además de una obligación de la Alcaldía, un negocio para las empresas de alimentos. Y la puja por quedarse con los contratos que permiten cumplir con ese deber ha devenido tanto en denuncias de corrupción como en cambios para evitarla. Ayer se conoció el más reciente: modificar, una vez más, el modelo para adquirir y distribuir la comida para 690.000 alumnos, con el fin de fomentar la transparencia.

Primero, un contexto: en 2012, durante el primer año de administración de Gustavo Petro, la Secretaría cambió la forma de contratar los refrigerios escolares y pasó de la licitación a la subasta inversa. El jefe de ese despacho, Óscar Sánchez, argumentaba que este último método (en el que ganan los privados que ofrezcan precios más bajos) era menos manipulable que el primero, y por eso mismo permitiría no sólo ahorrar plata, sino hacer más competitivo el proceso y romper el monopolio que algunas empresas mantenían sobre el suministro de alimentos para los estudiantes.

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El mundo se les vino encima. La Contraloría les exigió mantener la licitación y buena parte del Concejo los señaló de jugar con el bienestar de niños y jóvenes. La interventoría del programa, a cargo de la Universidad Nacional, evidenció incluso una reducción en la cantidad de nutrientes de los alimentos, aunque aclaró que estos se mantenían dentro de los rangos exigidos. La administración siguió adelante.

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En 2015, sin embargo, Sánchez denunció presiones, dentro y fuera de la Secretaría, contra los funcionarios encargados de una nueva subasta. Además de que algunas empresas estarían haciendo acuerdos para evitar la competencia y quedarse con los contratos, como lo venían haciendo desde años anteriores. Se anunciaron investigaciones, el escándalo se diluyó y, una vez más, se firmaron los contratos.

En ese último año del gobierno Petro quedaron, finalmente, dos cosas claras: el Distrito se ahorró unos $7.400 millones con el nuevo método, pero los contratistas siguieron siendo esencialmente los mismos.

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Desde entonces se han buscado mejores fórmulas, hasta que ayer se dio a conocer un acuerdo entre el Distrito y Colombia Compra Eficiente, agencia de la Nación que busca optimizar las compras públicas. Éste define nuevas condiciones para comprar los alimentos, pues se identificó que las establecidas anteriormente, por ejemplo sobre las características de algunos productos, afectaban la competencia.

También se determinó retornar a la licitación, para evitar que, como en la subasta, los precios bajos tengan tanta preponderancia a la hora de escoger a los ganadores. De hecho, se abrieron dos licitaciones: una para contratar a los encargados de producir los alimentos y otra para escoger a quienes los almacenarán y distribuirán en los colegios. “Buscamos incrementar la participación de más productores especializados”, precisa María Margarita Zuleta, directora de Colombia Compra Eficiente.

Los contratos, que serán por un año y cuatro meses, suman $446.000 millones y serán adjudicados a finales de febrero, cuando se sabrá si los ganadores van a seguir siendo los mismos.