Cundinamarca quiere ser el primer departamento del país en vivir el posconflicto. Para lograr esta ambiciosa meta, la región tiene a su favor el hecho de que es el primer territorio del país sin presencia de bacrim, Farc o Eln, según el gobernador encargado, Guillermo Rivera. Este panorama permite que la administración pueda concentrar todo el pie de fuerza y los recursos de seguridad en disminuir los indicadores de homicidios, microtráfico, desarme de la población civil y aumento de la dotación de herramientas tecnológicas.
Para lograrlo, la inversión en seguridad ha crecido en los últimos cuatro años (2012-2015), tiempo en el que la Gobernación ha invertido casi $51.000 millones en fortalecer la Fuerza Pública con vehículos, equipos e infraestructura. La idea es que esta dinámica se mantenga, para mejorar los indicadores. A 20 días del cambio de administración departamental, El Espectador hace un balance de algunos indicadores alrededor de la seguridad, para mostrar en qué se avanzó y qué falta por hacer.
Homicidios
Cifras del Observatorio de la Seguridad en Cundinamarca (OSC) muestran que, luego de que los homicidios aumentaron de forma consecutiva en 2011, 2012 y 2013, la tasa disminuyó el año pasado. Al comparar las cifras de 2013 y 2014 se encuentra una reducción del 4,7 %, al pasar de 448 asesinatos a 427. En este mismo informe, Soacha se presenta como un punto crítico , ya que durante el 2014, el 48 % de los homicidios, es decir, 206 de los 427 que se registraron en el departamento, ocurrieron en ese municipio.
El coronel Carlos Rojas, comandante de la Policía de Soacha, afirma que para disminuir esa cifra de homicidios, el comando implementó varias iniciativas, entre ellas, el toque de queda para menores de edad y un programa de intermediación policial para riñas domésticas.
Desarme de la población civil
Para cumplir la meta de reducción de los homicidios, es clave desarmar a la población civil, ya que las cifras OSC muestran que el 60 % de los asesinatos se cometieron con armas de fuego. Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), afirma que como el departamento ya no sufre violencia política o relacionada con el conflicto, el desafío es lograr la seguridad ciudadana. Para él, Cundinamarca es “la constatación de que la criminalidad no está ligada con el conflicto, sino con el crimen organizado”. Añade que es vital aumentar las jornadas de desarme y los controles rutinarios.
Infraestructura y tecnología
Aumentar la infraestructura y las herramientas tecnológicas de los municipios fue la meta de esta administración. Funza es uno de los primeros beneficiados. Según su alcalde, Enrique Machuca, el municipio vive un aumento del crimen común por su cercanía a Bogotá. Por eso, con una inversión superior a los $1.500 millones instalaron un nuevo sistema de monitoreo de televisión y 39 cámaras de vigilancia para el cuerpo policial del municipio. Las cámaras están conectadas con el Centro de Enlace Operacional, estación de policía especializada en la videovigilancia.
Esto se hizo en conjunto con el Ministerio del Interior y su programa “Vive Seguro, Vive en Paz”. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, aseguró que el próximo año aumentaría el “número de cámaras en los municipios del departamento, para contrarrestar la criminalidad”. Esto, según explica Cristo, ayudaría a judicializar de forma más efectiva a los que cometan delitos.
Para el alcalde de Funza, una de las metas más importantes a futuro es lograr que el centro de enlace tenga su propia línea de emergencia y ampliar el proyecto a otros municipios. “Por medio de grabaciones hemos capturado tres bandas de microtráfico. Comprobamos su eficiencia y por eso hay que ampliar el proyecto”.
Además de Funza, otros doce municipios han mejorado la dotación de sus estaciones de policía. Con una inversión de $1.500 millones, Susa, Pandi, San Juan de Rioseco, Chocontá, Nimaima, Cota, Bojacá, Arbeláez, Sopó, Chía, Tabio y Zipaquirá mejoraron su tecnología y seguridad tanto física como cibernética. Este año también se construyeron y mejoraron las instalaciones de la policía en los municipios de Quipile, Cota, San Juan de Rioseco, Soacha, Chía, Tabio, Arbeláez, Fúquene, Puerto Salgar, Madrid y Guaymaral, operación que costó más de $2.000 millones.
Hurto
Este es un punto al que la siguiente administración tendrá que prestar especial atención, ya que, a pesar de las cuantiosas inversiones en seguridad, los indicadores de robos aumentan. Según OSC, entre 2013 y 2014 el hurto a personas creció 5 %, mientras que los robos a residencias y el comercio aumentaron 17 % y 3 %, respectivamente. Otras modalidades de robo, como la piratería de buses y medios de transporte terrestre, aumentaron 270 %.
El creciente problema de robos tiene una explicación sencilla, según Restrepo, director del Cerac: “No es un problema de policía, sino de fiscalía”. Para disminuir la cantidad de robos y mejorar la seguridad del departamento, opina Restrepo, la próxima administración debería promover que se fortalezca la justicia; articular a Cundinamarca y Bogotá en materia de seguridad y aprender a diferenciar las necesidades de la población rural de la urbana, para entrenar policía para cada uno de los escenarios. “Cundinamarca no puede hablar de posconflicto mientras el país siga en conflicto. La violencia es un problema latente que no se puede descuidar”, concluyó el director del Cerac.