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Algo no cuadra en las cifras sobre recicladores y material aprovechado en Bogotá. “Sigue creciendo el número de recicladores (…) pero al mismo tiempo se observa que continúa creciendo el número de toneladas dispuestas en el Relleno Sanitario Doña Juana”, dice la Procuraduría en su más reciente informe de seguimiento a la inclusión de esa población vulnerable en el sistema de aseo de la ciudad.
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En Bogotá, con corte a mayo pasado, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) tenía registrados 21.951 recicladores. En 2012, un censo de la Universidad Distrital contó 13.771. Es decir, en cuatro años esa población ha crecido 59%. Un promedio de 2.045 al año. Aquí, concluye el organismo de control, trabajan 6 de cada 10 recicladores del país.
Sin embargo, a Doña Juana llegan, en promedio, 6.300 toneladas diarias de residuos, una cantidad que, de acuerdo con la Procuraduría, no se ha visto disminuida con el mismo ritmo que ha crecido el número de recicladores, algo que debería ser lógico, pues son estas personas las encargadas de aprovechar material que generalmente se bota como basura.
Por eso el ente de control pide depurar la información. Patricia Cárdenas, directora de la UAESP, manifestó en abril durante un debate en el Concejo sus dudas por el sistema de pesaje establecido desde la anterior administración, algo que la Contraloría advirtió desde mayo de 2015. Desde marzo de 2013 la Alcaldía les ha pagado a los recicladores $80.000 millones, pero es muy probable que la Alcaldía haya pagando más de lo que debería.
“Hicimos una auditoría hace unos días”, dijo, “y encontramos que hay un 20 % de recicladores que van a pesar el mismo material a varias bodegas. También hallamos recicladores inscritos en las bases de datos de la Uaesp que no tienen condición de vulnerabilidad. Por ejemplo, profesores del magisterio, candidatos a ediles, celadores vinculados a empresas de seguridad”.
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La Procuraduría también llama la atención sobre otros puntos. Por ejemplo, la UAESP se había comprometido a que por tardar en septiembre presentaría ante la Corte Constitucional (corporación que ha protegido los derechos de los recicladores) el nuevo Plan de Inclusión para esa población, acoplado al nuevo Plan de Desarrollo de la administración de Enrique Peñalosa. Sin embargo, no lo hizo y se mantiene vigente el que dejó el gobierno de Gustavo Petro.
Agrega el informe que “nuevamente se presentan inconsistencias en el reporte de toneladas aprovechadas por parte de la UAESP, cuando se cotejan los datos consignados en el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos y lo contenido en el informe de la UAESP correspondiente al primer trimestre del año en curso”.
También le preocupa a la Procuraduría “el bajo nivel de asociatividad de los recicladores”. Sin embargo, aunque es algo en lo que puede contribuir el Distrito, es bien sabido que muchos de ellos, por diversas razones, no quieren asociarse. Tan solo 6.935 pertenecían a alguna asociación en mayo.
El reporte de la Procuraduría es el más reciente de los que envía cada trimestre a la Corte Constitucional con el fin de hacerle seguimiento al Auto 275 de 2011, que le ordenó a la Alcaldía, por medio de la UAESP, formalizar y regularizar el trabajo de los recicladores de Bogotá mediante un plan con metas claras.
La Alcaldía de Gustavo Petro (2012-2015) se metió en eso y fue reconocida por la Corte a pesar de las deudas que aún mantenía el Distrito con esos trabajadores. El gobierno de Enrique Peñalosa, por su parte, echó a andar el pasado 11 de noviembre un Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, que tiene vigencia de 12 años y con el que pretende cumplir con ese mandato.