A raíz del actual proceso que adelanta la Fiscalía General de la Nación, donde alcaldesas locales investigadas van a ser objeto de imputación de cargos, el secretario de Gobierno (e), José Cuesta Novoa, solicitó al órgano investigador otorgarles garantías democráticas suficientes y el debido proceso.
“Esta administración, como ninguna otra, tiene todas las garantías para luchar contra la corrupción. Recordemos que la persona que destapó realmente el ‘carrusel de la contratación’ fue el alcalde Petro” dijo.
Cuesta Novoa ratificó el respaldo de la administración distrital a estas alcaldesas locales y a su labor, quienes, añadió, son funcionarias diligentes y capacitadas, según lo dijo el mismo alcalde Petro.
“Son bienvenidas todas las investigaciones de los diversos organismos de control, incluyendo el ente de investigación penal, pero es necesario que se preserve el debido proceso y la defensa de todos los funcionarios públicos honestos”, agregó.
El secretario (e) señaló que Bogotá maneja dos modelos de convenios: los Interadministrativos, que son los que tienen cifras de recursos de inversión grandes, y los de Asociación, que manejan cifras de dinero inferior a los setenta millones de pesos. Sin embargo, aclaró que, en ambos casos, estos dos tipos de contratos tienen fundamento constitucional.
Legalmente, dijo Cuesta, los convenios de asociación se rigen por el artículo 355 de la Constitución Nacional, y por el decreto 777 de 1992, por el cual se reglamenta la celebración de los contratos a que se refiere en inciso segundo del mismo artículo.
Teniendo en cuenta esta explicación, el funcionario aseguró que este fue uno de los tres factores que generó la imputación de cargos a la alcaldesa local de Usaquén, Julieta Naranjo, quien tuvo que firmar un convenio con Asojuntas pero que por fortuna, estaba suficientemente blindado desde el punto de vista jurídico. “De no haberlo hecho así, como lo establece la ley 743 de 2002, le hubiera generado problemas de carácter legal a la funcionaria”, dijo
Para el caso del convenio de asociación de esta localidad, su objeto fue desarrollar el programa de ‘formación de formadores’ que consiste en llevar a cabo una estrategia pedagógica determinada por el Ministerio del Interior, que dice: “deben ser contratados mediante convenios de asociación con los organismos comunales superiores”, dijo el directivo.
Cuesta Novoa recordó que luego del debate llevado a cabo en el Concejo Distrital, en agosto del 2014, el alcalde Gustavo Petro expidió una Directiva solicitando a las alcaldías locales que a partir de ese debate se debía garantizar un proceso previo de cualificación y depuración de la información en relación con contratos suscritos con organizaciones no gubernamentales y ese tipo de convenios de asociación.
El directivo dijo: “no está prohibido, desde el punto de vista legal que una organización presente sus propuestas en distintas alcaldías locales, entre otras cosas porque se hace mediante procesos licitatorios o convocatorias públicas, así que mientras cumplan con todos los requisitos definidos por la ley la administración distrital no puede impedir que esas entidades se presenten a esas convocatorias abiertas ".
El secretario (e) insistió en que la Constitución Nacional y la ley no impiden a organizaciones sociales no gubernamentales presentarse a ese tipo de convocatorias o licitaciones siempre y cuando cumplan con todas las normas financieras, administrativas y jurídicas.
El pasado fin de semana la alcaldesa encargada de la Alcaldía Mayor de Bogotá, Martha Lucía Zamora, señaló que en manos de las autoridades quedarán las investigaciones por presuntas irregularidades en el otorgamiento de contratos por parte de las alcaldías locales.
"Esas investigaciones quedan en manos de los jueces y la Fiscalía determinar si se ha cometido alguna irregularidad, no somos quienes podemos determinar si se ha cometido algún delito y estaremos atentos a las decisiones que allí se tomen", dijo la alcaldesa encargada.
Zamora desestimó las versiones que señalan que el 50 por ciento de las contrataciones en las alcaldías locales se hizo a dedo. "Yo no lo creo así, yo creo que en esto se está haciendo un análisis muy ligero por eso es muy importante que sea la Fiscalía, que sean los jueces, los que en ese ejercicio de defensa puedan demostrar si realmente los alcaldes están implicados en esto", señaló.
Un informe de la Contraloría de Bogotá revela que entre el 2012 y el 2015 las alcaldías locales contrataron 2.558 convenios por más de 398.000 millones de pesos con esas fundaciones. Por ejemplo, la localidad de Bosa entre el 2014 y junio del 2015 comprometió más de 35.000 millones de recursos con 160 convenios; Rafael Uribe Uribe más de 24.000 millones de recursos con 132 contratos; y Ciudad Bolívar comprometió más de 20.000 millones de recursos con 105 convenios.