'En Bogotá hay dos autoridades tarifarias de aseo'

César González, superintendente de Servicios Públicos. / El Espectador

Al realizar un análisis del nuevo esquema de recolección de basuras en Bogotá, después de tres meses de implementarse, surgen varias conclusiones. Primero, los bogotanos no saben cuánto se les cobrará por el servicio de aseo este año, proceso que deja varios interrogantes sobre el papel de la empresa de Acueducto, y que al parecer lo subcontrataría con el Centro Único de Procesamiento de la Información Comercial del Servicio de Aseo (Cupic).

Segundo, un servicio que antes era manejado por cuatro contratistas, hoy lo hacen dos: Ciudad Limpia, una empresa privada, y el Acueducto de Bogotá, empresa que debe responder por las acciones de cuatro operadores, tres de ellos privados y otro de tipo mixto.

La tercera conclusión es que, debido a los contratos que la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos firmó con los cuatro operadores que venían prestando el servicio de aseo en la capital del país, no se entiende cómo y por qué, el Distrito terminó negociando exclusivamente con Ciudad Limpia un contrato que le otorga la facultad a esta compañía para establecer un marco tarifario en la zona seis donde actualmente opera. Con lo anterior, se podría suponer que la teoría del alcalde Petro de que es el Distrito la entidad que tiene el control sobre el multimillonario negocio de la basura, está en veremos.

Por otra parte, los vehículos compactadores usados y alquilados por Aguas de Bogotá, que este diario denunció que en Estados Unidos eran subastados en páginas web como vehículos dañados y accidentados, no cumplen con las normas sanitarias y dejan caer a su paso material sólido y líquido en las carreteras capitalinas, por lo cual la Superintendencia de Servicios Públicos tiene en curso una investigación que podría arrojar sanciones incluso económicas que no las pagará Aguas de Bogotá, que es la empresa que hizo ese contrato, sino el Acueducto por ser la empresa que subcontrató a la primera y además por ser vigilada por la Superintendencia.

Y no siendo poco lo anterior, el nuevo esquema de aseo implementado por el alcalde Gustavo Petro es irregular, en la medida en que ni los ciudadanos ni la Superintendencia de Servicios Públicos saben el costo de la tarifa que se cobrará este año. De acuerdo con César González, superintendente de Servicios Públicos, lo que ha hecho la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) es replicar el costo de la tarifa que venía aplicándose en 2012. Para González, los contratos que firmaron los cuatro operadores privados de aseo, Aseo Capital, Atesa, Ciudad Limpia y Lime, con la Unidad Administradora de Servicios Públicos (UAESP), están fuera de lo permitido en la ley de servicios públicos.

González afirma que en esos acuerdos se estableció, para cada uno de los contratistas, un monto fijo de remuneración, sin tener en cuenta a cuánto ascienden los costos de operación de éstos y cuál es el valor de la tarifa que se cobrará. González explica que el valor de esos contratos puede superar la suma recaudada vía tarifa o también pueden resultar menores a lo que le ingresa al Distrito por el servicio de aseo.

En entrevista con El Espectador, González también hace referencia al pliego de cargos por los cuales la Superintendencia investiga a la empresa de Acueducto de Bogotá en lo relacionada con la calidad de agua que suministra.

¿Cuál es el análisis que hace usted del nuevo esquema de aseo en Bogotá?

El servicio público de aseo en la capital es un enredo. A la luz de la ley de servicios públicos, es un esquema irregular.

¿Por qué?

Porque no se conoce el valor de la tarifa para este año, lo que ha hecho la Empresa de Acueducto y Alcantarillado es replicar el valor del año pasado. Ese es uno de los problemas, pero hay otros: se deben revisar los contratos que la UAESP firmó con las empresas Aseo Capital, Atesa, Ciudad Limpia y Lime, igualmente lo que hizo la empresa de Acueducto con Aguas de Bogotá, pues en esos contratos se estableció un monto fijo de remuneración, siendo que no hay un valor de tarifa.

¿Y cuáles serían las consecuencias de la firma de estos contratos?

Como no se sabe el valor de la tarifa, se desconoce cuánto va a facturar y a recaudar el Distrito por el servicio, la ciudad puede terminar pagando de más a esos subcontratistas. También puede ocurrir que a estos contratistas no se les esté pagando lo justo por prestar el servicio. Es que no se pueden establecer montos fijos cuando no se tiene ni idea cuánto dinero se va a cobrar y cuánto se va a recaudar. Todo lo que se ha hecho hasta ahora es ilegal. Ese valor de remuneración debe contemplar el costo de la operación y por supuesto, una ganancia para los operadores que se ajuste a las cifras reales del servicio.

¿Y qué dice la UAESP?

La UAESP no es autoridad tarifaria para Bogotá. Ni el decreto 564 de 2012, expedido por el alcalde en diciembre, ni la declaración de urgencia manifiesta, permiten u otorgan la facultad a la Unidad para establecer un marco tarifario, aunque así lo haya pactado esa entidad contractualmente, según lo establecido por dos resoluciones de la CRA. El caso es que en Bogotá hay dos autoridades tarifarias: el Acueducto de Bogotá y la empresa Ciudad Limpia.

¿Ciudad Limpia? ¿Acaso esta empresa no es un subcontratista de la UAESP?

Sí, Ciudad Limpia. Se deben aclarar varias cosas. Primero, las empresas Aguas de Bogotá, el consorcio Aseo Capital, Limpieza Metropolitana (Lime) y Aseo Técnico de la Sabana (Atesa) son operadores dentro del esquema del servicio pero bajo la cabeza de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. ¿Por qué? Porque la UAESP, a través de un convenio interadministrativo que firmó con el Acueducto, le otorga la titularidad del servicio, las facultades de gestión y operación del mismo, así tres de los cuatro contratistas anteriormente nombrados hayan firmado con la UAESP.

Por otra parte, la Superintendencia comparó los contratos que la UAESP firmó con Aseo Capital, Lime, Atesa y Ciudad Limpia. Lo que vemos es que el contrato con Ciudad Limpia es sustancialmente diferente que el resto, ya que prepondera la autonomía que tiene esa empresa en la prestación del servicio en especial, en la totalidad de las actividades operativas y administrativas que lo componen, aspectos que no son incluidos en el resto de los contratos.

¿Entonces quién debe fijar el valor de la tarifa?

Tanto el Acueducto como Ciudad Limpia deben remitir la información sobre las tarifas que se le están cobrando a los usuarios para que la Superintendencia establezca si se está respetando o no la metodología tarifaria de la CRA.

¿Es decir que el Acueducto es el encargado de responder frente a la Superintendencia los incumplimientos que esos operadores incurran al prestar al servicio?

En este momento hay 273 quejas de usuarios en las zonas que son atendidas por el Acueducto, están en trámite ante el titular del servicio. Esos incumplimientos llegan a la Superintendencia para fallar en segunda instancia, vamos a ver qué pasa. Mientras tanto, la Superintendencia está haciendo las visitas correspondientes a las empresas a cargo de la operación.

Y en Aguas de Bogotá ¿qué ha encontrado?

Hay presuntos incumplimientos en lo relacionado con las actividades de corte de césped y el barrido. También hay una investigación porque este operador está prestando el servicio en volquetas y camiones compactadores que están dejando caer material sólido y líquido. También, hemos exigido al Acueducto que debe retirar los logos de Aguas de Bogotá de los vehículos con los que se está prestando el servicio ya que debe ir es el de la EAAB.

En caso en que la Superintendencia decida que se deben imponer sanciones por las fallas de Aguas de Bogotá ¿quién debe responder?

Las sanciones pueden ser hasta de tipo económico. El responsable es el Acueducto.

Pero la mayoría de problemas en Aguas de Bogotá son económicos: es una empresa quebrada y por tratarse de un negocio nuevo, según fuentes de la misma empresa, están gastando más de lo que les está ingresando…

Como Superintendencia, me interesa que el servicio se preste efectivamente. Aguas de Bogotá es un subcontratista. Es el Acueducto la entidad que debe responder.

¿El Acueducto de Bogotá está suministrando agua no apta para el consumo?

Eso no lo puedo asegurar, dependerá de los resultados de nuestra investigación. Lo que tenemos es lo siguiente: el Acueducto reportó al sistema único de información 10.654 muestras de agua, tomadas en 168 puntos de la ciudad. Y el Acueducto no reportó los resultados de otras 732 muestras que tienen incumplimientos. Éstas no fueron subidas al sistema y corresponden al 7% de las muestras informadas. Es decir que en total serían 11. 387 muestras las que debían figurar como registradas en el sistema. De las 10 mil que sí fueron registradas, 16 tienen incumplimientos y son muestras de agua que no son aptas para el consumo humano. Aunque son sólo 16, la ley dice que no debe existir una solo muestra que tenga incumplimientos.

¿Cuáles serían las consecuencias?

Todo depende de si la Superintendencia confirma que la omisión de esas 732 muestras que no fueron registradas se hizo conscientemente. Si es así, toca poner en manos de las autoridades judiciales esta situación. Hasta el 4 de abril el Acueducto tiene plazo para hacer descargos ante esta Superintendencia.